El conflicto entre el sector rural y el Gobierno puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Como siempre, las perspectivas ideologizadas, maniqueas y moralistas suelen ser más estruendosas y vendedoras que las posiciones moderadas. También, suelen ser las que más daño le hacen al país. A mi entender –que, naturalmente, es discutible– hay dos posiciones extremas que evitan abordar lo que realmente es el tema de discusión. Para una de ellas –expresada por el Gobierno y por sus simpatizantes– se trata de un conflicto entre el campo popular y la oligarquía. Según esta concepción, el Gobierno, en defensa de los intereses de todos los argentinos, impone retenciones al campo, y la oligarquía reacciona con un lockout patronal con tufillo golpista. Algunos de los defensores de esta posición la atenúan, al destacar que el poder político debería atender los reclamos de los pequeños y medianos productores, pero que el eje del problema no es ése, sino el intento desestabilizador que pusieron en marcha los sectores del privilegio para evitar la distribución del ingreso. La posición opuesta sostiene que la voracidad fiscal del Estado oprime al campo, que mantiene al país y es víctima de una actitud autoritaria y rapaz. Por lo tanto, la única alternativa que les queda, para ser escuchados, consiste en desabastecer de alimentos al resto de la sociedad.

Es un clásico argentino. Demasiada gente grita, utiliza conceptos ideológicos, recurre a medidas extremas, patotea, alza las banderas para que pase la farolera, y muy pocos discuten realmente los hechos. Siempre fue así. Hubo bandos desde que comenzó la historia del país. Y palabras grandilocuentes, estruendosas que justificaban las peores locuras y ubicaban en el lugar del traidor a cualquiera que dudara: a izquierda y a derecha, siempre fue así. En este caso, quizás haya una lectura intermedia que permita percibir otros elementos. A mi entender, lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos quince días refleja la existencia de un serio problema de relaciones sociales que afecta a todas las partes y que las referencias ideológicas sólo contribuyen a disfrazar.

El Gobierno anuncia hace quince días la imposición de nuevas retenciones al sector rural, que se suman a las que ya existían. Esa medida, ahora se sabe, no representa demasiado –al menos en sí misma– ni para distribuir el ingreso, ni para nada. Es una medida de efecto marginal. Con toda la furia, permitiría recaudar aproximadamente 1500 millones de dólares. Para el Estado, eso es poco. Tan poco que representa apenas la tercera parte del tren bala, o la mitad de los fondos extras destinados para esa extravagancia, ya que esta misma semana el Gobierno anunció que deberá invertir 4000 millones y no los 1200 anunciados originalmente. Es decir que el Gobierno tenía margen para tomar la medida o para no tomarla.

No era de vida o muerte.

Podía darse un tiempo para agotar los esfuerzos para que tuviera consenso al menos en los sectores más débiles.

No hizo ni una cosa ni la otra: no contempló a los más vulnerables ni tampoco apeló a la política para tener una mínima red de consenso. Y no había incendio que justificara la urgencia.

Tanto es así que la argumentación oficial posterior al conflicto confirma esos elementos. Sostener que al campo le ha ido bien en estos años es una obviedad. Agregar que las retenciones son una medida justa, en fin, hasta Mario Blejer lo defiende. Insistir en que es necesario distribuir el ingreso es correcto. Recordar que la oligarquía rural siempre conspiró contra los gobiernos populares ya lo enseña Felipe Pigna en sus libros. Recitar que en el campo usan cuatro por cuatro es una pavada. Pero son todos artilugios, picardías, chicanas, para evitar el fondo de la cuestión.

Las preguntas clave sobre la manera en que se aplicaron las retenciones móviles son otras: ¿sabe el Gobierno cuál es el ingreso promedio de los productores de cincuenta o cien hectáreas, diferenciados por tipo de cultivo y región del país? ¿Sabe cuántos son? ¿Realmente ellos “la levantan en pala” o, en cambio, aunque les va mejor que hace unos años, están al límite, ganan menos, por ejemplo, que un jefe de Gabinete o un ministro o un periodista o un camionero? ¿Sabe cómo serían afectados por la ampliación de las retenciones? Esas preguntas no fueron respondidas en ningún discurso presidencial, por ningún reportaje de los concedidos por ministros, en ningún paper de los distribuidos por Economía. Esto es: o no lo saben –lo que era un requisito previo para tomar las medidas– o lo ocultan porque es un dato que no conviene difundir. Y es muy importante por varias razones: este paro no tendría ninguna legitimidad sin el aporte de los pequeños productores, ellos son los más duros en el conflicto; y, además, si se aplica un impuesto a un sector débil se lo pone ante la disyuntiva de entregar su propiedad a sectores más concentrados. Eso ha pasado muchas veces cuando la ideología va despegada de cierta solvencia técnica: se la justifica por izquierda pero suele tener efectos por derecha.

Hasta aquí, por lo menos en mi opinión, el Gobierno no ha conseguido explicar cuál era la urgencia de la medida, por qué no se intentó consensuarla, ni cuáles eran sus efectos sobre los sectores más débiles de la economía rural. Revistió el conflicto de recursos ideológicos muy eficientes en la sociedad argentina, que siempre tiene gente tan dispuesta a alzar las banderas, para que pase la farolera, mantatirulirulá.

Pero no explicó lo central.

La ampliación de las retenciones desató un nivel de irracionalidad sin precedentes. La decisión de los piquetes rurales de desabastecer el país, como primera medida de fuerza, tiene una magnitud difícil de encontrar en la historia democrática argentina. Es extraño que entre los ruralistas no haya aparecido al menos una voz sensata que advirtiera sobre la obscenidad de dejar pudrir alimentos en las rutas. Por donde se lo mire, es una canallada. Es mentira que la culpa de semejante barbaridad sea del Gobierno. Cualquier dirigente sabe que entre todo y nada hay un camino intermedio para recorrer. La decisión de cortar los caminos durante quince días parece más bien un intento revolucionario que una resistencia a una medida impositiva sectorial. Faltaban Pancho Villa o los coroneles franquistas y estábamos todos. La simpatía que semejante disparate generó en sectores diversos de la sociedad –los medios conservadores, sectores urbanos profesionales, entre otros– refleja, en todo caso, que la desmesura, el autoritarismo, el doble discurso, no afectan sólo al Gobierno.

Es decir: a partir de una medida difícil de justificar –por sus maneras y por la extensión de los afectados y por la ignorancia oficial sobre sus consecuencias en los eslabones más débiles–, se produce una respuesta de dimensiones aún más escandalosas que la medida en sí, con un agravante: la reacción podría haber causado muertes. El corte de los caminos por parte de los productores rurales debería marcar un ejemplo sobre lo que no debe hacerse en un país democrático. Podrá ser cierto que los pequeños y medianos productores no están en una situación holgada, pero tampoco son los más desesperados de la sociedad argentina. Y ellos, los que peor la pasan, jamás han respondido de manera extrema ante su sufrimiento.

Para colmo, del lado del Gobierno, ante la contundencia de la protesta, les enviaron a los camioneros de Pablo Moyano para amenazarlos, mientras los funcionarios respondían al “campo” –así, en términos generales, sin diferenciación– con insultos y provocaciones. Sobre llovido, mojado: a la medida original discutible, le siguió el intento de desabastecer al país y después el envío de patotas para desarticularlo. Luego, el discurso presidencial que abroqueló a todos los sectores rurales involucrados en contra y la reacción de cacerolas y manifestantes en todo el país para repudiar al Gobierno, pintadas a favor de Videla incluidas. Por si fuera poco, los Kirchner envían a Luis D’Elía a pegarles a los manifestantes disidentes. Todo esto, mientras en las rutas había situaciones delicadísimas: un enfermo cardíaco murió en Córdoba por los piquetes.

Es decir que durante quince días, a partir de una medida muy discutible tomada por el Gobierno –y, además, de no demasiada magnitud cuantitativa–, los argentinos estuvimos a punto –realmente, a punto– de agarrarnos a tiros.

Ese es el elemento central de esta semana.

A mi entender, el Gobierno tiene más responsabilidad que los ruralistas en todo lo sucedido, simplemente, porque un Gobierno es más responsable que los demás respecto del clima que crea en un país. Los funcionarios deberían medir la reacción que podría provocar una medida o un discurso. Pero, al mismo tiempo, es indignante percibir la magnitud de la respuesta y la condescendencia de los medios conservadores respecto de los piquetes más salvajes que tuvo la historia argentina reciente. Los Kirchner tienen una extraña vocación por la violencia callejera cuerpo a cuerpo. El envío de D’Elía a golpear disidentes –y su jerarquización en el palco oficial de Parque Norte– recuerda los cadenazos que recibieron otros caceroleros por parte de una patota oficial en Río Gallegos en diciembre del 2001, o el increíble aval oficial que recibió Daniel Varizat luego de arrollar con su cuatro por cuatro (no sólo las tienen los productores rurales) a una docente, o las patoteadas en el Hospital Francés. La derecha tiene una notable vocación por la violencia cuando justifica, defiende y promociona los piquetes que desabastecen a un país. Hay pocos inocentes en esta historia que, vale la insistencia, en cualquier momento, por un motivo u otro, provocará muertes que nunca son las de familiares de los dirigentes, de un lado u otro del espectro.

Con todo respeto, sin ánimo de ofender, es una historia demasiado triste y, por momentos, parece que están todos locos. La Argentina tiene una oportunidad única en estos tiempos: no hay amenaza militar, no hay amenaza de crisis económica. No ocurrió eso en un siglo. Hay plata y tiempo para reformar la educación, la salud, la ciencia, la infraestructura del país y cambiar la historia. Estaría bueno que, en el medio, no nos agarráramos a tiros por una medida fiscal de relativa importancia. Y que no revistamos de ideología, dignidad o lucha de clases lo que, simplemente, parece el reino de la estupidez, la ambición (de dinero, de poder), la exageración y la paranoia. Por momentos parece que el gran enemigo para el crecimiento de este país es la locura, que a ambos lados del espectro político se disfraza con conceptos ideológicos poco apropiados para lo módico que fue el disparador del conflicto.

Por supuesto, es más sencillo ubicarse de un lado o del otro. Calificar de traidor a todo el que duda o marca las incoherencias en ambas partes y alzar la bandera para que pase la farolera. En este país siempre hemos sido muy coherentes, siempre hemos tenido razón, siempre justificamos nuestra actitud en las barbaridades de los otros.

Y nos ha ido realmente muy bien.

¿O no fue así?