Juan Carlos Casariego de Bel era abogado, funcionario de carrera del Estado y director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz a partir de la dictadura. El 15 de junio de 1977, Casariego de Bel llamó a su casa para avisarle a su mujer que esa noche volvía más tarde: tenía una reunión a las 20.30 en el despacho del secretario de Planificación Guillermo Walter Klein, en medio de las negociaciones por la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad SA (Italo). Casariego de Bel era una figura clave en la negociación y su firma frenaba una operación millonaria. Pero luego de aquel llamado su familia no volvió a verlo.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hoy se presentará como querellante del caso, conocido como la “causa Italo”. Pedirá en el juzgado de Daniel Rafecas la detención e indagatoria para Martínez de Hoz, Klein y Juan Alemann como cómplices o responsables del presunto delito de asociación ilícita y homicidio calificado del ex funcionario.

Luis Eduardo Duhalde anunció la decisión de su secretaría ayer, en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia. Además, estuvo su segundo Luis Hipólito Alen y María Casariego de Gainza, la hija de la víctima.

“En casa mi papá no hablaba de Martínez de Hoz, pero sí de la política económica”, dijo ella a Página/12. “En cuanto a la negociación nos mencionó que se estaban sobrefacturando los gastos, que para él ocho millones de dólares era lo máximo que se podía pagar por las instalaciones y las indemnizaciones, pero al final se pagaron 394 millones.”

Las tratativas por la Italo empezaron durante la dictadura, cuando se decidió re-estatizar la compañía de electricidad a un precio millonario, y cuando sólo faltaba un año para el vencimiento de la concesión y, por lo tanto, de las obligaciones del Estado. En ese contexto, Casariego de Bel debía firmar los documentos que avalaran la pretensión de la firma de aparecer como una sociedad argentina, pero de capitales extranjeros pese a que no lo era.

Un informe de la Comisión de Investigación de la Trasferencia, elaborado por la Cámara de Diputados de la Nación, en 1985 fue la base que usó la Secretaría de Derechos Humanos para documentar la información.

En ese momento, la Comisión explicó que todo empezó en 1975 cuando un dictamen del procurador del Tesoro Edgar Sá pidió la nulidad de la concesión y la intervención de la compañía. La solicitud dio origen al decreto 648/76 que puso en marcha todo el proceso.

Martínez de Hoz fue presidente de la Italo hasta el 28 de marzo de 1976 y luego asumió como ministro. Klein asumió como secretario de Planificación Económica y Juan Alemann como secretario de Hacienda. Bajo esa nueva cúpula, el ministerio creó comisiones para evaluar condiciones y el monto. Luego de un año, el decreto 977/79 aprobó emisiones de bonos de la Argentina y de letras para la operación por un precio final de 394 millones dólares contra 75 millones de la oferta oficial.

Argentina pagó con bonos en francos suizos de la Unión de Bancos Suizos. El representante de esa Unión era Roberto Alemann, hermano del secretario de Hacienda y ministro a su vez de futuros períodos de la dictadura. Según la denuncia, la entidad también era accionista de la Italo. Es decir, que todos ellos están acusados de haberse pagado a sí mismos como si hubiesen estado de uno y del otro lado del mostrador.

Casariego de Bel era una pieza en todo eso: había sido nombrado director del Registro de Inversiones Extranjeras. Tenía 54 años; desde los 24 había trabajado en la administración pública y luego de su desaparición, ni Martínez de Hoz ni Klein recibieron a su mujer o a su hija.

“Claramente, Casariego de Bel desapareció como consecuencia de su negativa a avalar documentos que favorecieran la posición de la Italo”, dijo Duhalde en su presentación. “Toda la operativa fue producto de un complot urdido por personajes vinculados con la Italo que aprovechando sus cargos en el gobierno de la dictadura forzaron la aprobación de un acuerdo que solo trajo beneficios al grupo económico al que pertenecían.”

Martínez de Hoz tiene otras dos causas. Una en el juzgado de Ariel Lijo por su participación en el golpe de Estado junto a la cúpula militar; otra en el juzgado de Norberto Oyarbide que dictó la inconstitucionalidad del decreto de indulto, una medida que fue apelada por la defensa y ahora está en manos de la Cámara Federal. La causa de Rafecas por el caso Italo se inició por la presentación de las comunidades gallegas en el país, dado que Casariego era de España y ahora está reforzada por esta presentación.