¿Qué tienen en común las políticas económicas de Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Rafael Correa y Evo Morales? ¿Qué las diferencia de los gobiernos de derecha de, digamos, Colombia o El Salvador, y qué las distingue del neoliberalismo de los ’90?

Al principio, algunos pensaron que el problema iba a ser el populismo fiscal, pero el tiempo demostró que no es así: Morales tiene el superávit más alto de la historia reciente de su país (4,5 por ciento), Correa cuida las cuentas públicas, Chávez expande el gasto, pero por debajo de los ingresos, y la política económica kirchnerista puede exhibir un superávit que envidiaría Domingo Cavallo. En un artículo publicado en la revista mexicana Nexos, el economista de la Cepal Juan Carlos Moreno-Brid ensayó un ejercicio de comparación simple pero interesante: promedió los saldos fiscales de los países bajo control de gobiernos de izquierda y los comparó con aquellos en poder de partidos de centro o derecha, y llegó a la conclusión de que los primeros tienen más superávit fiscal que los segundos.

La diferencia tampoco es el crecimiento. Según los últimos datos de la Cepal, los países latinoamericanos crecen todos, más allá de la orientación política de sus gobiernos, y en los primeros puestos se ubican tanto aquellos inclinados a la izquierda (Venezuela) como al centro (Perú) o la derecha (Colombia). Y tampoco son los impuestos. Pese a que la construcción de sistemas tributarios más progresivos ha sido uno de los ejes históricos de la agenda de la izquierda, el peso de los impuestos al consumo sigue siendo desmesurado en prácticamente todos los países: entre el 60 y el 75 por ciento.

¿Cuál es, entonces, el denominador común? Mi tesis es simple: la diferencia central es la decisión de los gobiernos de izquierda de apropiarse de una mayor porción del ingreso derivado de la exportación de productos primarios, que en todos estos países constituye la principal –y a veces única– fuente de riqueza. Esa es la línea invisible que los une y la verdadera diferencia con las políticas económicas de los ’90.

Diferentes caminos

Las estrategias seguidas por cada uno son diferentes. En 1998, cuando asumió el gobierno, Chávez se encontró con que Pdvsa estaba totalmente al margen de su control, dirigida por una gerencia que había hecho de la autonomía del poder político el eje de su gestión, y emprendió una dura batalla que solo concluyó cuando consiguió el control total de la compañía. Así se bolivarianizaron los monumentales recursos petroleros, equivalentes al 85 por ciento de las exportaciones.

En Bolivia, el 1º de mayo del 2006 Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos, teatralizada con la ocupación militar de los campos gasíferos operados por Petrobras. Más tarde, en octubre de ese año, decidió nacionalizar las minas de estaño y plata. Esto le permitió incrementar el presupuesto público en un 20 por ciento.

En Ecuador, Correa firmó un decreto que estableció que el 99 por ciento de las ganancias obtenidas por las empresas gracias a los precios extraordinarios del petróleo iría a parar al Estado, en lugar del 50, como ocurría antes. Después, en abril, consiguió que la Asamblea Constituyente votara una ley por la cual los recursos derivados de la exportación de crudo no se destinarían más, como hasta entonces, a una serie de fondos y fideicomisos intocables que funcionaban como garantía para el pago de la deuda externa, sino directamente al presupuesto, cuyo monto total se engrosó, según cálculos oficiales, en un 40 por ciento. Como Kirchner con las retenciones, Correa apeló a medidas impositivas que no alteraron la estructura de propiedad de los recursos.

En Chile, que suele mencionarse como el más neoliberal de los gobiernos progresistas de América latina, la situación no es tan distinta. Es cierto que allí no hubo nacionalizaciones, como en Venezuela o Bolivia, ni nuevos impuestos, como en Argentina y Ecuador, pero por el simple hecho de que desde 1971 el cobre permanece bajo control estatal. Codelco es una empresa pública cuyo presidente es el ministro de Minería. Y –dato interesante para quienes critican el rentismo venezolano– el año pasado representó el 40 por ciento de las exportaciones chilenas. Según estimaciones de su presidente, en el 2007 Codelco aportó al Tesoro chileno un millón de dólares ¡por hora!

Resistencia

Todos estos ejemplos demuestran que la decisión de apropiarse de un mayor porcentaje del ingreso es uno de los ejes de la política económica de los gobiernos posneoliberales. Y suena tonto decirlo, pero a veces conviene aclarar lo obvio: cualquier política en este sentido implica afectar intereses. Lo cual, a su vez, genera reacciones. No solo en Gualeguaychú. El caso más dramático es el de Venezuela. Cuando, en el inicio de su primer mandato, Chávez decidió apoderarse de Pdvsa, la gerencia de la compañía reaccionó con un paro petrolero al que luego se plegó la principal asociación empresaria (Fedecámaras) y la central sindical, que derivó en una huelga general que se extendió durante 63 días. Chávez importó petróleo de Medio Oriente, alquiló barcos, puso a militares a manejar las máquinas y logró derrotar a la conducción de la empresa, aunque a un costo enorme: ese año, el PBI cayó 14 por ciento. Pero la cosa no terminó ahí. En los meses siguientes hubo más huelgas, un intento de golpe de Estado, la ocupación de una plaza caraqueña por parte de un grupo de militares que reclamaban la renuncia del presidente y, finalmente, el referendo de 2004, en el que Chávez se impuso limpiamente.

En Bolivia la resistencia asumió otras formas. Al principio, la reacción indignada de Petrobras, que amenazó con retirarse del país si no se daba marcha atrás con la nacionalización, y del gobierno de Brasil, que hasta amagó con retirar a su embajador. Pero el agua nunca llegó al río y el núcleo opositor se fue trasladando a los departamentos de la Media Luna que, capita- neados por Santa Cruz, reclaman más autonomía y un mayor porcentaje de la renta obtenida de la explotación del gas ubicado en sus territorios. En Ecuador, la oligarquía exportadora de Guayaquil, golpeada por el vendaval antipolítico, no logró articular un movimiento creíble de oposición, al menos no en esta primera etapa, por lo que la resistencia a las políticas de Correa se concentra en las empresas y los bancos privados y algunos medios de comunicación. En Argentina, como cualquier adicto al bife de chorizo sabe bien, el desafío más importante a cinco años de hegemonía K es el movimiento de reclamo sectorial con cortes de ruta liderado por las cuatro entidades del campo.

Balances

La realidad latinoamericana ha cambiado. Por muchos motivos, desde las cláusulas democráticas de las instituciones supranacionales tipo Mercosur hasta las nuevas formas de modernidad líquida, que impiden un autoritarismo a la vieja usanza, el recurso al golpe militar ya no es una opción. Esto ha hecho que los sectores políticos, económicos y culturales que en el pasado tocaban el timbre de los cuarteles cuando un gobierno no les gustaba hoy transiten otros caminos. En los casos virtuosos, se reciclan en opciones políticas democráticas, cuyo mejor ejemplo tal vez sea la derecha de Sebastián Piñera en Chile o el PSDB en Brasil. Pero en otros casos la defensa de sus intereses asume formas menos claras, desde reclamos empresariales que luego derivan en un golpe de Estado que se niega a reconocerse como tal, como en Venezuela, a demandas autonomistas, como en Bolivia, o esa combinación de protesta sectorial con piquete que vivimos en Argentina. Muchas veces, lo que nace como un reclamo puntual por un tema determinado se transforma con el tiempo en un movimiento más amplio e indefinido, que a veces hasta olvida el motivo que lo originó.

Una advertencia necesaria: esto no implica un juicio de valor positivo acerca de las políticas económicas de los gobiernos mencionados. Chávez utiliza la gigantesca renta petrolera para ampliar las misiones sociales, pero también para donar combustible a la ciudad de Londres, comprar submarinos para evitar una improbable invasión estadounidense y fomentar la cooperación con Belarrús; Correa ha destinado parte de los nuevos ingresos a duplicar el Bono de Desarrollo Humano, pero también se gastó 3 millones de dólares en la construcción de Ciudad Alfaro, el edificio donde sesiona la Asamblea Constituyente y a cuya inauguración el presidente llegó montado a caballo; Kirchner sube las jubilaciones, pero también invierte en el tren bala y la obra social de Moyano. En realidad, la decisión de apropiarse de un porcentaje mayor de los recursos nacionales es una condición necesaria pero no suficiente para un buen gobierno. Es el principio, nunca el final de una política económica.

Pero así están las cosas. Siguiendo a Ernesto Laclau, la política supone, entre otras cosas, dos campos enfrentados. Marco Aurelio García, el asesor de Lula en temas internacionales, lo explica bien cuando dice que el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso y José Serra, no es un partido de derecha, pero es el partido de la derecha. En otras palabras, a veces no importa tanto la ideología de un partido o de sus líderes sino el lugar político en el que se ubican. La política, mal que les pese a algunos, no es nunca puro consenso. Pero tampoco puede ser pura confrontación. Exige siempre un balance, que no es un fruto divino que cae del cielo, sino el resultado de una determinada correlación de fuerzas que supone decisión y potencia, pero también negociación y cierta astucia para el timming, y que no se expresa en una fórmula matemática sino en un equilibrio complejo. Y transitorio: la fuerza de un momento puede ser debilidad en otro, así como las tácticas –y los hombres– que sirvieron en el pasado hoy pueden resultar completamente inútiles.