No será un teatro, pero se le parecerá. El escenario: la majestuosa sala de audiencias de la Corte Suprema. La idea es que allí los funcionarios den cuenta de sus actos, que los ciudadanos expliquen sus reclamos, o simplemente vean y escuchen, que den la cara las empresas, que participen las organizaciones no gubernamentales y que los jueces supremos pregunten con libertad. Así serán las audiencias públicas que el máximo tribunal implementará en forma sistemática a partir de este año. Para ellas reservará los grandes casos y, en especial, los que despierten fuerte interés en la sociedad. Sus señorías ya discuten qué expedientes tendrán prioridad. Llevan la delantera causas sobre la extracción compulsiva de sangre a posibles hijos de desaparecidos, las facultades de la AFIP para embargar sin orden judicial, la dolarización de las tasas de aeropuerto, la validez de los decretos de necesidad y urgencia, el ajuste por inflación y hasta la libertad de prensa.

La Corte argentina quiere parecerse a la de Estados Unidos. Al menos eso es lo que desean algunos de sus miembros, empezando por el presidente, Ricardo Lorenzetti. Aspiran (a largo plazo) a que el tribunal deje de tener miles de causas y algún día se quede con ochenta o cien asuntos de trascendencia política, constitucional o institucional. También tienen en mente borrar la imagen de los pactos oscuros y las sentencias parciales y viciadas (por intereses económicos y/o políticos) que dejaron de legado la década del noventa y parte de este siglo también.

A eso apuntaban el año pasado cuando firmaron una acordada que oficializaba un régimen de audiencias públicas, una experiencia transitada hasta ahora sólo con algunas causas sueltas, como la del Riachuelo y la de las cárceles bonaerenses. “Permitirá poner a prueba directamente ante los ojos del país la eficacia y objetividad de la administración de justicia que realiza este tribunal”, decía la resolución.

El ADN supremo

Los jueces sabían de qué hablaban. No es casual que entre los debates con chances de ir a audiencia pública esté el de la extracción compulsiva de sangre para comprobar la identidad de posibles hijos de desaparecidos. En 2003, cuando seguía en pie la mayoría automática, la Corte tuvo que resolver el caso de Evelyn Vázquez, una joven que sólo aceptaba hacerse las pruebas genéticas a condición de que no fueran utilizadas para juzgar a su apropiador. Por aquellos días, sin embargo, era mucho menos frecuente ver por los pasillos cortesanos a los abogados de la chica que a los del staff del estudio Anzorreguy, que custodiaba los intereses de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y de sus dos hijos adoptivos, cuyo origen aún es un enigma y deberá ser resuelto por la Corte.

Así las cosas, la Corte falló a favor de Evelyn Vázquez y contra el reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo. “Si ella no quiere conocer su verdadera identidad el Estado no puede obligarla a investigarla”, decía la postura mayoritaria, que apoyaron incluso dos supremos que siguen en funciones: Enrique Petracchi, que en otros fallos se pronunció a favor de derribar todos los obstáculos para juzgar a los represores, y Carlos Fayt, que en un comienzo había hecho un voto proclive a los estudios genéticos (al menos en ciertos casos) y cambió sorpresivamente de rumbo.

El caso de los hijos de Noble estuvo en la Cámara de Casación, que avaló lo que ellos pedían: hacerse un examen genético sólo para contrastarlo con el ADN de los familiares de desaparecidos que son querellantes. Como siempre, la última palabra será de la Corte, que, antes, prefiere fallar en cualquier otro expediente similar. El elegido, el que incluso podría ir a una audiencia pública, una instancia capaz de suavizar cualquier suspicacia, es el de Emiliano Prieto, criado por un suboficial de la Marina. Las Abuelas creen que nació en cautiverio, igual que su hermano de crianza. En 2000 la Justicia le había ordenado presentarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand, pero se negó con el argumento de que se violaban sus derechos de “intimidad”, “integridad física, psíquica y moral”.

La discusión suprema está bastante complicada. Ya se sabe lo que opinan Fayt y Petracchi. Juan Carlos Maqueda también: en “Vázquez Ferrá” fue el único que avaló la extracción compulsiva de sangre y su uso como prueba incriminatoria. Raúl Zaffaroni ya puso a circular un voto en el que descarta los test obligatorios de sangre pero admite métodos alternativos de identificación de ADN, como los análisis de cepillos de dientes, o pelos halladas en sábanas o almohadas. El único fin, dice, sería el derecho a la verdad, pero no una imputación penal. Ahora falta que se definan Lorenzetti, Carmen Argibay y Elena Highton.

Impuestos y decretos

AFIP. En un rubro bien distinto, la Corte podría llevar a su sala de audiencias un tema que toca a los contribuyentes: la facultad de la AFIP de trabar embargos a los morosos sin orden judicial. El órgano fiscal suele tomar esa medida antes de que se inicie el juicio fiscal y mucha gente suele encontrarse sorpresivamente con sus cuentas congeladas.

DNU. La atribución presidencial de dictar decretos de necesidad y urgencia se discute en varios expedientes del alto tribunal. Tal vez el más paradigmático sea uno que promovió la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Pero los jueces estarían pensando en fallar otro, bastante más engorroso y que podría llevarse a publicidad, donde está en juego la validez del decreto 883/02, que prorrogó la doble indemnización.

Tasa de embarque. A pesar de la pesificación de la economía, en 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde autorizó que las tasas aeroportuarias siguieran dolarizadas. Cada vez que alguien toma un vuelo internacional tiene que pagar 18 dólares o su equivalente en pesos. Las asociaciones de consumidores iniciaron juicios y obtuvieron varios fallos favorables. Aeropuertos Argentina 2000 nunca los acató. En 2005 la Corte ordenó intervenir las cajas de Ezeiza y otras estaciones para retener la diferencia entre pesos y dólares recaudada ante la eventualidad de que un futuro fallo sobre el fondo obligue a devolverla. De rebote, se analiza la validez del decreto que autorizó el cobro en dólares, ratificado posteriormente por un decreto de necesidad y urgencia.

Ajustes. Desde la devaluación, el Gobierno se opuso a que las empresas ajusten sus balances por inflación. Las compañías se quejaron porque, decían, sus activos se vieron inflados artificialmente y esto las llevaba a tener que pagar más impuestos.

Libre expresión

En un juicio en el que el diario La Nación está acusado de desprestigiar a los integrantes del Cuerpo Médico Forense, la Corte debe definir si aplica la doctrina de la “real malicia” para proteger la “libertad de expresión” por sobre un eventual daño al honor. Lo que desató el pleito fue un editorial del matutino que estaba dedicado a la apertura de una investigación contra peritos oficiales por la presunta adulteración de sus dictámenes. El texto decía que juez Mariano Bergés había citado a indagatoria a “tres decenas de forenses” que estaban “sospechados del intento de encubrir con sus dictámenes los errores e irregularidades de otros colegas”. La Cámara Civil dijo que el diario había “emitido un juicio de valor apresurado e inoportuno”. La Corte, antes de opinar, no descarta poner el tema en su agenda de debates orales.