Vie 23.05.2008

EL PAíS  › EN EL CASO GELMAN, UN FISCAL URUGUAYO ACEPTO EL PEDIDO DE OYARBIDE

Una chance para la extradición

Si la Justicia de Uruguay no investiga la desaparición de la nuera de Juan Gelman, seis represores podrían ser enviados a la Argentina. Cinco de ellos están procesados por otros delitos durante la dictadura, por lo que antes deberían ser condenados o absueltos.

Cinco militares retirados y un ex policía uruguayos podrían ser extraditados a la Argentina si la Justicia oriental no acepta reabrir la investigación del secuestro y la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, tal como lo requirió en febrero su hija Macarena, nieta del poeta Juan Gelman. El fiscal uruguayo Eduardo Fernández Dovat accedió el martes al pedido de extradición formulado por el juez federal Norberto Oyarbide y condicionó explícitamente la medida a la eventual reapertura del caso Gelman en Uruguay. De todos modos, cinco de los seis represores están actualmente procesados, en el marco de la causa Soba Fernández, por delitos cometidos durante la dictadura uruguaya, por lo que deberían ser condenados o absueltos antes de ser enviados a la Argentina.

El pedido de extradición de Oyarbide abarca a los militares Jorge “Pajarito” Silveira, José “Nino” Gavazzo, José Araújo Umpiérrez, Gilberto Vázquez y Ricardo Arab y al policía Ricardo Medina. La solicitud del magistrado llegó al Juzgado Penal 5 en agosto de 2006. Luego de una serie de recursos de excepción presentados por los defensores de los militares y de la recopilación de pruebas documentales, el 15 de mayo el juez Daniel Tapié dio vista a la fiscalía. Tras estudiar los fundamentos y las pruebas, el fiscal dictaminó que “no son válidos los argumentos de la defensa” y se pronunció a favor de la extradición.

Oyarbide había pedido la entrega de los militares para indagarlos por los delitos de supresión y suposición del estado civil, falsificación de documento público, falsedad ideológica, sustracción de menores y privación de libertad calificada. El juez entiende que los delitos imputados a los uruguayos están comprendidos en las normas del derecho internacional consuetudinario y en convenciones sobre la desaparición forzada de personas y sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La resolución de Fernández Dovat, sin embargo, “condiciona” la extradición a la posible reapertura del caso Gelman en Uruguay. En este sentido, según informó ayer el diario La República de Montevideo, el propio fiscal solicitó la reapertura de la investigación por el secuestro y desaparición de la nuera del escritor, la misma medida que tres meses atrás solicitó Macarena Gelman. Fernández Dovat destacó en su dictamen la importancia de elementos que surgieron con posterioridad al archivo del expediente, en 2005, como el “reconocimiento oficial” de la Fuerza Aérea Uruguaya de la existencia de vuelos desde Buenos Aires a Montevideo. La presunción de que María Claudia habría sido trasladada a Uruguay el 5 de octubre de 1976 en el llamado “segundo vuelo” y el hallazgo de restos óseos de personas desaparecidas en predios militares también habrían sido aspectos sustanciales de su decisión. En manos del juez penal Pedro Salazar quedó ahora la decisión de reabrir o no la investigación.

Marcelo Gelman y su mujer, María Claudia, fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 y confinados en Automotores Orletti, el conocido centro clandestino del Plan Cóndor. Gelman fue asesinado de un tiro en la nuca disparado a quemarropa. Su cadáver fue fondeado en un tambor relleno de cemento en el río San Fernando. María Claudia, embarazada de siete meses, fue trasladada a Montevideo, donde fue asesinada después de dar a luz. Ocho años atrás María Macarena Gelman, que se crió en Montevideo, conoció su verdadera identidad.

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