La número dos del Fondo Monetario, Anne Krueger, lanzó la advertencia al gobierno de Duhalde de que no debe siquiera evaluar la posibilidad de entrar en cesación de pagos con los organismos internacionales, aunque se siga demorando el acuerdo con el FMI. “Las autoridades son muy conscientes de los castigos económicos que tendrían si se aislaran de la comunidad financiera internacional”, amenazó Krueger. El 15 de octubre próximo vencen 800 millones de dólares de deuda con el Banco Mundial, que legalmente no pueden prorrogarse si no hay acuerdo con el Fondo para esa fecha. Y como desde Washington ya anticipan que no lo habrá, al Gobierno le quedan sólo dos caminos: pagar con reservas del Banco Central que hoy ascienden a 9500 millones o ingresar en default también con los organismos internacionales.
En los últimos días, desde el equipo de Lavagna lanzaron la señal de que no se seguirán utilizando las reservas para pagar a los organismos (se les depositaron 3000 millones de dólares en lo que va del año), porque eso significaría debilitar la posición del Gobierno para controlar al dólar. Ayer Krueger le contestó sin suspicacias: “Si usan las reservas, continuarán al día con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, etcétera, entonces no habrá castigos económicos”, advirtió. Sin embargo, los acreedores no tienen mucho que embargarle al gobierno argentino. En cambio, tanto el Banco Mundial como el BID podrían verse muy perjudicados por un default argentino. Washington quiere asegurarse de que el gobierno argentino no se saldrá del libreto. Pero, al mismo tiempo, no tiene intenciones de aflojar la cuerda que, por momentos, parece estar a punto de ahorcar a la administración Duhalde.
Ayer, durante una conferencia de prensa preparatoria de la Asamblea anual –que empezará a fines de la semana próxima–, Anne Krueger volvió a dejar en claro que todavía no hay acuerdo a la vista. “Creo que las autoridades argentinas han hecho algunas cosas para que sea más posible llegar a un acuerdo y seguimos esperando que podamos avanzar, pero no estamos ahí de momento”, explicó. Insistió con que “no hay consenso” político alrededor de las condiciones que reclama el Fondo. Y repitió el argumento esgrimido desde la semana pasada por el secretario del Tesoro, Paul O’Neill: “No han armado todavía un paquete de medidas económicas que creamos que pueden cumplir”.
Pero como nunca antes esta vez lanzó una amenaza concreta. Hace dos semanas, en un reportaje con este diario, el ministro Lavagna insinuó que no se pagarían más vencimientos a organismos internacionales con las reservas del Banco Central. “Vamos a proteger las reservas”, afirmó, y explicó que eran el “único patrimonio” con que cuenta el Estado argentino para estabilizar el mercado cambiario. En los últimos días, distintos colaboradores del ministro ratificaron esa decisión, que incluso es compartida por los principales consultores económicos locales. La advertencia de Krueger es una respuesta directa a esa estrategia, que tiene nerviosos a los burócratas de Washington.
En lo que va del año, el Gobierno pagó, con reservas del Banco Central, unos 3000 millones de dólares a los organismos internacionales. Sin embargo, desde julio, los grandes vencimientos con el Fondo Monetario fueron refinanciados a un año, mientras que no hubo pagos importantes que hacer al Banco Mundial y al BID. Estos dos organismos, por estatuto, no pueden refinanciar los vencimientos con el país mediante una decisión de sus respectivos directorios, a menos que exista previamente un acuerdo global con el Fondo Monetario. Por eso, hay en el horizonte un “Día D”: el 15 de octubre. Para esa fecha, si no hay acuerdo cerrado con el FMI, entonces Argentina debería desembolsar 800 millones para pagar un vencimiento del Banco Mundial. Hasta fin de año tendría que abonar otros 1500 millones, entre vencimiento con el BM y el BID. Si Lavagna no quiere seguir dilapidando las reservas con el modesto fin de seguir participando del juego, entonces tanto el Banco Mundial como el BID deberían declarar al país en default. Pese a la amenaza de Krueger, no son muchos los “castigos económicos” que podrían caer sobre el gobierno argentino, al menos en relación a los que ya se sufrieron frente al default con los acreedores privados. Legalmente, la situación no sería muy distinta de la actual. Los acreedores, sean organismos o privados, sólo podrían pedir el embargo sobre un conjunto limitado de bienes del Estado en el exterior.
El motivo principal es que al Estado ya no le queda mucho que perder, porque ya lo perdió casi todo: las aerolíneas que viajan al exterior son privadas, ya no hay empresas públicas que ejecutar, los edificios de las embajadas tienen inmunidad y no hay ninguna exportación estatal (a diferencia de Chile, donde las ventas de cobre representan el principal ingreso fiscal). Solo quedaría un reducido número de bienes: por ejemplo, las oficinas del Banco Nación en el extranjero, aunque éstas se han venido achicando en los últimos tiempos. Los bienes del sector privado, ya sean exportaciones o propiedades de empresas argentinas en el extranjero, no pueden ser pasibles de embargos por decisiones tomadas por el Estado.
El gran “castigo” para el Gobierno sería no poder acceder a nuevas líneas de prefinanciación de exportaciones. De hecho, Lavagna manifestó en más de una oportunidad que esperaba contar con una línea de 2000 millones de dólares para este fin una vez cerrado el acuerdo. Pero por sobre todas las cosas, el problema principal vendría por no poder recuperar los 3000 millones de dólares ya pagados a los organismos, una posibilidad abierta en las negociaciones. Además, obviamente, por los próximos 2 o 3 años, Argentina no podría volver a pedir nuevo financiamiento por ninguna de las ventanillas de Washington: el FMI, el Banco Mundial y el BID.
Sea como fuere, lo que está claro es el perjuicio que implicaría para el BID y el Banco Mundial tener que declarar en default a Argentina. El 19 por ciento de los préstamos (activo) del BID están colocados en el gobierno argentino, lo que representa el 65 por ciento de su patrimonio. En el caso del Banco Mundial, el 8 por ciento de su cartera está prestada a Argentina, lo que representa un 18 por ciento de su patrimonio. Una buena porción de esa deuda ya fue previsionada, pero pasarla íntegramente a la columna de pérdidas del balance provocaría un terremoto en Washington.