Los dirigentes del sindicato de camioneros no son los únicos gremialistas que están en la mira de la Justicia por el crimen por encargo de otro miembro de su organización, a propósito del caso Beroiz. La conducción de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra) podría quedar acéfala si el cruce de llamadas telefónicas que ordenó la Fiscalía Nº 3 de Morón confirma lo que la familia de la víctima denunció ante la Justicia: que los sicarios –ahora presos– que “cobraron 16 mil pesos” para asesinar de dos balazos en la cabeza al protesorero del gremio, Eduardo Miguel Orellana, “recibieron la orden y el dinero” del propio secretario general de la Uolra, Guillermo Yafar. Es la hipótesis más firme sobre la que trabaja el fiscal Horacio Vázquez.

Eduardo Orellana apareció asesinado el 1º de octubre de 2007, con dos balazos de 38 en la cabeza y tirado en el piso del asiento trasero de su camioneta 4x4 Izuzu, abandonada en un descampado de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. “Es un mensaje de claras connotaciones mafiosas”, soltó convincente Guillermo Yafar ante los periodistas, en el velatorio del protesorero de su gremio. Dos meses después, la Justicia identificó a cuatro y detuvo a tres de los autores materiales, confirmó el “crimen por encargo en medio de una interna gremial en la comisión directiva del sindicato” de ladrilleros y tiene en la mira a Yafar como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato por encargo.

El cruzamiento telefónico ordenado por la Justicia de Morón estará listo en 30 días. Allí se verificará con quiénes hablaron los sicarios antes, durante y después de los cuatro días que le dedicaron al trabajo de inteligencia para detectar los movimientos de la víctima, planear el secuestro y cometer el asesinato.

“No quiero hablar. Confío en la Justicia por todo lo que avanzó en la investigación, y espero que dé con los animales que mandaron a matar a mi marido”, dijo a Página/12 Zunilda Monzón, la viuda de Orellana, en su único diálogo con la prensa.

–Cuando habla de animales, ¿se refiere también a Guillermo Yafar?

–Sí, no tengo ninguna duda. Mi marido trabajó desde los nueve años de sol a sol en los hornos de ladrillos. Sabía lo sacrificado que es ese trabajo y quería hacer cosas para los trabajadores, como un campo de deportes, pero nunca había plata. Por eso le reclamaba a Yafar los libros para saber adónde iba a parar la plata del gremio. No se lo perdonaron –respondió la mujer desde su casa en el barrio Parque San Martín de Merlo.

La interna de los ladrilleros también estaba cruzada por una disputa familiar. Yafar es el secretario general del gremio desde hace 30 años y había incorporado a sus hijos Gabriel, Walter y Esteban a la conducción. La Uolra era toda una familia. Incluso uno de los hijos de Yafar se convirtió en yerno del asesinado Orellana, que además de ser protesorero nacional del gremio llevaba 12 años al frente de la seccional de La Matanza.

El 21 de agosto pasado, durante “una choriceada” para celebrar el Día del Ladrillero en la sede sindical de Ciudadela, Orellana volvió a la carga para intentar descifrar las dudosas cuentas de la obra social del gremio y embistió contra Yafar, respaldado por los propios hijos del secretario general. La respuesta no provino de Yafar sino de su mujer: “La traición se paga con la muerte”, le espetó. Orellana hizo la denuncia por amenazas en la UFI 14 de San Martín, el expediente –que ya había sido archivado– fue incorporado a la causa por el asesinato y también puso a la mujer de Yafar bajo sospecha.

Para los investigadores no había ninguna señal que indicara que el móvil del crimen de Orellana haya sido un intento de robo. El fiscal Vázquez avanzó con el único dato que tenía: la patente SHC-300. El dato lo aportó una vecina de Orellana que decidió anotarla el mismo día del crimen, después de haber visto al mismo Renault 9 varios días seguidos por la mañana muy temprano y con sus ocupantes en actitud sospechosa, merodeando la casa del sindicalista.

Rápidamente los expertos concluyeron que no se trataba de “profesionales” sino de una “banda de marginales”. El vehículo fue encontrado en una remisería de Florencio Varela. Su propietario, Gastón Ariel Flores, fue reconocido por testigos como uno de los hombres que hicieron el “trabajo de inteligencia” sobre Orellana y la Justicia detectó que realizó varias llamadas con su celular desde Merlo, durante los días que le demandó “el trabajo” que le encargaron.

Junto al él cayeron Oscar Damián Acosta, al que la Justicia acusa de “coautor del asesinato junto a Flores”, y Marcelo Gabriel Gutiérrez, procesado como “partícipe necesario” del crimen y quien habría “contactado” al hombre que encargó y pagó por el asesinato. El cuarto, todavía prófugo, es Cristián Roberto Monzón, que –según la investigación judicial– “alardeó frente a un grupo de testigos” sobre el trabajo sucio que habría hecho y desparramó frente a ellos los 10 mil pesos que dijo haber cobrado por sus servicios. Lo que hace presumir que quienes encargaron el asesinato habrían desembolsado mucho más de los 16 mil que en principio calculó la Justicia.

“Considero que el cruzamiento de llamadas va a aportar datos importantes sobre quiénes podrían ser los autores intelectuales del asesinato. Confío en el trabajo que está llevando adelante la Justicia para esclarecer todo el hecho”, dijo escuetamente a Página/12 Luis Rappazzo, el abogado de la viuda de Orellana.

Zunilda Monzón contrató a Rappazzo después de haber iniciado su demanda judicial con otra letrada. La elección no fue casual: Rappazzo es considerado “un miembro de la familia judicial de Morón”, y un gran conocedor de las escaramuzas judiciales políticas y gremiales. Rappazzo representó al otrora poderoso senador provincial duhaldista Horacio Román en las múltiples disputas internas del peronismo bonaerense con Juan Carlos Rousselot y el Smata.