“El que tenga sus reales
hace muy bien en cuidarlos
pero si quiere aumentarlos
que a la ley no se haga el sordo,
que en todo puchero gordo
los choclos se vuelven marlo.”
Atahualpa Yupanqui, “Coplas del payador perseguido”

El gobierno de Eduardo Duhalde produjo varias medidas para encarrilar, dentro de sus menguadas posibilidades, la crisis más grande de la historia nacional. Todas se actuaron de sopetón, en medio de un maremoto, de manera rudimentaria a través de un estado exangüe. Dos entre ellas, la megadevaluación y las retenciones a las exportaciones agropecuarias, signaron los años siguientes que fueron indiscutiblemente mejores. El correlativo aumento internacional de los productos primarios cambió la ecuación del “campo”. La “pesificación asimétrica” licuó deudas que lucían impagables. Fue una acción quizás inevitable, se articuló a la que te criaste, se sospecha que con desvíos corruptos. En cualquier caso, deudores condenados a la quiebra resucitaron como Lázaro. Alguien pagó esas cuentas: los trabajadores que quedaron en la calle o vieron achicarse sus ya menguados ingresos, los ahorristas acorralados, el fisco mismo.

La consecuencia inmediata fue bien descripta por Jorge Todesca, segundo del equipo económico de Jorge Remes Lenicov: “Los precios de los productos estaban en alza y la devaluación había multiplicado los ingresos por tres de manera instantánea. Las retenciones llevaban parte de esa renta a las arcas del Estado, pero aun así la prosperidad repentina era fantástica”. En ese cuadro se celebró un fasto propio de la tierra de los ganados y las mieses, la Exposición Rural de 2002. El presidente no asistió (sólo un mandatario peronista estuvo en la inauguración de la exposición rural, adivinen cuál), una silbatina feroz castigó al entonces secretario de Agricultura. “El campo” juzgaba insoportable ese estado de cosas, que lo llevó en avión a su actual situación.

En aquel antaño (apenas seis años atrás) muchos productores se quejaban por el Plan Jefes y Jefas de Hogar que fue un bálsamo para la miseria que se abatía sobre millones de hogares sumergidos. Despotricaban porque algo así como cincuenta dólares de subsidio mensual desalentaba la posibilidad de conchabar trabajadores para tareas rurales, en especial los sojuzgados “golondrina” que, como se sabe, no integran “el campo” ni se recuerdan en ninguna de sus demandas.

Los argumentos se repiten ahora: van a matar a la gallina de los huevos de oro. El ave dorada subsistió, sobreviviendo a incrementos porcentuales que agregaron los sucesivos ministros de Economía de los gobiernos kirchneristas: Roberto Lavagna, Felisa Miceli, Miguel Peirano, ahora Martín Lousteau.

El lockout de estos días no es el primero ni el segundo que enfrenta a este gobierno. En el largo ínterin las commodities siguieron en alza, las retenciones pudieron ser absorbidas. El Estado sostuvo alto el dólar, baratos los combustibles sólidos. El esfuerzo fiscal fue compartido por el conjunto de la sociedad.

Los patrones, solitos, se encargaron de mantener deprimidas las pitanzas de los peones, un clásico rebusque para potenciar sus ganancias. No se lucieron a la hora de formalizarlos, tampoco.

Un primer abordaje honesto de lo que hoy se discute debería computar que los pronósticos oficiales, en líneas gruesas, fueron más acertados para el “campo” y para sectores importantes de la población que las alegaciones sectoriales de las cuatro entidades patronales que “paran”. Y que van por más, prometiendo escalar de piquetes supuestamente simbólicos a un desabastecimiento de productos básicos. Incluidos algunos, como la carne, no tocados por las medidas que se pintan como la sempiterna gota de agua que rebasa el vaso. Un vaso muy inestable, queda dicho, que ya se dio por desbordado varias veces en la mejor etapa relativa de los productores agropecuarios en décadas.

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El contexto: Los piquetes no evitaron una afluencia record a centros de turismo para un fin de semana bien largo, aunque sí incordiaron a los turistas. Muchos de ellos se desplazaron en micros, muchos recalaron en Mar del Plata: no se trata del target de consumo más alto, más vale.

De todo hubo en el “tractorazo”, también agresiones y patoteadas, posibles cuando se afectan derechos de otros. Fueron entre subestimadas e ignoradas por numerosos apologistas. El diario La Nación, que hizo un caso de los cortes protagonizados por sectores sumergidos, ayer publicó un editorial donde ni siquiera menciona el “modus operandi” elegido.

Los suplementos dedicados al campo de grandes diarios rezuman vientos de fronda. También rebosan de avisos publicitarios que ocupan alrededor de la mitad de sus páginas. Hace un puñado de días Expoagro fue un exitazo, en concurrencia y en ventas de bienes de todo tipo, incluidos los de uso suntuario.

Los datos hablan por sí solos: lo que se pulsea no son mendrugos. Se discute, entre Gobierno y representaciones corporativas, la captura de superganancias. Aquél tiene el deber (y el mandato) de representar al conjunto social, éstas hablan en nombre de sus afiliados.

La discusión en el ágora democrática debe registrar la nula legitimidad de los productores cuando hablan en nombre de terceros. Como ciudadano, cualquiera puede opinar, como dirigente es poco serio invocar derechos de quienes nada delegaron en ellos.

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Las bases soliviantadas: La supuesta falta de templanza de las bases y aun la dificultad de las cúpulas dirigentes para controlarlas fueron argumentos socorridos. Nadie habló de “lockout salvaje”, pero ese espectro sobrevoló la crónica. Cabe dudar si el discurso es sincero (lo que revelaría debilidad de las cuatro gremiales empresarias) o un recurso para psicopatear al Gobierno y amedrentar a la opinión pública.

En diálogos informales, dirigentes de las centrales más encolerizadas dan cuenta de la bronca desbordante, pero aseguran poder sosegarla desde arriba. En forma algo contradictoria, alegan temer por la “paz social” o agitan el fantasma de una represión sangrienta.

Si no fueran aptos para desmovilizar a sus huestes sería poco serio que exigieran contraprestaciones al Estado. Los piqueteros y los sindicalistas hacen un culto de su capacidad de convocar y encauzar a sus bases. “El campo”, da la impresión, es más chúcaro.

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“Pueblada” versus números: “Es una pueblada”, autorretrata la dirigencia empresaria agropecuaria. Nadie se priva de autodefinirse como pueblo, cuando viene al caso. No cabe enfadarse aunque sí resaltar que el sustantivo les queda un poco holgado. Las ponderaciones más optimistas hablan de decenas de miles de productores afectados, en una población de más de cuarenta millones de habitantes.

El blog El criador de gorilas se toma una molestia no convencional, la de investigar el comportamiento electoral reciente de las ciudades más levantiscas. Suma los votos de Cristina Fernández y Roberto Lavagna (dos candidatos presidenciales jugados por las retenciones) y observa que en Pergamino sumaron el 57 por ciento de los votos, en Saliqueló y Chacabuco el sesenta por ciento, en Marcos Juárez el 58 por ciento. En Santa Fe les fue algo peor, pero siempre rondando el cincuenta por ciento.

Los comentarios al post de El Criador son aconsejables pues incluyen críticas y alabanzas a valerse del voto para interpretar conductas colectivas. La referencia, como todas, es relativa pero no deja de tener su encanto.

En otro blog, Tirando al medio, Gerardo Fernández explica sugestivamente, en tono impresionista, la distancia que hay entre los “señores del campo con su pose y su carpincho” y las personas de a pie de esas ciudades, cuya reactivación en el último quinquenio tiene (enhorabuena) el rango de asombrosa.

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Un mapa político: Los, ejem, huelguistas, dicen contar con el apoyo por lo general silencioso de gobernadores e intendentes, que exacerba fantasías belicosas que se contarán más abajo. “Las provincias y los municipios están con nostros”, describen telúricos, previas invectivas contra los citadinos y los burócratas estatales. El mapa político sugiere otra cosa: la coalición Frente para la Victoria (que obtuvo el 45 por ciento de los sufragios en el nivel nacional), sumada a los radicales K adiciona veinte gobernadores sobre veinticuatro.

Hilando más fino, las provincias fuertemente impactadas por el actual conflicto son cuatro (Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe) o cinco (si se agrega a Entre Ríos). De ellas, una sola tiene un gobernador opositor, Hermes Binner, con un detalle: Cristina Fernández ganó en las respectivas presidenciales.

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Pequeños y medianos: Un tópico razonable de la polémica de estos días es la desigualdad al interior de los productores. Los pequeños y medianos, los de zonas distantes de la pampa húmeda, los arrendatarios, son el sector débil o menos fuerte. Toda la dirigencia los usa como bandera, hasta la de la Sociedad Rural (SRA) cuya tradición fue ne fregarse en ellos. La coalición entre dispares revela al unísono una flaqueza de quienes los representan y una debilidad política del Gobierno. Vamos a dedicarle un párrafo a cada una.

La unidad en el reclamo por los pequeños y medianos es conducida políticamente por los grandes, a quienes detestan. La dirigencia de la Federación Agraria (FAA) y la de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se pliegan al sesgo político impuesto por la SRA.

La paradoja se complejiza como una charada. Los popes de la SRA y de Coninagro dan el tono radical a la protesta, aportándole sus sostenes mediáticos y de clase. Empero, sus rindes son tan enormes que, por abajo, son los más proclives a reanudar el diálogo con el gobierno.

Ese esquema, asombroso sólo en apariencia, podría ser el germen de un acuerdo futuro. Los más grandes, lo confiesa su praxis, no necesitan nada nuevo del Estado. Los más chicos, díscolos y mal encuadrados, sí. La solución debería pasar por ellos, con medidas concretas que mejoraran su condición relativa: subsidios, créditos, reducción en el costo de insumos.

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El error de juntar: Unificar adversarios es un error en política, anche en política económica. Más allá de la “falsa conciencia” de la FAA, el Gobierno hizo mal en posibilitar (acaso catalizar) su alianza fervorosa con las gentes bien de Luciano Miguens.

La presentación de las retenciones móviles podía haber sido acompañada de contraprestaciones direccionadas a los eslabones débiles de la cadena. Hubiera sido “más político” un combo que equilibrara las cargas o diera testimonio de la intención de hacerlo.

Ahora, la consabida mesa de negociaciones está en veremos y la crispación mutua genera un espejismo, parece imposible. Claro que esa mesa debe tener como pie al Gobierno, representante del conjunto. Y que las ofertas no deben ceñirse al liberalismo anacrónico y egoísta que propone “el campo” sino a un intervencionismo estatal más sofisticado que el actual. Lo que en 2002 o en 2003 se pudo encauzar con acciones simples y hasta rústicas, exige ahora prácticas más intrincadas y creativas. Los objetivos deben mantenerse, los instrumentos variar y enriquecerse. Al interior del Gobierno, es Lousteau quien mejor representa esa tendencia. Guillermo Moreno encarna la visión más enquistada, encallada en 2006.

Hasta ahora, al ministro le cupo ratificar identidad y mostrarse en línea con los Kirchner en la firmeza. Sería funcional que en un futuro cercano su arsenal de ideas y propuestas formara parte de una solución, congruente con el voto popular pero consciente de que llegó la etapa de la sintonía fina.

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En carpeta, para la paz: En el Gobierno aseguran que las medidas contra el impacto desigual están en cocción pero que sólo serán analizadas cuando se levante el lockout.

“Economía viene trabajando, entre otros, un programa de fertilización que se completará en los próximos días. Se extenderá a todos los productores, pero será más abarcativo en las pequeñas producciones”, comentan muy cerca del joven ministro.

También se están estudiando medidas para promover producciones regionales (manzanas, peras, algodón, entre otras) y subsidios al uso de semillas certificadas de maíz y girasol. Y se promete, en carpeta, un plan productivo general que sería debatido y presentado una vez levantados los cortes. Condición sine qua non inscripta en el ADN del Gobierno, como se pasa a rememorar.

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Ni palos ni planes: Apenas desembarcado en la Casa Rosada Néstor Kirchner acuñó una consigna de cara a la protesta callejera, dominada (hace menos de cinco años) por los movimientos de desocupados. “Ni palos, ni planes” simplificó el ex presidente transmitiendo ánimo de no reprimir y vetando otorgar en caliente. En el discurrir, hubo más planes que palos, lo que como tendencia no está tan mal.

En otro escenario, es difícil creer que el oficialismo contraríe esa doctrina. La subsistencia de la Presidenta recién llegada zozobraría si autorizase un precedente en contrario. Si un piquete prosperara, sería un aliciente para otros. Podría haberlos de colectivos más destituidos y más numerosos. Por imaginar apenas dos casos, los trabajadores desocupados (que bajaron a menos de dos dígitos, pero que siguen siendo millones) y los que reciben su paga en negro (colectivo que incluiría a muchos laburantes del campo).

Los productores aseguran que no frenarán su lockout si no media antes una retractación de las retenciones móviles. La promesa inminente es un desabastecimiento contra el que ya se han alzado organizaciones de defensa del consumidor que no han sido (ni tienen por qué ser) transigentes con el Gobierno. Retacear productos de consumo popular es una acción parental con las huelgas de servicios públicos, pero obrado por sectores mucho más poderosos que los estatales. No sería un desafío al Gobierno, sino a la mayoría de la sociedad.

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La casquivana soja: En medio de la querella, bajó el precio de la soja. Todo un símbolo, ese valor orbita en la estratosfera y es en enorme medida independiente de las cuitas locales. He ahí un buen motivo para criticar las pretensiones “del campo”: los rindes formidables no son proporcionales a su inventiva o a su productividad sino a un fenómeno internacional ancho y ajeno.

La reducción del precio, según el ver del Gobierno, corrobora su tesis central: las retenciones móviles favorecen al productor. Al reducirse el precio, se redujo la imposición, lo que no hubiera pasado con retenciones fijas.

Para las entidades agropecuarias, la contingencia sólo comprueba una falla de la prognosis oficial.

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Acción directa: Los huevos de oro se siguen empollando, a despecho de las agorerías. Claro que su reparto, aun al interior del gallinero, no es nada parejo. Los propietarios vieron crecer el valor de la tierra sideralmente, cuatrocientos o quinientos por ciento en dólares. Los arrendatarios padecen las consecuencias, cada vez necesitan un porcentaje más alto de la cosecha (así sea la exorbitante soja) para cubrir el alquiler. Todo se concentra en ese sector, distorsión del mercado en la que el Gobierno tiene una cuota de responsabilidad.

De todos modos, la media de los productores mejoró mucho en este lapso. El encarnizamiento de sus reclamos no es el Grito de Alcorta ni el del hambre. Es una defensa sectorial, respetable en cuanto tal, que debería asumir su condición comparativa privilegiada.

“La gente está sacada” describen los dirigentes de la revuelta y anticipan que, amén de la prosecución de los piquetes, puede haber toma de municipios y hasta de puertos. Se da por hecho que eso desencadenaría adhesiones políticas inesperadas.

Hace unos años, el dirigente social Luis D’Elía condujo la toma de una comisaría durante unas horas. Lo hizo para exigir que se detuviera a un buchón policial (prófugo y protegido por los federales) que había asesinado a un dirigente social de la Boca, el “Oso” Martín Cisneros. El episodio suscitó oleadas de furia mediática, con recidivas hasta nuestros días. La cobertura respectiva ignoró hasta el nombre de la víctima. Habrá que ver, si se cumplen los vaticinios, cómo se tratan ocupaciones en defensa de la ganancia contra una que se hizo en defensa de la vida. Son opciones ideológicas, aunque la palabra tenga mala prensa.

Todas las ideologías jerarquizan valores, al cronista eso le parece bien: en la suya la vida prima sobre la renta, la desigualdad es odiosa y al Estado le cabe mitigarla. Las rentas extraordinarias deben ser capturadas parcialmente por el Estado en aras de su redistribución. Los gobiernos democráticos representan (dentro del margen de sus competencias) a todos los ciudadanos, las corporaciones a sus integrantes. Es una escala de valores opinable, como todas, expuesta en forma franca. Al cronista le gustaría, alguna vez, que otros opinantes del ágora sinceraran la suya propia, aunque (a su edad) no se hace muchas ilusiones.