La Cámara Federal de San Martín cree que no está claro si Héctor Febres fue envenenado con cianuro o se suicidó sin dejar ninguna nota. Por eso, revocó ayer el procesamiento por homicidio de los dos prefectos involucrados en la muerte del represor de la ESMA, Héctor Volpi y Rubén Iglesias. La jueza Sandra Arroyo Salgado dispondrá hoy la libertad de ambos. El tribunal sí convalidó la investigación de la magistrada sobre las increíbles condiciones de privilegio que tenía Febres en su lugar de detención –visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado del que salía y entraba cuando quería–, lo que facilitó su asesinato o suicidio. Ello llevó a los jueces a mantener el procesamiento de los dos acusados por el delito de abuso de autoridad. La Cámara desprocesó además a la familia de Febres. Arroyo Salgado había imputado a la esposa y los dos hijos del represor por encubrimiento del homicidio.

Los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack firmaron ayer la resolución que deja abiertas las dos hipótesis –homicidio o suicidio– y que instruye a la jueza para que siga investigando. El texto del fallo tiene un párrafo en el que los camaristas le dicen a Arroyo Salgado que revise la situación de detención de los dos prefectos. Iglesias era el jefe de toda el área Delta, y Volpi, de menor grado, fue el más allegado a Febres, al punto de que era el único que tenía copia de la llave del departamento en el que vivía el represor. Ambos saldrán hoy en libertad.

La Cámara aceptó los argumentos planteados por la defensa, que son los siguientes.

- Febres se suicidó el fin de semana anterior a la condena por violaciones a los derechos humanos en la ESMA. La muerte se produjo en la madrugada que fue del domingo 9 de diciembre al lunes 10 y el fallo condenatorio se iba a leer el viernes 14. La sentencia iba a implicar –según la defensa– el traslado de Febres a una cárcel común. Lo que más lo obsesionaba –dicen los abogados– es que su esposa e hija iban a tener que pasar las requisas en la cárcel. La defensa también argumentó que Febres creía que después de la sentencia tendría que afrontar juicios civiles, con lo que su esposa se quedaría sin medios de vida.

- El suicidio le evitaba la condena, la cárcel común y los juicios civiles.

- Los abogados de Iglesias, Ernesto Marcer y Sebastián Shijman, se apoyaron en el testimonio de un médico amigo de Febres, Víctor Giuliani. Este declaró que Febres estaba muy deprimido y que le pidió un veneno que no dejara rastro. En la siguiente visita le preguntó: “¿Me trajiste algo?”. Los letrados citaron tramos de la declaración de Giuliani en la que éste cuenta que Febres le reclamaba veneno o una inyección y que incluso se lo pidió de rodillas, llorando.

- Otros siete amigos y familiares que señalaron que Febres estaba muy deprimido, aunque ninguno habló taxativamente de suicidio. El único testigo que evalúa como imposible que se hubiera quitado la vida es el sacerdote Diego Zupán, quien sostiene que Febres tenía muchas convicciones religiosas.

- La defensa de los prefectos argumenta que Febres no dejó ninguna carta porque quiso hacer pasar su muerte como una muerte natural. No quería comprometer a su familia ni a los hombres de la Prefectura que tantos privilegios le otorgaron.

- Pusieron el acento en varias cartas en las que Febres habló de “terminar con su sufrimiento”, aunque señalaba que no tenía las agallas suficientes. Esas cartas se escribieron en 2002, pero los defensores de los prefectos afirman que tienen cambios más recientes.

La jueza Arroyo se inclinó categóricamente por el homicidio por varias razones, que la Cámara también señaló como de peso. Justamente por eso no descartó el homicidio. Dijo que está planteada la duda.

- Con la cantidad de cianuro que se encontró en el cuerpo, es evidente que Febres, un hombre que trabajó en Inteligencia de la Prefectura, debía tener en claro que la muerte no iba a pasar por natural. Resulta impensable que no hubiera dejado una carta desvinculando a su familia y sus camaradas de su muerte.

- Su familia declaró también que, por su personalidad, Febres hubiera dejado una carta.

- No se encontraron vestigios de cianuro en vasos u otros elementos del departamento. Esto indica para la jueza que la escena fue alterada precisamente para tapar el crimen.

- Para Arroyo, es dudoso el testimonio del médico Giuliani respecto del pedido de veneno de Febres. Lo considera un profesional muy allegado a la familia y que incluso fue propuesto como perito de parte.

- Alguien entró al messenger de Febres a las dos de la mañana, hora en la que supuestamente el represor ya estaba muerto. Es probable que haya sido el asesino.

- Febres tenía una computadora. Los prefectos la hicieron desaparecer la mañana en la que apareció muerto con el argumento de que la mandaron a arreglar. Los prefectos sabían lo valioso de esa prueba y sin embargo la sacaron de circulación. La jueza la tuvo que rescatar de un taller.

- Febres tenía previsto un almuerzo para ese lunes al mediodía y un encuentro con sus abogados en la causa por violación a los derechos humanos. Más bien tenía un cuadro optimista sobre el fallo en el caso ESMA, sobre todo porque contaba con chances de apelar.

- No es cierto que las víctimas le iniciarían causas civiles. Las víctimas accionan contra el Estado.

- Tampoco era cantado que lo iban a pasar a una cárcel común. Las apelaciones dilatarían esa medida.

En cualquier caso, la base esencial de la hipótesis de Arroyo Salgado fue la minuciosa investigación sobre las condiciones de detención de Febres. Y en este terreno, la Cámara confirmó el procesamiento de los prefectos por abuso de autoridad, ya que usaron su poder para dar órdenes y directivas contrarias al reglamento y que permitieron los privilegios y el descontrol en la detención de Febres. El periodista Horacio Verbitsky reveló en este diario las fotos del represor disfrutando de una piscina en una unidad de la Marina en Azul, adonde lo llevaron de vacaciones. En la causa hay fotos sobre fiestas de bautismo, con 40 invitados, organizadas por Febres en su lugar de detención. Volpi era, en realidad, su chofer. Lo llevaba y lo traía a todos lados e incluso iba a buscar a la esposa de Febres cuando ella lo visitaba. Además, la mujer se quedaba a dormir todos los fines de semana y él jugaba a las cartas con los amigos hasta altas horas de la noche. El libro de guardia, en el que supuestamente se anotaban las visitas, fue fraguado para ocultar todo eso. Está probado que Febres tenía dos líneas de teléfono, usaba celular, plasma, DVD y otros privilegios con los que no cuenta ningún preso en la Argentina. El detalle más elocuente es que la muerte de Febres se descubrió once horas y media después de producida porque, según declararon los prefectos en la causa, “no bajó a desayunar”, una frase más propia de un hotel que de una cárcel. Estas condiciones de privilegio y descontrol en quién lo visitaba y qué le llevaban fueron el marco en el que se produjo lo que se conoce técnicamente como “muerte en custodia”. El Estado, y en este caso los prefectos, debían garantizar que el preso siguiera con vida y que llegara vivo a escuchar y cumplir la sentencia. Pero Febres murió y ahora la Cámara afirma que no está claro si por homicidio o suicidio. Los jueces le dicen a Arroyo Salgado que siga investigando, que use las cartas para trazar un perfil psicológico de Febres y aportar algún otro elemento que sirva para echar más luz sobre el misterio. Por ahora, le tiraron un balde de agua fría a la acusación contra los responsables directos de la vida del represor.