Mauricio Macri impuso la costumbre de cobrarles cien pesos a los funcionarios que llegan tarde a las reuniones de gabinete. Ahora parece ser el momento de devolverles algo. El jefe de Gobierno presentó un proyecto en la Legislatura que permite otorgar incentivos económicos a los funcionarios que cumplan con “ciertas metas y objetivos”. La iniciativa, que prevé también un Premio a la Gestión, ya desató una polémica en la oposición porteña, que llegó a compararlo con las estrategias laborales de los McDonald’s. Con esta idea, quizás Macri quiera frenar la sangría de funcionarios que viene sufriendo (ver aparte).

La iniciativa forma parte del proyecto de “Modernización del Estado” que propuso Macri a la Legislatura. En la plataforma electoral con la que ganó el año pasado, el líder de PRO hablaba de “sujetar la estabilidad en el cargo de cada funcionario al cumplimiento de objetivos y metas concretas”, una propuesta que daba la idea de austeridad en la función pública y de un castigo al ministro que no cumpla. El proyecto de reforma, en cambio, no establece castigo alguno, sino que propone dos tipos de incentivos:

- Combo 1: El Premio a la Gestión en la Administración Pública, que reconocerá a los organismos que hayan “promovido la cultura de la calidad”, “estimulado la competitividad” y “preservado el ambiente humano”. No especifica ni cómo ni cuándo se otorgará ese premio.

- Combo 2: Los estímulos “económicos” a los funcionarios “con la finalidad de estimular la optimización” de tareas. El jefe de Gobierno propone que sean “remuneraciones variables de acuerdo con el desempeño realizado, premios por el cumplimiento efectivo de metas propuestas, e incentivos que propicien la capacitación y el desarrollo”. Tampoco da cifras ni establece una escala de incentivos.

“La aplicación de incentivos tiene como objetivo mejorar el empleo de recursos, aplicando criterios de eficiencia y eficacia”, explica Macri en los fundamentos del proyecto. Los estímulos se centrarán en la “mejora de la relación costo-producto/servicio resultante y en la relación producto-demanda cubierta” y formarán parte de un “Sistema de Gestión por Resultados”, por el que se firmarán “convenios de desempeño” con el superior jerárquico (el ministro, o bien el vicejefe o jefe de Gobierno) en el que cada funcionario se comprometerá a cumplir determinadas metas, dentro de un plan operativo anual.

“En función del grado de cumplimiento de dicho compromiso, los responsables de cada organismo estarán sujetos a distintos incentivos”, detalla Macri en el proyecto, que plantea la creación de un Tablero de Control para seguir el cumplimiento de los compromisos en cada área. En la Legislatura, el proyecto tiene tratamiento preferencial para el 5 de junio. Si se aprueba, será aplicado por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, cuyo equipo desarrolló la iniciativa, que ya generó polémica en la mayor parte de la oposición.

El ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra señaló que “Macri traslada al Estado la lógica de los clubes de fútbol, en donde se paga según los resultados”. “Los dineros del Estado son públicos, no privados”, advirtió el legislador de Diálogo por Buenos Aires. El legislador de la CTA Martín Hourest remarcó que Macri “pretende imponer mecanismos de remuneración relacionados con pautas de mercado, como le pagan al gerente de McDonald’s que multiplica la venta de hamburguesas”. “Pero, ¿cómo se aplica? ¿A un director de hospital que ahorra en gasto le pongo una estrella, cuando tal vez tendría que haber gastado más?”, se preguntó. En tanto, el jefe del bloque kirchnerista, Diego Kravetz, denunció que “este proyecto, además de blanquear sobresueldos, blanquea la inexistencia de los equipos técnicos que Macri anunció con bombos y platillos durante la campaña electoral”.

Desde la Coalición Cívica, Diana Maffía recordó que la política de incentivos económicos “ya forma parte de las Agencias que creó y que votaron tanto el macrismo y el kirchnerismo”. “Macri lo impuso como criterio empresarial incluso en la Agencia de Control Comunal, lo que implica que los inspectores que cobran la multa después se la distribuyen como incentivo”, ejemplificó la legisladora, y observó que “cada área de intervención se convierte en un coto de caza privado: esto parece Sandokán al abordaje”. “Quien conoció la reforma del Estado en la década menemista sabe que esto es el neoliberalismo al desnudo, el paradigma de lo antisolidario y de pensar el Estado como una empresa privada”, sostuvo la legisladora Patricia Walsh. “Si se están pagando salarios por debajo de la canasta familiar, es inmoral que se hable de premios”, apuntó.