A la larga mesa del largo despacho del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky se sentarían el martes, a las 11, los cuatro presidentes de las organizaciones agropecuarias (Federación Agraria, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro) y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. El magistrado los convocó para establecer, en caso de que se vaya a una nueva huelga del campo, parámetros de lo que significaría abastecimiento y desabastecimiento. Seguramente Moreno traerá exigencias en cuanto a lo que considera una provisión mínima, pero Aguinsky está preparando otras cifras, en base a datos de consumo de los dos organismos de las Naciones Unidas, la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). La idea del juez es que haya un parámetro neutral. Si el encuentro es tranquilo, podría firmarse un acta para que los ruralistas exhiban ese compromiso mínimo judicial ante sus bases y Moreno sepa que no podrá imputarles nada a las organizaciones del campo si se cumple con el abastecimiento y la circulación mínima fijada. Por ahora, todas las partes han dejado trascender que el martes concurrirán al segundo piso del edificio de Avenida de los Inmigrantes.

Aguinsky interviene en el caso a raíz de una triple denuncia realizada por el titular de Fedecámaras, Rubén Manusovich, y dos abogados, Eduardo Barcesat y Eduardo Mantovani. Las imputaciones iniciales contra las organizaciones del campo incluían extorsión, coacción, entorpecimiento del tránsito interjurisdiccional y violación de la Ley de Abastecimiento. Las denuncias fueron primero al fuero federal, pero allí, de acuerdo con un dictamen del fiscal Carlos Rívolo, terminaron rechazadas las dos acusaciones más serias, la de extorsión y coacción. Entonces, el juez Norberto Oyarbide le giró al fuero penal económico la imputación relacionada con la Ley de Abastecimiento. En realidad, de acuerdo a esa norma, la Secretaría de Comercio, es decir, Moreno, debe imponer una multa y luego la organización afectada puede apelar ante el juez en lo Penal Económico. Y, según esa especialísima ley, un recurso contra lo decidido por el juez debe ser resuelto por la Corte Suprema, no por la Cámara en lo Penal Económico. O sea que Aguinsky podría haber tomado la decisión de no meterse, enviando la denuncia a Moreno para que éste resuelva las sanciones.

El magistrado ha hecho trascender que sostiene las posiciones de los filósofos del derecho Miguel Angel Ciuro Caldani y Carlos María Carcova, que se inclinan por una Justicia más activa y que promueve soluciones concretas. En este caso, además, afirma que existe una denuncia judicial y que actúa sobre el hecho denunciado, ya que la huelga que está por venir es una continuidad de la anterior, a raíz de que lo único que existe actualmente es una tregua. Aguinsky también habla de derecho preventivo y disuasivo, también orientado a evitar un delito.

Respecto de las tres denuncias sobre el paro del campo de marzo, efectivamente también Aguinsky tiene que pronunciarse. Como la Ley de Abastecimiento sostiene que el organismo de aplicación es la Secretaría de Comercio, el magistrado enviará allí, a Moreno, el expediente. Lo que dice el juez es que la audiencia del martes permitirá a los ruralistas, si es que concurren, posicionarse mejor en el caso. Es una especie de audiencia preliminar en la que podrán exponer sus argumentos y en el juzgado creen que tal vez el lunes los abogados de las partes pueden avanzar en la preparación del encuentro.

De entrada los dirigentes agropecuarios consideraron la citación judicial como un apriete. La reacción inicial se atemperó en los últimos días, teniendo en cuenta que la convocatoria, al menos en los términos planteados por el magistrado, no parece destinada a imponer una sanción a los ruralistas. Es más, está claro que están en su derecho de no concurrir. Como en el caso de Shell, la polémica sobre la vigencia de la Ley de Abastecimiento va para largo. El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, dictaminó en octubre pasado que esa norma está vigente y, por ahora, nadie lo contradijo.

El otro expediente relacionado con el campo, el que tiene que ver con el dirigente entrerriano Alfredo De Angeli, va camino a quedarse en la nada. De Angeli sostuvo que los ruralistas estaban armados, algo ya incomprobable por la Justicia porque ocurrió hace un mes. Y en cuanto a la incitación a la violencia, será difícil de probar por cuanto el dirigente ha dicho que fue mal interpretado. En los tribunales de Comodoro Py todos coinciden en que esa causa no va a prosperar.