Un día después de ser escrachado por los organismos de derechos humanos de Tucumán, el gobernador José Alperovich le solicitó ayer la renuncia como asesor del Ministerio de Economía al oficial retirado del Ejército Luis Edgardo Ocaranza, supervisor militar del Departamento de Inteligencia (D2) de la policía provincial y responsable durante la última dictadura del centro clandestino que funcionó en la Jefatura Central de Policía, donde se hacía llamar Alberto Frías.

Según la denuncia pública formulada por la agrupación H.I.J.O.S. regional Tucumán y la organización El Andamio, entre mayo y diciembre de 1977, cuando Ocaranza prestó servicios, fueron vistas en la Jefatura 33 personas, incluidas tres mujeres embarazadas, que permanecen desaparecidas. Página/12 llamó anoche al domicilio del funcionario, quien prefirió no formular declaraciones.

El nombre y apellido de Ocaranza figuran en los listados de represores tucumanos desde 1979. Dos meses atrás los organismos se enteraron de su cargo como asesor. El lunes, en el aniversario del golpe, las tres mil personas que marcharon desde la Jefatura de Policía se detuvieron a cien metros, en Junín 665, y empapelaron la calle de afiches con el prontuario del vecino del 4º A, titulados “aquí vive un genocida”.

“Era supervisor del SIC, el Servicio de Información Clandestino creado en 1975 como control militar sobre el D2. Era la inteligencia del Ejército dentro de la jefatura de policía, la primera escala de la mayor parte de los secuestrados tucumanos”, explicó Julieta Vitar, militante de H.I.J.O.S. “Figura en el informe de la Comisión Bicameral que investigó el terrorismo de Estado en la provincia. En su legajo consta que estaba en el Regimiento de Infantería 19 destinado al Operativo Independencia, es decir a Tucumán”, agregó la abogada. El represor se benefició con la ley de punto final, en los ’90 llegó a ser jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y, desde 2004, forma parte del gabinete del gobernador Alperovich.

Desde la reapertura de las causas, la Justicia tucumana procesó apenas a cinco represores. El martes los organismos le reiteraron al juez federal Daniel Beja el pedido de indagatoria de 70 represores que actuaron en la Jefatura de Policía. “La causa tiene cien víctimas y queremos que se eleve a juicio este año. Hay abundancia de pruebas. No queremos que la Justicia se detenga sólo en Bussi o Menéndez”, concluyó Vitar.