Enfermeras y obstetras que trabajaron durante la dictadura en el Hospital Militar de Campo de Mayo relataron ante la Justicia que en ese establecimiento se atendía a mujeres embarazadas que estaban secuestradas. “Se encontraban con los ojos tapados con vendas y a veces encapuchadas”, afirmó una enfermera. “Después del parto se les daba una inyección con el objeto de que no tuvieran leche, pues aparentemente no les daban de mamar a los recién nacidos”, relató otra. Cuatro represores y tres médicos fueron procesados esta semana por la desaparición de nueve bebés y sus padres. Al jefe de la maternidad clandestina, el médico Atilio Bianco, lo busca Interpol.

El juez federal Alberto Suares Araujo procesó a los militares Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guañabens Parelló y Osvaldo García. Los médicos Jorge Habid Haddad, Ramón Oscar Capecce y Raúl Eugenio Martín corrieron la misma suerte. Los acusados quedaron comprometidos por la desaparición de nueve embarazadas que dieron a luz en Campo de Mayo, la de sus compañeros y sus hijos, además de otros delitos cometidos en ese centro clandestino de detención. La medida se concretó el lunes pasado, pero hasta ahora no había trascendido.

Entre las pruebas recolectadas por Suares Araujo, muchas aportadas por Abuelas de Plaza de Mayo, existen numerosos testimonios sobre el funcionamiento de la maternidad que se montó en el sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo.

En la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron al menos tres centros clandestinos de detención. Uno estaba ubicado en la plaza de tiro, próximo al campo de paracaidismo, y era conocido como “El Campito” o “Los tordos”. El segundo dependía de inteligencia y estaba en la ruta 8, frente a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. El último era la prisión militar de Campo de Mayo. Las mujeres que estaban en estado avanzado de embarazo eran llevadas al hospital en ambulancias o en automóviles particulares como un Ford Falcon, un Renault 12 blanco y otro celeste.

La obstetra Luisa Yolanda Arroche de Sala García dijo que en 1976 y 1977 atendió entre 20 y 30 mujeres embarazadas en Epidemiología. Vio a mujeres con las manos atadas y la cara tapada. Siempre había custodios. “En una oportunidad llevaron a un chiquito de 3 o 4 años a eso de las doce de la noche, pero al día siguiente ya no estaba. En otra oportunidad vi a tres criaturas al cuidado de una monja. No escuché comentarios sobre esos chicos, pero evidentemente eran hijos de subversivos”, aseguró.

Concepción Piffaretti fue enfermera auxiliar en Epidemiología. Aseguró que las mujeres que estaban internadas allí tenían los ojos vendados y a veces estaban encapuchadas y que no sabe sus nombres porque se las denominaba NN. “Las que tenían parto natural no volvían, sólo volvían las que tenían cesárea pero no estaban más de dos días”, afirmó.

Luis Eposto, técnico radiólogo y enfermero, afirmó que “una vez nacido el niño, las prisioneras embarazadas eran separadas de él e inmediatamente desaparecían con destino desconocido”. Y contó que todas las noches salía de Campo de Mayo un avión Hércules con rumbo sureste. Despegaba entre las once y las doce de la noche y volvía en menos de una hora, El comentario en el hospital era que “llevaba gente que era tirada al mar”.

Bianco, que formalmente era el jefe de Traumatología, era el encargado de llevar y traer a las mujeres y el jefe de la maternidad paralela. Este represor ya estuvo en prisión por la apropiación de dos menores a quienes anotó como hijos propios. Suares Araujo lo imputó por su rol protagónico en el plan sistemático de robo de bebés. El represor vive en Paraguay y faltó a la cita que tenía en Tribunales hace un mes. Pero entró y salió de la Argentina sin problemas, aun después de su fallida convocatoria judicial. Hace quince días, el magistrado pidió su captura internacional a través de Interpol y aunque se conocen su dirección laboral y la particular, el médico militar sigue en libertad. “Pedimos la colaboración del Ministerio de Justicia y esperamos que el arresto se concrete rápidamente”, señaló a Página/12 Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Luego de la detención, deberá empezar un proceso de extradición.

Todos los procesados quedaron detenidos en sus propias viviendas, excepto Raúl Martín, que fue alojado en la prisión militar de Campo de Mayo.