El ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt dijo ayer en un rapto de furia que ni él ni su par Antonio Boggiano pidieron coimas. Así apuntó no sólo a contradecir la denuncia que hizo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados el abogado Ernesto Galante, sino también a cuestionar abiertamente a los legisladores. “No pueden chapalear carroña sin precipitarse en el abismo del descrédito y la irresponsabilidad total”, sostuvo el ministro. El planteo fue leído en el Congreso como una presión extra, de tono algo desproporcionado, en reclamo de algún gesto en una jornada en que nuevamente peligraba el quórum para sesionar y tratar el juicio político a los supremos (ver aparte). Hoy la Corte tendrá su reunión plenaria habitual y podría discutir la posibilidad de llamar conjueces para definir un fallo sobre la constitucionalidad de la pesificación, una alternativa con la que viene manteniendo en alerta al Gobierno.
Como parte de los intentos para que se defina el enjuiciamiento en su contra, los ministros de la Corte siguen teniendo en la manga un proyecto que, si obtuviera mayoría, dispondría la redolarización de los depósitos. Pero hasta ahora los únicos que están convencidos de fallar contra la pesificación son Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Guillermo López. Antonio Boggiano seguiría pensando que sería una resolución poco oportuna; Augusto Belluscio está en contra y no votarían ni Fayt, ni Enrique Petracchi ni Gustavo Bossert.
Ante esta situación de empate que por ahora no da señales de revertirse, Vázquez pediría hoy que se defina convocar a dos conjueces. “Hay mucha presión y ésa parecería la única salida”, dijeron allegados al tribunal. Con todo, en algunas vocalías especulaban con que el malhumor que Boggiano mostró ayer –derivado de la declaración del martes en Diputados del abogado Galante– podría llevarlo a cambiar de opinión y facilitar una mayoría de cinco. Mientras tanto el tironeo entre la Corte y Diputados se renueva. Los ministros siguen repitiendo amenazantes: “no queremos causar un crac financiero pero estamos hartos de esperar”.
“Me tenés que dar cinco millones”, contó el abogado denunciante que le exigió años atrás el ministro Boggiano para emitir un fallo a su favor. Galante había llegado a la Corte pidiendo la regulación de honorarios por más de 120 millones de dólares por su intervención en la quiebra de la empresa Celulosa Argentina S.A. Su reclamo en los tribunales se había iniciado en 1996 e incluso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Boggiano no ocultó ayer su malestar entre sus pares y Fayt salió a hablar públicamente. “Es un asunto sucio del abogado Galante y como la Corte le dijo que no, por eso hizo cuanto pudo para enlodarlo (en relación a Boggiano”, dijo Fayt en declaraciones a la agencia DyN. El juez también puntualizó que el tema lo roza a él “de modo indirecto” porque denunció, aclaró, “que yo habría pedido por intermedio del fallecido Francisco Durañona y Vedia” el supuesto soborno. Fayt insistió en señalar la “irresponsabilidad” de los Diputados en momentos de fuertes pujas por la definición del juicio político.
Los dos supremos cuestionados fueron investigados penalmente también a raíz de una denuncia de cohecho que hizo Galante. Primero fueron sobreseídos por el ex juez Carlos Liporaci –quien renunció cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a removerlo por supuesto enriquecimiento ilícito–, pero la Sala II de la Cámara Federal cuestionó la pesquisa y determinó que otro juez debía seguir investigando. El expediente llegó así al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien terminó dictando la falta de mérito. Fayt le pidió a los camaristas su sobreseimiento definitivo y todavía el tema está en veremos.
Por otro lado, Galante está imputado junto a la ex secretaria de Asuntos Consulares de la Cancillería, Alicia Martínez Ríos, por celebrar un acuerdo –a menos de un mes antes de que Carlos Menem dejara la Presidencia– por el cual el Estado argentino le debía pagar al letrado el dinero que reclamaba. La denuncia la había hecho la Oficina Anticorrupción (OA) y decía que la ex funcionaria no tenía competencia para celebrar el acuerdo en cuestión. Según Fayt, en el convenio estaba falsificada la firma del ex ministro de Relaciones Exteriores Guido Di Tella.