Mientras el Gobierno maneja la agenda sobre la instrumentación de las medidas anunciadas para los pequeños y medianos productores y la discusión de un programa más amplio con las entidades del agro, el Congreso trabaja en forma complementaria en un “Plan Nacional de Emergencia Agropecuaria”. El proyecto impulsado desde el kirchnerismo en la Cámara de Diputados prevé la reformulación del sistema de exenciones impositivas y de créditos en caso de emergencias hídricas en zonas rurales para que la ayuda económica alcance a las unidades productivas más chicas, casi siempre marginadas de los beneficios. Se crearía un fondo de 150 millones de pesos anuales, manejado por la Secretaría de Agricultura de la Nación y financiado con un impuesto a los derechos de exportación.

El martes que viene la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja comenzará a discutir la iniciativa “emergencia agropecuaria” del oficialismo, en caso de anegamiento y saturación de los suelos en distintas regiones rurales. El proyecto impulsa la creación de un fondo económico permanente –calculado en unos 150 millones de pesos anuales– que se recaudará con “un impuesto del 0,5 por ciento de todos los derechos de exportación de productos primarios secundarios agrícolas, ganaderos y forestales”. Su manejo estará a cargo de la Secretaría de Agricultura.

Según el borrador de la iniciativa, el fondo servirá también para desarrollar pequeños proyectos de infraestructura –con un costo estimado entre cien mil y un millón de pesos– para evitar el anegamiento de diferentes zonas productivas. A ese fondo se sumará “por ley” el aporte económico de la Jefatura de Gabinete, en caso de que la necesidad de brindar asistencia supere el importe de lo recaudado.

El proyecto apunta a cambiar el sistema de asistencia económicamente a los productores afectados. Hasta ahora, los beneficios impositivos o el acceso a créditos de bajo costo necesitaban previamente de la declaración de emergencia económica del Congreso para la zona afectada por un plazo determinado y a partir de allí la implementación de un proceso de desgravaciones impositivas y acceso crediticio.

“Un proceso al que finalmente accedían las empresas que tienen un equipo jurídico o quienes cuentan con ese soporte y no los pequeños y medianos productores. Este proyecto apunta a que la ayuda llegue rápidamente a todos los sectores afectados, no sólo con los fondos para superar la emergencia, sino también para recuperar el capital de trabajo”, apuntó a Página/12 el diputado cordobés Alberto Cantero Gutiérrez, autor de la iniciativa y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La iniciativa ya tiene el guiño del Gobierno para avanzar. De lograr un acuerdo con los bloques opositores –que estarían dispuestos a respaldar el proyecto–, el próximo martes, la carpeta pasaría a las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda para llegar finalmente al recinto. Los legisladores kirchneristas quieren aprobarlo como una contribución al trabajoso acuerdo que negocia el Gobierno con las organizaciones agropecuarias.