A los 78 años, Blanca Santucho tiene dos anhelos que la desvelan: encontrar el cuerpo de su hermano Mario Roberto “para hacer el duelo y darle cristiana sepultura” y lograr que el apellido de su familia “deje de estar demonizado en la Argentina”. “Quiero ver algo antes de irme de este mundo”, dice con lo ojos humedecidos y el pañuelo blanco cubriéndole el cabello dorado. Blanca es hermana del líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), asesinado el 19 de julio de 1976 por un grupo comando del Ejército y de la Policía Federal, junto a Benito Jorge Urteaga. La familia de Blanca fue diezmada por el terrorismo de Estado: “Tenemos once miembros entre muertos y desaparecidos: seis de ellos son mujeres”, recuerda Blanca. Son cinco hermanos, una hermana, tres cuñadas y dos sobrinas.

Para que la memoria de los suyos no se pierda en el olvido, escribió hace algunos años Nosotros, los Santucho, un libro que recorre la historia familiar, desde que su padre, don Francisco, procurador judicial y diputado radical, se asentó en Santiago del Estero y se casó con Elmina Juárez. De ese matrimonio nacieron siete hijos, entre ellos Blanca, la única mujer. Pero la madre falleció antes de cumplir 40 años y don Francisco se casó con su hermana, Manuela del Carmen Juárez. Mario Roberto Santucho fue el primogénito de esta segunda unión y, en su carácter de séptimo hijo varón, fue ahijado del presidente Agustín P. Justo. Después, vendrían dos hijos más.

En un nuevo aniversario del golpe militar, Blanca quiere recordar a sus hermanos, a sus cuñadas, a sus sobrinas, todos militantes del ERP, salvo uno de sus hermanos, Carlos, que era peronista: “No han sido personas que iban como locas tirando tiros. Han tenido un ideal. Han entregado su vida por los demás”, dice esta mujer, escribana ya jubilada, que a pesar de no haber militado políticamente debió exiliarse primero en Cuba y después en Suiza junto a sus padres, para preservar sus vidas durante la última dictadura militar. Blanca nunca se casó ni tuvo hijos.

“Sigo luchando y luchando y seguiré hasta que me muera”, dice. Su lucha –cuenta– hoy está centrada en la búsqueda de los restos de Roby, como lo llamaban a Mario Roberto. Este Santucho había estudiado en Tucumán y fundado el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1968 y el ERP en 1970.

Blanca dice que tiene la certeza de que su cuerpo está enterrado en Campo de Mayo. La orden que dio el 6 de noviembre último el ex presidente Néstor Kirchner, a través de un decreto, de que se arbitren todos los medios para que se ubiquen los cadáveres de Santucho y de Urteaga, le dio la esperanza de que podrá recuperarlo pronto y llevarlo al panteón familiar. Blanca sostiene que el cuerpo de su hermano “fue preservado, porque era el enemigo público número uno del Ejército”. “Sabemos también que fue exhibido en el museo de la subversión que funcionó en Campo de Mayo entre 1976 y 1978. Y que (Antonio) Bussi lo exhibió como trofeo de guerra”.

Mario Roberto y Urteaga, líderes del ERP, fueron asesinados el 19 de julio de 1976, por un grupo comando integrado por hombres del Batallón 601 del Ejército y de la Policía Federal, al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Estaban en un departamento de Villa Martelli junto a Liliana Delfino, pareja de Santucho, Domingo Mena y Ana Lanzillotto –embarazada de seis meses–, todos ellos permanecen desaparecidos.

“Días antes, el 13 de julio, habían secuestrado a mi hermana Manuela Elmina, que era abogada, y a mi cuñada Cristina Navajas de Santucho, que era socióloga. Manuela fue vista en tres centros clandestinos, Automotores Orletti, La Cacha y Pozo de Banfield. Cristina dio a luz una niña en el Pozo de Banfield. Ella y su beba fueron trasladadas de ahí el 21 de abril de 1977 y no se las vio nunca más. Cristina también está desaparecida. A Cristina y a Manuela las obligaron a ver la muerte de Carlos en Automotores Orletti. Liliana Delfino era psicóloga. Permaneció casi un año en Campo de Mayo, donde fue sometida a terribles torturas y se presume que su cuerpo fue arrojado al mar”, va contando Blanca cada una de las pérdidas familiares.

La primera ocurrió en 1972, en la masacre de Trelew: Ana María Villarreal, una de los 19 militantes de izquierda acribillados por marinos en la Base Almirante Zar. Era la esposa Mario Roberto Santucho, con quien tuvo tres hijas, que hoy viven en Suiza, Bolivia y Buenos Aires. Después, el 22 de diciembre de 1975, vendría el secuestro de María del Valle Santucho, sobrina de Blanca, hija única de su hermano Carlos. “Era estudiante de Derecho. Sus restos fueron hallados y reconocidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense”, recuerda Blanca.

“Mi hermano Amílcar y Manuela habían asumido la defensa de presos políticos e integraron la Asociación de Abogados de la Capital Federal. Los dos fueron amenazados por Triple A. Amílcar abandonó el país y fue detenido en abril de 1975 en Asunción, Paraguay, y fue liberado gracias a la intensa campaña internacional desarrollada por mis padres en 1980. Se refugió en Suecia y retornó en 1983 para reiniciar sus actividades políticas. Pero su salud estaba minada por las enfermedades que contrajo en prisión y murió en 1995”, sigue Blanca. Su hermano Francisco fue desaparecido en abril de 1975 y Omar, asesinado en el monte tucumano en octubre del mismo año.

Blanca tiene también una sobrina desaparecida. “Mercedes Elmina Santucho era estudiante de Filosofía. Fue secuestrada en Córdoba en abril de 1977. Estuvo en el campo de concentración La Perla. Están buscando sus restos”, dice esta mujer, sobreviviente del horror de los setenta.

El reclamo por la localización del cuerpo de Mario Roberto Santucho y el de Urteaga lleva, en realidad, ya muchos años. Se han realizado numerosas excavaciones sin resultado. Blanca y su abogado Manuel Gaggero están convencidos de que las Fuerzas Armadas tienen la información sobre el paradero de los restos de ambos. “La declaración del suboficial ‘arrepentido’ Víctor Ibáñez aportó información sobre el lugar donde se encontrarían los cuerpos cuando admitió que fueron enterrados en Campo de Mayo, cerca de donde funcionó el Museo contra la Subversión. Se buscó en el predio que señaló el represor y no se hallaron los cadáveres. Durante la investigación fue hallada una foto de Santucho aparentemente muerto y se pudo recuperar su diploma de contador: ambos documentos eran exhibidos como ‘trofeos de guerra’ por Antonio Bussi”, señala Blanca.

Según la versión que quiso instalar la dictadura, los líderes guerrilleros murieron en un “enfrentamiento” y sus acompañantes fueron “trasladados” a Campo de Mayo. Una semana después de presentarse en la prensa como “una victoria en la lucha contra la guerrilla subversiva”, el tema desapareció de los medios de comunicación.

Actualmente hay cuatro expedientes en la Justicia que rastrean los restos de Santucho y Urteaga. Una de las causas es una información sumaria que se sustancia desde 1995, en el Juzgado Federal de San Martín a cargo de Martina Forns. “Reunimos una serie de pruebas e hicimos excavaciones en Campo de Mayo”, contó a Página/12 el abogado Gaggero. Hay otro expediente judicial en el Juzgado Criminal y Correccional de San Martín y otra causa abierta en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de Capital Federal. También una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Nos han pedido que enviemos toda la información reunida”, señaló Gaggero.

Blanca tiene esperanza. No quiere morirse sin encontrar los restos de su hermano Roby.