El plan de lucha de las cámaras patronales agropecuarias asumió sin disimulo su carácter político. La identificación entre los latifundistas y la Patria propuesta por el presidente de Confederaciones Rurales, Mario Llambías, a sugerencia de una consultora contratada; el tractorazo en el Chaco y la preparación de un acto que se pretende masivo en Rosario nada menos que el 25 de mayo, la contratación de empresas de telemarketing para invitar con grabaciones telefónicas a cacerolear, la presión sobre gobernadores, legisladores e intendentes, las descalificaciones al ex presidente Néstor Kirchner por parte del mismo Llambías y de Eduardo Buzzi, las amenazas e intimaciones a la presidente CFK del energúmeno de Gualeguaychú, el intento de sectorizar la escarapela argentina como estandarte de una facción exceden todo lo concebible en un conflicto sectorial.

Es la política, estúpido

Con el precio actual de la soja, la movilidad lleva las retenciones al 39 por ciento, apenas 4 por ciento más que con el sistema anterior. Las concesiones que los negociadores patronales ya obtuvieron del Poder Ejecutivo implican un beneficio superior. Por lo tanto, ninguna racionalidad económica explica la virulencia de un movimiento de contenido político, similar al que enfrenta el gobierno boliviano de Evo Morales y a los que padecieron antes el presidente de Venezuela, Hugo Chávez y el de Ecuador, Rafael Correa. Cada uno tiene sus características nacionales propias, pero en todos los casos expresan el cuestionamiento de los sectores tradicionales de poder y de sus aliados externos contra procesos populistas que cuestionan el discurso único del neoliberalismo y el alineamiento automático con la superpotencia. Esto no califica el desempeño de cada uno de esos gobiernos ni vaticina un desenlace. Apenas define un campo de tensiones y antagonismos en el que cada uno se ubica.

El espejo boliviano

En Venezuela, en abril de 2002, fueron los mandos militares junto con la clase empresarial y el apoyo explícito de la cancillería estadounidense quienes derrocaron y arrestaron al coronel Chávez. Luego, una interminable huelga petrolera cuestionó las atribuciones de un gobierno legítimo para administrar la principal empresa del país. La pugna duró un año, en el cual el Producto Interno cayó en forma abrupta, pero permitió al gobierno recuperar la capacidad de decisión que le negaban. Según los informes que el gobierno de Ecuador transmitió al de la Argentina, en la destrucción de un campamento de las FARC en marzo de este año se empleó el mismo tipo de bombas que cubrieron de cráteres Afganistán y que sólo pueden ser arrojadas por aviones estadounidenses. En Bolivia, la rica burguesía agropecuaria y petrolera de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y el Beni plantea la secesión bajo capa de autonomía, para no compartir los recursos naturales con la mayoría indígena que llevó al palacio Quemado a un sindicalista aymara. Al estilo de las cámaras patronales argentinas, los activistas dirigidos por Eduardo Costas y Branco Marinkovich cuestionan un impuesto al petróleo que el gobierno usa para pagar una asignación a todos los ancianos que hasta ese momento carecían de amparo. Morales respondió al desafío aceptando someter su mandato a un referendo revocatorio, para que el pueblo decida si debe continuar en la presidencia. Lo mismo hizo Chávez, con éxito, a instancias del ex presidente argentino Néstor Kirchner. La idea de una consulta popular para que todo el pueblo se pronuncie sobre el veto que la dirigencia rústica intenta colocar a la capacidad de decisión de CFK, constituiría una salida democrática a un desafío autoritario. Las encuestas más recientes que han circulado en despachos oficiales muestran un pequeño descenso de la adhesión popular. Según OPSM, el apoyo a CFK se redujo del 65,9 al 63,7 por ciento entre marzo y abril, mientras Analogías detectó que el 40,5 por ciento de los consultados opinan que el gobierno tiene razón en el conflicto por las retenciones, contra el 30,3 por ciento que se la asigna a los piqueteros. El 67,9 por ciento se declara de acuerdo o muy de acuerdo con las retenciones. Para Roberto Bacman, del Centro de Estudios para la Opinión Pública, CEOP, el 69 por ciento está en contra de los cortes, el 48 por ciento considera justas las retenciones y el 76 por ciento aprueba los reintegros a los productores menores. Son números dispersos, provienen de muestras distintas, por lo que sólo sirven como un marco de referencia contrastante con el estrépito radial y televisivo, que sugiere un Apocalipsis inminente.

A partir de 1983 Raúl Alfonsín y sus sofisticados asesores en cultura democrática inspiraron diseño y discurso en los procesos de transición de la Europa de posguerra, con especial acento en España, Italia y Alemania. A poco andar quedó claro que hubiera sido mucho más conveniente fijarse en lo que sucedía en Bolivia, un país cuyas crisis suelen anticipar las de la Argentina, aunque esto ofendiera la conciencia blanca de esos ilustres consejeros. Durante los últimos encuentros de recomposición de relaciones entre las cancillerías de Washington y Buenos Aires, los funcionarios estadounidenses sostuvieron que su principal problema en Bolivia era que no tenían allí ninguna incidencia y ni siquiera sabían qué estaba ocurriendo. Conviene poner en duda esa manifestación. Morales denunció que el embajador de los Estados Unidos y otro funcionario de su equipo actuaron en Kosovo durante la secesión que condujo a la guerra civil entre varias naciones que formaron parte de la Federación Yugoslava y que intentan repetirlo en el corazón de Sudamérica.

La Argentina invisible

En abril, el periodista Richard Gott publicó un esclarecedor artículo en el diario londinense The Guardian sobre la composición étnica de la Argentina. Gott entrevistó al genetista Daniel Corach (el primo bueno), cuyas investigaciones indican que el 56 por ciento de la población actual del país tiene sangre indígena. A una conclusión similar había llegado desde la crítica literaria la ensayista venezolana Susana Rotker. “No somos tan europeos como creemos” explica Corach, quien durante más de una década examinó el ADN de 12 mil personas en once provincias. Según el investigador de la Universidad de Buenos Aires, 20 millones de argentinos son de origen indígena mientras apenas 16 pueden remontar sus ancestros a Europa. Con una percepción ausente en la prensa local, Gott vincula estos datos con el proyecto del bicentenario y con la decisión de Cristina de acelerar la integración del país a un continente que rechaza las tradiciones de sus colonizadores blancos. Sin tendencia al indigenismo radical, las actitudes de los últimos días marcan un fuerte contraste: mientras los bien comidos patrones rústicos reincidían en su populismo carretero, la presidente visitó en Jujuy la agrupación barrial y cooperativa de construcción de viviendas y costura de uniformes y guardapolvos Túpac Amaru, conducida por una mujer, Milagros Sala, y el jefe de gabinete, Alberto Fernández, recibió en la Casa de Gobierno a representantes del Frente Nacional Campesino, del que forman parte el MOCASE santiagueño, el MOCAFOR formoseño y organizaciones similares de Jujuy y Misiones. La experiencia organizativa de la Túpac Amaru fue postulada como modelo en el país por Víctor De Gennaro, ex secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos quien impulsó la designación de Sala como Secretaria de Acción Social de la CTA, cuya personería gremial sigue empecinado en negar el gobierno, en aras de una alianza con la CGT. El diálogo con el Frente Nacional Campesino refleja la voluntad de impedir que la flamante subsecretaría de De- sarrollo Rural y Agricultura Familiar sea capturada por la Federación Agraria, cuyos afiliados han intervenido en el desalojo violento de familias campesinas para substituir con soja transgénica sus cultivos de subsistencia. “Se me encoge el corazón cuando los veo a ustedes, pobres de toda pobreza, porque son la contracara de las minorías egoístas e insolidarias que nunca comprendieron el país ni lo comprenderán”, dijo CFK en Jujuy, luego de que sus anfitriones advirtieran que además de derechos tenían obligaciones con el país. Una consecuencia positiva del conflicto es el nuevo interés que el gobierno ha puesto en democratizar la comunicación. Ése es el sentido del trabajo que están coordinando Gabriel Mariotto y Carlos Zannini para sancionar una nueva ley de servicios audiovisuales, luego de una vasta ronda de consultas, en la que CFK escuchó todas las posiciones, incluida la de las cámaras patronales cuya curiosa lógica sostiene que el ingreso de nuevos actores al espectro limitaría la libertad de expresión. También se destaca un proyecto de ley de derecho a rectificación o respuesta presentado por los diputados kirchneristas Edgardo Depetri, Adriana Puiggrós, Adela Segarra, Claudio Morgado, Ariel Pasini, Luis Ilarregui, Edith Llanos y Claudia Bernazza. Ese derecho está contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos y no se incluyó en forma explícita en la Constitución de Olivos por presión de las cámaras empresariales de medios de comunicación. El proyecto es cuidadoso, porque sólo permite rectificar informaciones falsas o agraviantes, pero no habilita a responder sobre opiniones, ideas, creencias, ideologías o convicciones. A desacreditar este tipo de iniciativas democratizadoras tiende una repugnante operación de inteligencia contra el gobierno, que consistió en hackear las computadoras de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y de su principal accionista, Héctor Magnetto. De allí extrajeron archivos íntimos, como contratos de servicios o fotos familiares, que les fueron enviados a ellos mismos con la firma falsa de la agrupación juvenil Cámpora, que orienta Máximo Kirchner. La exasperada polémica cotidiana entre el gobierno y los grandes medios favorece la erupción de esas bocas del infierno. Tampoco ennoblece la posición oficial en la puja con Clarín el recurso a los medios malhabidos de un mercenario en alquiler a cualquier gobierno, hoy a órdenes del ministerio de Planificación.

Un discurso perverso

La identificación de un sector con la Patria y sus símbolos y la consecuente descalificación del resto fue una constante en el discurso hegemónico durante el largo medio siglo de gobiernos de facto. Si el Ejército se pretende “glorioso partero de la historia, anterior a la Patria”, como dijo hace dos décadas el general José Caridi, y si “nuestras Fuerzas Armadas nacieron a la sombra de la Cruz”, según predicó hace medio siglo el primer vicario castrense, Fermín Laffite, para la Sociedad Rural “cultivar el suelo es servir a la Patria”. Su presidente, Luciano Miguens, quien no tiene inhibiciones para decir lo que piensa, explicó al anunciar la segunda etapa del plan de lucha, que lo que sobra de las exportaciones de carne puede volcarse al consumo interno. Ése fue el criterio que rigió desde el derrocamiento de Perón, en 1955, con las políticas de veda al consumo, mientras se atendía al mercado internacional. Más perverso es el discurso de Eduardo Buzzi, a quien no se le mueve un músculo mientras plantea la redistribución del ingreso, sentado a la derecha de Miguens, quien le pidió que fuera el vocero del grupo. Cualquier crítica a las falencias de la política oficial es admisible, porque no le han faltado ni errores ni horrores, pero un dirigente que se reclama popular no puede aliarse con lo peor de la historia argentina, con los enemigos históricos de su propia entidad, para confrontar con el primer gobierno que en medio siglo puso en debate la apropiación individual de la riqueza generada por procesos colectivos, ni subordinar la trabajosa posibilidad de un acuerdo a las conveniencias de una interna política en su organización. La agenda que Fernández llevó a la última reunión dice “analizar las condiciones de funcionamiento de los mercados a término”. Convertir esa frase tan taxativa en una promesa de cambio del mecanismo de retenciones móviles se parece demasiado a una provocación.

A dónde apunta el índice

El jefe de gabinete también anunció el jueves que desde el 1° de mayo entró en vigencia un nuevo mecanismo de medición del Indice de Precios al Consumidor. La nueva canasta comprende los productos que consumen dos tercios de la población y equivalen a las tres cuartas partes de todos los bienes y servicios. Quedan afuera los consumos suntuarios del primer decil de la población y los de subsistencia del último. Su razonabilidad no ha sido cuestionada por ningún técnico. Sin embargo, el índice que ahora se dio de baja, es el mismo que midió una baja inflación entre 2003 y 2005, y su problema no fue técnico sino debido a la manipulación iniciada en el año electoral. Hace unos meses, cuando Clarín publicó que el nuevo índice experimental medía menos que el vigente, desde el gobierno se lo señaló como una operación dirigida a destruir su credibilidad antes de que naciera. Tal vez. Pero ¿qué pasará si el nuevo índice, realizado bajo la conducción de los mismos funcionarios que destruyeron la confianza pública en el INDEC, sigue oscilando entre 0 y 1? El gobierno ha sido reacio a admitir que esa discrepancia entre el dato oficial y todos los privados (e incluso los públicos de algunas provincias) no sólo generó inflación por expectativas, sino que también mermó la confianza en cualquier palabra oficial, sobre cualquier tema. Por eso preserva a quien se encargó de ese maquillaje, ya grotesco por el rímel corrido.

Escándalo en ciernes

El jueves, la presidente dirigió una dura intimación al secretario de Comercio Interior luego de recibir una medición de los altísimos precios de la canasta básica en una subsidiada cadena de supermercados. Colaboradores del ex ministro Martín Lousteau sostienen que entre los acuerdos no escritos figura que los hipercomerciantes le avisen al funcionario cuando algún proveedor incrementa en forma desmesurada sus precios, para que pueda exigirle una retracción inmediata. A cambio, no controlaría como es debido a esas grandes cadenas de comercialización, que constituyen uno de los núcleos del problema, dada la alta oligopolización. Hace una semana CFK comunicó en un discurso que había ordenado al secretario de Comercio que en la publicidad de supermercados constara la cantidad de artículos disponibles de cada oferta. Esto sugiere que descubrió uno de los trucos con que fue distraída en los primeros meses de su gestión: la oferta se limitaba a pocos centenares de unidades. Esta semana, luego de ver los precios de una cadena, CFK pidió una comunicación telefónica. “Guillermo, quiero que me explique esto”, dijo con severidad. Al día siguiente se recibió en la Casa de Gobierno un pedido de audiencia de los directivos de otra cadena, multinacional. “Nos amenazó, dijo que sabía dónde estudiaban nuestros hijos. Esto se aclara o habrá un escándalo internacional”, anunciaron. La audiencia tendrá lugar mañana o el martes. No es la única contrariedad que aguarda al funcionario. Dentro del paquete del bicentenario, junto con la modificación del precio fijo para la soja por encima de una cotización externa de 600 dólares la tonelada, se enmendaría el esquema de retenciones a los combustibles vigente desde la primera semana de febrero, que ha logrado desabastecer los surtidores y paralizar ya 26 torres de exploración petrolera de Repsol, a pesar de la alardeada “argentinización”: cuánto más sube el barril en el mercado internacional, menor es el precio que se les reconoce a las empresas dentro del país. Cuando se estableció el barril estaba a 89 dólares y Repsol podía venderlo en la Argentina a 46. Ahora trepó a 122 y el precio interno cayó a 35 dólares.