Por Félix Herrero*

La devaluación sufrida en el país expuso las fallas del modelo privatizador. El modelo, como afirma Fernando “Pino” Solanas, se basó en dos grandes pilares contra el interés nacional: el tratamiento de la deuda externa y las privatizaciones. Las privatizaciones consistieron en una gran sobornización, como dice el actual Premio Nobel de Economía: los tres primeros pasos del camino al infierno del Fondo Monetario transcurren por la privatización o sobornización, la apertura de bienes extranjeros y la falta de límites a la globalización financiera. Por todas estas etapas, como por la ausencia de goteo o derrames de riqueza, atravesó nuestro país.
Resultados de la privatización de los servicios públicos: resulta manifiesto que nuestro país sufre actualmente una serie de efectos provocados por las privatizaciones. Así se observa una salvaje desnacionalización, una fragmentación irracional de sectores íntegros de servicios públicos, una concentración de capitales que hizo abuso de verticalizaciones empresarias en contra de normas vigentes, un encarecimiento sin pausa –aun en períodos no inflacionarios de la economía interna y en situaciones donde los precios internacionales de referencia bajaron–, una remesa sin límites de las utilidades al exterior, la libre disposición de las divisas por exportación (70 por ciento de la venta externa de los hidrocarburos), la falta ilegal de aplicación de retenciones a la exportación de gas natural como lo establece la ley, el incumplimiento, en general, de las inversiones obligatorias o prometidas antes y durante las privatizaciones, la caída de la calidad de los servicios y que hoy ciertas empresas utilizan como moneda de cambio para aceptar el período de congelamiento de las tarifas finales, la introducción de un sistema de indexación tarifaria que no considera las tasas de ganancias sino la variación de algún indicador (incluso a diferencia de la primera década infame, en que la Corte de Justicia prohibía los aumentos de tarifas más allá de utilidades entre el 6 y 8 por ciento del capital), el aumento desusado de tarifas otorgado en los días previos a la privatización (en un servicio superó la tasa de 700 por ciento) para que se siguiera beneficiando con el sistema tarifario que tenía como base la elevada tasa manipulada, etcétera.
Quienes actuaron de lobbistas activos o funcionarios “lobizados” de las privatizaciones ahora no deberían extrañarse por el rechazo que reflejan las encuestas y expresan las manifestaciones populares.
La negociación: la casi totalidad de las asociaciones de usuarios y consumidores se oponen definitivamente al aumento tarifario de los servicios públicos. Un verdadero debate sobre el tema debería basarse en que a) no puede haber aumentos de servicios públicos mientras no haya aumentos salariales, b) la discusión debe incluir la integridad de los contratos de concesión y no reducirse a las cláusulas tarifarias, c) la discusión debe abarcar el proceso completo de la concesión, antes y después de la devaluación y pesificación, d) los usuarios y organismos sociales deben recibir toda la información empresaria, es decir, las tasas de ganancia, los costos reales, los niveles tarifarios, los cumplimientos de las obligaciones de inversión y no solamente los porcentajes solicitados de aumento de tarifas, e) se deben incorporar a la mesa de negociación, como afirma Daniel Azpiazu, todas las transgresiones e ilegalidades por las cuales las privatizadas aprovecharon y aprovechan rentas de privilegio, f) se deben tratar todos los precios y tarifas de la cadena de precios de los servicios públicos, o sea que no deben negociarse o fijarse aumento de tarifas finales de gas y electricidad mientras no se discutan los precios libres de que gozan los productores de crudo y gas natural (cerca del 60 por ciento de la energía eléctrica se basa en los hidrocarburos).
El debate: es el que nos debemos los argentinos y ha sido, hasta ahora, escamoteado. Esto surge claro en muchos de los sectores privatizados, y con mayor fuerza respecto de los hidrocarburos y de la energía toda. La necesidad del debate es obvia: el encarecimiento de las tarifas de los servicios que consume la población provocó la disminución de sus ingresos salariales, y ha dejado fuera de la competencia a los productos argentinos que utilizan como insumos o materias primas a los hidrocarburos y a los combustibles.
El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) viene abriendo este debate ausente. Lo hace en muchas universidades públicas (donde se mantiene el pensamiento múltiple) y en organizaciones sindicales independientes. Hoy mismo, jueves 12, el MORENO debatirá en el Colegio de Abogados, a las 18, el tema de los incumplimientos de los contratos de concesión y las tarifas de los servicios públicos.

* Integrante del MORENO.
Ex presidente de Salto Grande, Yacyretá y Corpus.