El juez federal Norberto Oyarbide tendrá que hacerse cargo del caso Skanska, según le indicó una resolución de la Sala I de la Cámara Federal. El magistrado se había excusado de intervenir para evitar suspicacias porque en la agenda de uno de los ex funcionarios imputados, Fulvio Madaro, figuraba el número de teléfono de su secretaría privada. Para los camaristas, sin embargo, no era motivo suficiente para apartarse. La causa por las coimas y sobreprecios en la construcción de dos gasoductos ya pasó por cuatro jueces distintos desde que renunció Guillermo Montenegro, a fin de septiembre del año pasado. Desde aquel entonces está paralizada.

Antes de dejar la toga para ser ministro de Justicia y Seguridad de Mauricio Macri, Montenegro llegó a indagar como sospechosos a algo más de treinta imputados. Entre ellos figuran los ex funcionarios Néstor Ulloa, ex titular de Nación Fideicomisos, y Madaro, ex titular del Enargas, además de una decena de ejecutivos de Skanska y una larga lista de personajes vinculados con las facturas truchas que usó la constructora sueca para disfrazar sus pagos ilegales. Hasta ahora ninguno de ellos fue procesado, sobreseído o beneficiado con falta de mérito. Están en el aire.

En el ínterin, la causa pasó por los jueces Sergio Torres, Oyarbide y María Servini de Cubría. Ella pidió que se la quede su antecesor y la Cámara –con los votos de Eduardo Freiler y Eduardo Farah– le dio la razón. Así las cosas, una de las primeras decisiones que debería tomar Oyarbide es qué hace con los acusados. Entretanto, los mismos camaristas tienen que resolver –y no demorarían mucho más– otro asunto que atañe al mismo caso: si es válida como prueba la famosa grabación en la que un ex gerente de Skanska, que sería Javier Azcárate, reconoce ante el auditor interno de la compañía, Claudio Corizzo, que se pagaron coimas de un dos por ciento al fideicomiso del Banco Nación y de cinco por ciento al ente regulador del gas. En base a aquel diálogo, hallado en la computadora de Corizzo, fue que Montenegro ordenó las primeras indagatorias.

El ex juez calculó que se repartieron, por lo menos, 15 millones de pesos en coimas. El ex fiscal Carlos Stornelli, además, denunciaba más de 40 millones de dólares de sobreprecios. Sobre este tema, desde el juzgado nunca se avanzó. Tampoco hubo decisión alguna sobre otras indagatorias impulsadas por la fiscalía, como la del secretario de Energía, Daniel Cameron. Ahora todo queda en manos de Oyarbide.