A medida que fueron pasando los días y se fue extendiendo el conflicto con un sector dominado por la trama multinacional sojera fue quedando en evidencia que la batalla se concentró en el campo político. Los aspectos económicos de la puja por el esquema de retenciones móviles, pese a los reiterados discursos de un variopinto elenco de dirigentes agropecuarios, han quedado como lanzas para fortalecerse en la que hoy se ha convertido la pelea principal, que es la política. A lo largo de esta extensa crisis, si existiera capacidad de dejar a un costado las frases ardientes de unos y otros, se estaría en condiciones de observar la cantidad de acuerdos que ya se habían definido, así como también las concesiones otorgadas a las entidades que representan a una fracción del campo. Para protagonistas extremos de una negociación resulta evidente que nada será satisfactorio y así lo seguirá siendo más allá de las convocatorias al diálogo porque ese comportamiento de a todo o nada es parte constitutiva de su esencia para seguir estando en los primeros planos del escenario. Cuando la euforia de unos pocos y la incertidumbre de muchos comiencen a descender, si prevalece la racionalidad y la vocación de respeto a las instituciones democráticas, se podrá evaluar la serie de cesiones realizadas por el Gobierno. Algunas han sido a partir de reconocer deficiencias en la elaboración de una política global para la actividad agropecuaria, carencias que se fueron acumulando en los últimos años y que hicieron eclosión con el anuncio del sistema de retenciones móviles. Otras fueron entregadas por el daño generado por el lockout del desabastecimiento que puso a la defensiva a la administración kirchnerista. Siete medidas revelan ese retroceso, que no necesariamente implican las bases para construir un modelo agrario mejor, pese a que algunos dirigentes pueden considerarlas cucardas para ser exhibidas, como la renuncia de un ministro de Economía. Esas iniciativas fueron:

1 Sistema de compensaciones para los pequeños productores de soja y girasol con devolución de un porcentaje de retenciones.

2 Sistema de compensaciones en el flete para pequeños productores.

3 La creación de la Subsecretaría de De-sarrollo Rural y Agricultura Familiar.

4 Apertura parcial de las exportaciones de carne.

5 Sistema para que el productor reciba el precio pleno del trigo.

6 Ajustes en el régimen de retenciones móviles al establecer un techo, además de la disminución de la alícuota marginal que había sido fijada en 95 por ciento para un precio de la soja por encima de los 600 dólares la tonelada. De esta forma volverá a funcionar el mercado a futuro de cereales.

7 El jubileo de una deuda de 710 millones de pesos con el Banco Nación que beneficia a unos cinco mil pequeños productores que están en categoría “incobrable” y con riesgo de ejecución de sus campos. La entidad financiera estatal transferirá ese pasivo a las provincias donde residen esos productores a cambio de un bono a veinte años, pagadero recién el último año. Las provincias se ocuparán de cobrar esa deuda. Nadie piensa que vaya a haber mucho empeño en esa tarea.

Esas medidas y otras en las que se había avanzado, como una suba de poco más de 20 centavos en el precio de la leche al tambero por las entregas a las usinas o la disminución de aranceles para la importación de fertilizantes, estaban conversadas antes de la ruptura provocada por el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. Se suma a ese panorama la mencionada renuncia del ministro Martín Lousteau, aspecto que no es menor teniendo en cuenta la importancia que ese puesto ha tenido en la historia argentina. Pocos antecedentes existen que sectores ajenos a la propia fuerza que gobernaba hayan podido forzar la dimisión de un ministro de Economía.

Este saldo provisorio de un conflicto que ya superó los dos meses, con resultados ya obvios en el frente económico, pero también en el contexto político, no se presenta inicialmente como un proyecto de una mejor organización de la actividad agropecuaria entendida como una que aliente la diversidad de cultivos, de apertura a grupos marginados de la bonanza sojera, de mejor distribución de la riqueza generada por la producción del campo y de acceso a la tierra a productores desplazados por la expansión de los pooles de siembra. Ni el Gobierno ni las entidades que dicen representar al campo expresan un plan en ese sentido.

Cuando un conflicto de estas proporciones y su parcial resolución tienen como protagonista casi exclusivo al principal involucrado o a un líder que representa a un sector afectado, el poder político termina definiendo estrategias y medidas que no son pensadas en función del interés general, sino como forma de terminar con el estado de tensión permanente. Puede ser que lo haga porque está convencido, o porque no ha tenido el suficiente apoyo en la sociedad, que no ha sabido ganar o no supo cómo, o porque el contrincante resulta ser más fuerte, pero lo cierto es que el saldo no es el mejor mirando el mediano y largo plazo.

Si bien se trata de una situación totalmente diferente, tanto en su origen como en su desenlace dramático, la lógica del desarrollo de los acontecimientos políticos asemeja la crisis del campo a la provocada por la irrupción de la figura de Juan Carlos Blumberg. Las masivas movilizaciones y la recepción entusiasta por parte de la oposición de ese nuevo líder del orden conmocionaron al entonces gobierno de Néstor Kirchner. Ese proceso derivó en una sucesión de modificaciones improvisadas al Código Penal, que los especialistas más lúcidos han definido como un mamarracho. Por ejemplo, se duplicó el límite para la acumulación de penas, hasta un máximo de 50 años, y se apoyó la generalización de la prisión preventiva como pena anticipada y la reducción de las garantías procesales. En su momento, el CELS advirtió que las causas de esas reformas fueron por la “demagogia punitiva” del Poder Legislativo, que “aprobó las demandas formuladas por Juan Carlos Blumberg, como si los legisladores estuvieran obligados a hacerlo”. El Poder Ejecutivo no vetó esos cambios pese a los pedidos del CELS y de la Facultad de Derecho de la UBA.

Hoy, Alfredo De Angeli, el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, ocupa ese lugar mediático central y de influencia en una mayoría de productores, que lo ha convertido en interlocutor preferido de la oposición. Su presencia ha ido acorralando al Gobierno, así como también ha obligado a los dirigentes tradicionales de las entidades a endurecer las posiciones en la negociación. De Angeli también ha tenido esta semana el escenario del Congreso, aunque no sentado en una sesión como Blumberg, para presionar al poder político. El caso del falso ingeniero debería haber dejado como enseñanza que las políticas públicas, si se piensan en función del interés general, no deben ser elaboradas por los directamente afectados. Deben escucharse sus demandas, en marcos de diálogo civilizado, como la de otros involucrados. Pero no compradas a libro cerrado, porque pueden generar costos elevados para el resto de la sociedad. Una esclarecedora columna de opinión de Raúl Dellatorre, “Los guardianes de Cargill”, publicada el martes pasado en este diario, describe la desinformación, la ignorancia o el ocultamiento del discurso de De Angeli para explicar el esquema de retenciones a la soja. Lo mismo ofrece Buzzi con su insistencia de reducir las retenciones bajo la presión del lockout, ocupando ese lugar tan propio de la Sociedad Rural, o con su desinhibida presencia en Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco, ciudad-velorio de verdaderos pequeños productores algodoneros arrasados por la expansión de la soja.

El sociólogo y filósofo Pablo Alabarces en un reciente escrito afirmó que “estas épocas son fantásticas para los que nos dedicamos a la crítica o a la sociología de la cultura. Y son fantásticas porque pareciera que los actores/as sociales se complotan para darnos montones de ejemplos y confirmaciones para nuestras hipótesis. Por ejemplo, últimamente se han puesto de moda los lugares comunes, esas frases hechas y huecas donde una sociedad suele demostrar sus peores tonterías, los abismos más horrorosos de su estupidez; estupidez que, sin embargo, se transforma en ‘sentido común’, un lugar aún más espantoso donde el lugar común se vuelve sabiduría indiscutible y conocimiento compartido”.

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