La lobbysta castrense Cecilia Pando activó su militancia desde que se reanudaron los juicios a los represores. Su nueva táctica es disputar el espacio de la Plaza de Mayo erigido por las Madres en símbolo de la lucha contra el terrorismo de Estado desde que el propio Jorge Rafael Videla usurpaba la Casa Rosada. Cada martes al atardecer una columna de la familia militar se dedica a pintar las baldosas reclamando justicia por los “muertos por la subversión” y bramar por la libertad de “los presos políticos” (sic). Entre una mayoría de esposas e hijas se suele ver también a oficiales retirados. El capitán de navío Ricardo Horacio Aumann, integrante del cuerpo de comando, es uno de los habitués a esas ceremonias. En los hechos, el marino está lejos de haber abandonado la actividad: es profesor en la Escuela de Guerra de la Armada. En su carácter de retirado en servicio, es decir recontratado, se dedica a formar a los oficiales que en democracia aspiran a la máxima jerarquía de la carrera militar.

El status de retirado en servicio es el atajo al que apelan las distintas fuerzas armadas para que los oficiales amigos puedan seguir cobrando el sueldo como si estuvieran activos. En la Marina, los conocedores de esos vericuetos burocrático-ideológicos aseguran que son alrededor de doscientos los uniformados que salieron por una puerta como retirados y al día siguiente fueron contratados. Muchos de ellos pertenecen a las promociones del jefe de la fuerza, almirante Jorge Godoy y del jefe de Personal, almirante Enrique Salvador Olmedo.

En los últimos meses, Página/12 reveló el caso del contraalmirante Roberto Pertusio, contratado como asesor permanente del Centro de Estudios Estratégicos –que preside Godoy–, mientras cumplía prisión domiciliaria por homicidios y secuestros durante la última dictadura. Pertusio fue profesor en la Escuela de Guerra hasta 2003. En 2006, fue detenido como uno de los responsables del centro clandestino que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata. A principios de marzo, fue trasladado a la prisión de Marcos Paz al serle revocado el beneficio de la prisión domiciliaria.

También eran retirados en servicio la mayoría de los oficiales-abogados destinados en el conocido Grupo de Contención dedicado a asesorar y apoyar legalmente a los camaradas involucrados en delitos de lesa humanidad. Ahora aparece Aumann, formador de las camadas que aspiran al Estado Mayor de la Armada y activo participante de las huestes de la esposa del mayor del Ejército, Rafael Mercado.

Pando cobró notoriedad a partir de la defensa del ex arzobispo castrense Antonio Baseotto y se transformó en el mascarón de proa de los sectores opositores al juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado. Pero no sólo eso: ella y su tropa aparecieron brindando apoyo y compañía al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich, asesor espiritual de Ramón Camps, condenado a cadena perpetua por su anuencia a secuestros, torturas y desapariciones. También se movilizaron a Corrientes para repudiar el juzgamiento de los oficiales del Ejército acusados de delitos de lesa humanidad y hace apenas diez días se movilizaron a Comodoro Py para solidarizarse con el militar que entregó a la hija de desaparecidos María Eugenia Sampallo a sus apropiadores.

Nuevas reglas

El Ministerio de Defensa viene tratando de limitar la arbitrariedad de los jefes de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea para recontratar a retirados. El artículo 62 de la Ley 19.101 para el Personal Militar, sancionada en 1971, permite que un oficial retirado sea reincorporado por el jefe del Estado Mayor de su Fuerza para cubrir vacantes. En febrero de 2007, la ministra Nilda Garré había firmado la resolución 216 en la que disponía que las solicitudes de alta y cese del personal militar en situación de retiro fueran puestas a consideración de la cartera a su cargo. A partir de esa norma cada solicitud debió ser acompañada por el legajo del agente, datos con el grado alcanzado y motivo del retiro, además de un informe elaborado por el jefe de la fuerza.

El marcado de territorio pareció no ser suficiente a la luz de lo sucedido con Pertusio y el Grupo de Contención. A fines de marzo pasado, una nueva resolución (288) estableció puntualmente que el proceso de designación del personal militar retirado para cubrir vacantes debe extenderse “cualquiera sea la naturaleza modalidad o título del vínculo bajo el cual se establece la relación entre la Institución y dicha persona, con independencia de que el carácter del vínculo sea o no remunerado” e instruye a los jefes de las FF.AA. para que procedan a la revisión de todas las designaciones vigentes del personal militar en situación de retiro o de baja hasta tanto se dé cumplimiento a estas nuevas disposiciones.

“Se debe asegurar que el personal militar en situación de retiro o baja que ejerce funciones en las dependencias a cargo de las Fuerzas Armadas sea idóneo y se ajuste a criterios y consideraciones de carácter profesional y ético para la función”, advierten los fundamentos de la resolución.

El revuelo en las Fuerzas Armadas por la orden de revisar y someter a consideración de la cartera política todas las recontrataciones es inocultable. Hasta ahora, paradójicamente, las funciones docentes eran uno de los atajos para contratar sin mayores requisitos a oficiales de dudosa o nula autocrítica sobre las atrocidades del terrorismo de Estado. Habrá que ver qué pasa con el activo capitán de navío retirado Aumann.