Un ejecutivo de Siemens afirmó que esa empresa alemana pagó 70 millones de dólares para quedarse con el contrato para reemplazar y digitalizar 47 millones de DNI durante el segundo gobierno de Carlos Menem. Se trata de un integrante de la sección de Asuntos Comerciales de la transnacional que declaró esta semana en el juicio que le inició el Estado alemán al gigante energético por el supuesto pago de más de 2100 millones de dólares en sobornos alrededor de todo el mundo.

Según publicaron ayer los diarios alemanes Süddeutsche Zeitung y Der Spiegel, el ejecutivo –cuyo nombre no fue divulgado– aseguró que en 1998 los directivos de la empresa ordenaron pagar los 70 millones a funcionarios del gobierno argentino para que “intermediaran” en la licitación, dirigida por el entonces ministro del Interior Carlos Corach. Los funcionarios argentinos, de quienes el testigo no dio nombre ni cargo, cumplieron y Siemens ganó el contrato, a pesar que las otras dos ofertas eran más atractivas.

Una de las empresas que participaron de la licitación, la israelí Malam Systems Ltd, denunció el “extraño proceder del Ministerio del Interior” y sus “arbitrariedades evidentes e incluso groseras” a favor de la empresa alemana. Según la denuncia, que nunca llegó a prosperar en los tribunales, Siemens logró el contrato gracias a recomendaciones de “funcionarios netamente políticos”, como el entonces director nacional de Migraciones, Hugo Franco, y el del Registro Nacional de las Personas, el ex coronel Eduardo D’Amico.

Pero en febrero de 2000, apenas meses después de asumir, el presidente Fernando de la Rúa suspendió el contrato con Siemens por “irregularidades técnicas” y por considerar que los costos eran demasiado altos. Cada DNI costaría 27 pesos/dólares, casi el doble de lo que venía gastando el Estado. En total, el contrato estaba valuado en 2160 millones de dólares. Después de varias rondas de negociación y a pesar de los esfuerzos de los alemanes, el ex mandatario decidió cancelar el contrato y dar por terminado el tema.

Fue en ese momento que, según la declaración del ejecutivo, el entonces presidente de Siemens, Heinrich von Pierer, autorizó “nuevas bonificaciones” a los intermediarios argentinos –si eran los mismos funcionarios del gobierno de Menem, no lo aclaró–. “Compórtense como soldados de Siemens”, les había dicho Von Pierer al ejecutivo devenido en testigo y a otro compañero. Al poco tiempo recibió la orden de girar otros 10 millones de dólares a una cuenta en Suiza para revivir el contrato con el Estado argentino. Según el testigo, los intermediarios argentinos lo aceptaron, aunque en principio habían pedido 27 millones.

A través de su abogado, Von Pierer rechazó las acusaciones y aseguró que no supo del pago de sobornos hasta el año pasado, cuando explotó el escándalo en Alemania. Pero ni él ni los otros directivos investigados niegan que la empresa haya pagado algunos millones extras para asegurarse licitaciones en Argentina y en casi todos los países en los que tienen proyectos.

A pesar de las intermediaciones y de las “bonificaciones” alemanas, el contrato de Siemens nunca se restableció. Por eso, en febrero del año pasado la corte del Banco Mundial, el Ciadi, ordenó al Estado argentino pagar 208 millones de dólares de indemnización. El tribunal internacional todavía está analizando la apelación del gobierno argentino.