El gobierno nacional trabaja en la elaboración de un índice que permita darles movilidad a las jubilaciones, tal como vienen reclamando la Corte Suprema de Justicia y distintas organizaciones, pero todavía no termina de decidir qué variables tomará en cuenta para que el parámetro final cumpla razonablemente con las expectativas de los beneficiarios y, a la vez, no saque de caja las previsiones de superávit fiscal, que es una de las columnas de la gestión kirchnerista.

Según pudo saber Página/12, lo que sí pareciera estar presente en todos los escenarios que baraja el titular de la Anses, Claudio Moroni, es que el índice incluirá la inflación y que debe combinarse con otros indicadores, de manera que termine arrojando un número que sea claramente superior al costo de vida que elabora el Indec.

Las distintas posibilidades que estudia el Gobierno por ahora son un secreto difícil de vulnerar. “No queremos generar falsas expectativas, ni generar una polémica sobre algo que aún no está decidido”, explican en la Casa Rosada.

A raíz del ya famoso caso Badaro, con la firma de todos sus integrantes, la Corte había ordenado al Congreso que “en un plazo razonable” apruebe un mecanismo por el cual se ajusten regularmente los haberes de los jubilados. El fundamento es que la movilidad está garantizada por la Constitución.

En la Ley de Presupuesto de 2008 aprobada por el Congreso se le indicaba al Poder Ejecutivo que después de finalizar la etapa de opción de traspaso de las AFJP al sistema de estatal de reparto –que culminó en diciembre– eleve un proyecto de ley referido a la movilidad de las prestaciones previsionales.

Uno de los argumentos del Gobierno por entonces era que antes debían saber cuántos jubilados optaban por el reparto y qué monto significaría para las arcas de Anses. Finalmente abandonaron las AFJP 2.515.320 beneficiarios y el monto total del traspaso de lo aportado fue de 7815 millones de pesos.

Hasta ahora, el Gobierno definía a través del Presupuesto cuánto iban a subir como mínimo los haberes de jubilados y pensionados para cada año, aunque siempre terminó otorgando bastante más del mínimo que se autoimponía que, por supuesto, era cauteloso y por debajo de sus propias expectativas. Por ejemplo, en 2007, la pauta de aumento base fue del 13 por ciento, pero después de dar ese incremento le añadió otro de 12,5.

Entre quienes reclaman un índice fijo de movilidad está el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, que ya demandó al Estado por omisión ante la Cámara de Seguridad Social, al considerar que no está cumpliendo con lo ordenado por la Corte.

Un índice estable de movilidad beneficiará sobre todo a quienes no cobran la jubilación mínima. Después del estancamiento de los haberes en los años anteriores, los aumentos otorgados durante el gobierno de Néstor Kirchner casi siempre apuntaron a las jubilaciones mínimas o fueron incrementos de montos fijos, lo que fue aplastando la escala y sumando a la base de la pirámide previsional a cada vez más jubilados. Recién en 2007 volvieron los aumentos porcentuales.

El congelamiento de la movilidad se produjo a partir de la Ley de Convertibilidad, ya que ésta no admitía la indexación, y eso llevó a la Corte menemista, en 1994, en el llamado caso Chocobar, a establecer que no se podían hacer ajustes en los haberes jubilatorios. Apenas reconoció una suba mínima del 13 por ciento.

Para el Gobierno, la resolución del índice de movilidad por ahora es un rompecabezas, aunque existe la decisión política de establecerlo. Uno de los proyectos en danza y a los que abona un sector de la oposición propone establecer un índice que combine el aumento anual de los sueldos de los trabajadores activos y el de la recaudación de Anses. Si se toman los números de 2007, la aplicación de un índice de ese tipo hubiera implicado un aumento a los jubilados del 29 por ciento. El que dio el Gobierno a lo largo de ese año sumó el 27 por ciento.

Sin embargo, al Gobierno ese índice no le cierra del todo, porque estaría atado a los acuerdos paritarios entre empresarios y trabajadores, sobre el que intenta incidir, pero sobre el que no tiene garantías de control absoluto, por lo que en algún momento podría derivar en una cifra que esté fuera de su alcance.