La Cámara de Diputados vivía ayer la modorra que le sigue a un día extenuante, como el del miércoles. Una jornada que arrancó a media mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales y culminó ya entrada la madrugada del jueves en el recinto, cuando con 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones, fue aprobado el desafuero de Luis Patti, posibilitando que la Justicia volviera a encarcelar al ex policía procesado por crímenes de lesa humanidad. Los legisladores del oficialismo salieron al cruce de las críticas de los abogados del represor. “Aquí ya se tomó una decisión, que es de carácter irreversible. No hay marcha atrás y no es judicializable. Esperamos que sea la última vez que hablamos en la Cámara de Diputados de este criminal”, argumentó el kirchnerista Remo Carlotto.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales Graciela Camaño terminó su larga jornada del miércoles con un sabor agridulce. Su discurso como miembro informante del oficialismo fue aplaudido desde los palcos, desde donde siguieron la sesión los organismos de derechos humanos, militantes de las organizaciones sociales kirchneristas, los testigos que declararon contra el ex policía y familiares de las víctimas de Patti.

Pero varios diputados –Adrián Pérez (CC), Omar De Marchi (PDM) y Rubén Lanceta (UCR)– le recordaron en el recinto su militancia en el PJ bonaerense, el partido que a través de una lista colectora le abrió a Patti el camino para que fuera electo diputado. Las mismas críticas debieron soportar José María Díaz Bancalari y Jorge Landau. Por la mañana, Patricia Bullrich, otra fiel a Elisa Carrió, solicitó que se aparte de presidir la comisión por su parentesco con Dante Camaño, su hermano y diputado del Paufe que ocupó la banca de Patti.

Antes de la votación, Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, pidió que fuera nominal, es decir que cada diputado dejara constancia de su voto, para “que no haya dudas sobre el resultado” que dejaría a Patti al borde de su regreso a prisión. El radicalismo, dividido en sus posturas a favor y en contra del despacho oficialista, pidió permiso para abstenerse. Lo mismo hicieron los legisladores puntanos que responden a los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá. Ninguno de ellos quería aparecer como los diputados que entorpecerían el regreso a prisión del ex intendente de Escobar.

El tablero electrónico arrojó el resultado: 196 legisladores a favor del desafuero. Allí se juntaron los votos del kirchnerismo, sus aliados del radicalismo K y del Encuentro Popular; además de varias bancadas opositoras: la Coalición Cívica, el socialismo, el ARI Autónomo, parte del radicalismo y de otros bloques unipersonales. Sobre el final de la sesión y después de argumentar en contra, también votaron a favor del desafuero los legisladores del MPN.

De la vereda de enfrente, se encolumnaron los diputados presentes del PRO y los aliados del macrismo como Recrear y los demócratas mendocinos, los radicales Héctor del Campillo y José Ignacio García Hamilton y la única representante del Paufe que estaba en el recinto, Adriana Tomaz. Por la abstención votaron ocho radicales y tres diputados del Frejuli de los Rodríguez Saá.

Los diputados dividieron opiniones sobre el fallo de la Corte Suprema que le reconoció los fueros a Patti y se pronunció a favor de jura como diputado. El PRO, el Frejuli y parte de la UCR sostuvo que había que respetarlo a rajatabla. La CC sostuvo que “no degustaba”, pero que había que “respetarlo”. Otros, como el ARI Autónomo o Claudio Lozano lo cuestionaron porque sin la actuación previa de la Cámara de Diputados –“abriendo es espacio con garantías constitucionales”– los testigos no hubiesen hablado y no existiría la causa judicial que envió a Patti a la cárcel.

El jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, fue el encargado se sentar postura sobre el fallo de la Corte. “Debo confesar que no- sotros creíamos que la Corte iba a tomar un camino diferente, y que todas esas normas sobre las que después seguramente deberemos comenzar a trabajar y discutir en esta Cámara de Diputados para evitar que aquellos sospechados de haber cometido delitos de lesa humanidad puedan ser candidatos de algún partido político, no iban a ser necesarias porque la Corte iba a sentar jurisprudencia. Sin embargo, esto no ocurrió”. Rossi se comprometió a avanzar con los proyectos presentados por los distintos diputados –entre ellos, los de las diputadas (Silvana) Giudici (UCR) y (Victoria) Donda Pérez (EPS)–, que el oficialismo nunca quiso llevar al recinto.