Felizmente superados los achaques de una salud quebrantada, aunque con la voz afónica, y por momentos casi con el aliento que lo hacía aún más imponente, el embajador de Uruguay en Ginebra, el jurista Alejandro Artucio, presidió la semana pasada la sesión en que las Naciones Unidas examinaron el cumplimiento por Argentina de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Nuestro país estaba representado por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, por el embajador en Ginebra, Alberto Dumont, por varios funcionarios del servicio exterior y de la Secretaría de Derechos Humanos, entre ellos quien escribe esta nota.

Artucio hizo a un lado el protocolo y recordó ante los 47 Estados miembro del Consejo, numerosos países observadores, ONG, periodistas y público, las épocas de la militancia común en el exilio latinoamericano en Europa de él mismo, de Duhalde y del autor de estas líneas.

La sesión se desarrollaba ahora en una de las salas en que se reunía por entonces la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en plena dictadura militar argentina, representada en ese recinto por Gabriel Martínez, el jefe de la diplomacia militar. Y como constataba el embajador Artucio, el azar, que a veces hace bien las cosas, reunía 32 años después como representantes de gobiernos democráticos, en el mismo lugar, en funciones oficiales, a quienes habían sido, como miembros de ONG, denunciantes de los crímenes atroces del terrorismo de Estado.

Nuestro país, a través de la Cancillería y de nuestra Misión en Ginebra, está estrechamente vinculado a la ingeniería política e institucional de esta nueva experiencia onusiana, el “examen periódico universal” (de la observancia de los derechos humanos) por el que deben pasar los 192 Estados miembro de la organización mundial, empezando por los que, como Argentina, han formado o forman parte del Consejo de Derechos Humanos.

El examen dura tres horas. Un gran reloj electrónico indica en la pared a la izquierda de la presidencia el tiempo asignado ineluctablemente al Estado examinado –en este caso la Argentina–, una hora, y a los Estados miembro y observadores (dos horas).

Duhalde pronunció el discurso inicial que reseña las políticas públicas de derechos humanos en las dos últimas gestiones de gobierno. Luego Mattarollo, Andrea Gualde (Asuntos Internacionales) y el asesor jurídico Ciro Annichiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos, contestaron las preguntas que los Estados habían hecho llegar por escrito. Por último llegó el momento crucial de la sesión, el llamado “diálogo interactivo” en el que los Estados preguntan sin ningún anuncio previo. Intervinieron en esta etapa final 31 Estados que plantearon con frecuencia varias cuestiones cada uno.

Todos los Estados sin excepción elogiaron las políticas de lucha contra la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos en la Argentina actual. Es explicable. Argentina ejerce un liderazgo indiscutido en la lucha contra la impunidad conforme a los muchas veces no escuchados llamados de las Naciones Unidas a investigar y juzgar a los autores de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos.

Pero éste es un ejercicio de luces y sombras que en el caso de Argentina se alejó de ese formalismo que se conoce como “la lengua de madera de las organizaciones internacionales”.

En efecto, en gran parte las preocupaciones de los Estados, que se referían a la cara oscura de los derechos humanos en estas latitudes, ya habían sido adelantadas por la presentación autocrítica de la delegación argentina: detención preventiva prolongada, hacinamiento en las cárceles, demora en sancionar un nuevo régimen penal juvenil, indispensable refuerzo de la protección de testigos, insatisfactoria respuesta a la violencia contra la mujer, insuficiente protección de los pueblos originarios, brechas abismales en la distribución del ingreso.

Las recomendaciones formuladas por los Estados pueden ser aceptadas o no por el Estado examinado. Nuestro país recibió 21 recomendaciones –en su mayor parte sobre las cuestiones antes mencionadas– y se dispuso a acatarlas todas –a diferencia de otros Estados que rechazaron observaciones o que reservaron enteramente su opinión para más adelante–. Ahora viene el momento del seguimiento de esas obligaciones.

Además, todo país examinado puede formular compromisos voluntarios, cosa que hizo nuestra delegación en distintos aspectos. Algunos países, por ejemplo, trataron de debilitar el papel de las ONG en el ejercicio, y propusieron que no se incluyeran en la página web oficial los informes originales de dichas asociaciones. Nuestra delegación, por el contrario, se comprometió a reforzar el papel de las ONG, a todas las cuales rindió un homenaje que sintetizó con la mención de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Es que la Argentina, con el liderazgo que se le reconoce en la materia tanto en el plano universal como regional, está desempeñando un importante papel de moderación y equilibrio constructivo dentro de los organismos multilaterales, algo que rara vez se muestra cuando se pretende que las políticas de la actual gestión están caracterizadas siempre por la estridencia, tanto en el plano interno como en el internacional.

En todo caso el único momento de tensión en toda la sesión fue cuando la delegación argentina rechazó en términos severos las pretensiones del Reino Unido sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en respuesta a la innecesaria provocación de Londres de incluir a las islas del Atlántico Sur entre los territorios en que ejerce soberanía.

* Ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación.