Ricardo Miguel Cavallo fue trasladado ayer al Juzgado federal Nº 12. El represor detenido revisó la documentación que hay en el expediente judicial como prueba en su contra y se llevó fotocopias de esos papeles.

La audiencia constituyó una ampliación de declaración indagatoria, en la cual Cavallo “ratificó que niega su participación en los hechos que se le imputan y que no conoce a las personas que aparecen mencionadas como presuntas víctimas”. Este capitán de corbeta retirado de la Armada, de 58 años, regresó al país extraditado desde España el lunes pasado para rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad que se le imputan por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Cavallo cumple prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz, donde hay un pabellón denominado “de lesa humanidad” que alberga a militares, policías y a un cura, todos acusados de graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Sobre Cavallo pesan acusaciones por su presunta participación en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vicenti.

El represor perteneció al sector de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2, donde las víctimas lo conocían como “Sérpico”, porque solía infiltrarse entre grupos de universitarios con militancia política y estudiantil. Sérpico nunca fue juzgado antes en la Argentina al amparo de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ya declaradas nulas. Pero su suerte cambió el 24 de agosto de 2000, cuando el periodista argentino José Vales, del diario mexicano Reforma, destapó el historial de Cavallo y el ex marino fue detenido en Cancún mientras intentaba huir en vuelo hacia Buenos Aires.