Entre 1994 y diciembre de 2007, Chaco perdió el 80 por ciento de sus tierras fiscales. El número es aún más estremecedor si se tiene en cuenta que por lo menos la mitad se habría malvendido y está en manos de sociedades anónimas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Se trata de una maniobra sin antecedentes, sumergida en un proceso judicial que está por dar pasos importantes. De acuerdo a los datos del Instituto de Colonización local, el Estado chaqueño pasó de tener 3.500.000 de hectáreas a 650.000 en diciembre de 2007. Una organización mixta de funcionarios públicos e intermediarios denunciada por primera vez en 2002 pero que habría seguido actuando vendió las tierras hasta por 1,14 peso la hectárea. Dos fiscales pidieron la “nulidad” de las ventas. En los próximos días se espera una resolución judicial que abra el camino para que al menos una parte de esas tierras vuelva a manos del Estado provincial.

El auge de las ventas de las tierras del Chaco coincidió con el despegue de la soja por vías de la frontera agrícola del NOA. La dilapidación de las tierras, en cambio, coincidió con la depredación de los montes del Impenetrable, donde las poblaciones aborígenes hoy están caladas por el hambre.

Chaco tiene una superficie total de unos 10 millones de hectáreas. En 1994, las 3.500.000 hectáreas fiscales representaban 35 por ciento del suelo; hoy las 650.000 cubren apenas 6,5 por ciento. En el camino, se perdieron 2.850.000 hectáreas. Por lo menos la mitad se habría vendido en forma irregular, 800 mil de las cuales habrían sido volteadas por el desmonte. Así lo sugirieron en 2002 una auditoría del fiscal del Tribunal de Cuentas de Chaco, Jhon París, y, en 2006, una denuncia penal canalizada por tres empleados del Instituto de Colonización.

En 2002, el fiscal París auditó al azar 215 expedientes. En todos encontró irregularidades. Desde firmas adulteradas, expedientes paralelos o tierras que se compraban por dos pesos y rápidamente se vendían a precios millonarios. “En todos los casos, las maniobras se hacían para eludir el verdadero sentido de la ley”, dice una fuente de la investigación. “Usaban la figura del propietario del campo, que era una persona muy poco instruida, le daban dos pesos, con los que esa persona lograba cancelar la deuda que tenía con el Estado y las revendían a precios exorbitantes.”

La Constitución del Chaco preserva, como en ninguna parte del país, el derecho a la tierra para los pequeños productores. El Estado no puede transferir las tierras fiscales, que son muy baratas, a empresas ni en forma directa ni indirecta; tampoco a latifundios ni minifundios. Como promueve el desarrollo de las “unidades productivas”, sólo puede entregarlas a pequeños y medianos productores y su descendencia, a comunidades aborígenes y a cooperativas sin fines de lucro.

“Las `unidades productivas` no son fáciles de definir”, dice en este caso Raúl Vallejo, uno de los empleados denunciantes. “No son minifundios porque son muy chicos, ni latifundios porque son muy grandes; son tierras que permiten el desarrollo de un productor. En agricultura puede ser 200 a 300 hectáreas, pero en ganadería o economía mixta con actividad forestal puede ser 1500 hectáreas.” Con todo, ninguna puede tener más de 2500 hectáreas. Dato, claro, que en Chaco no se cuidó.

Entre los 215 expedientes auditados por París, no sólo había empresas, sino empresas con miles de hectáreas de tierra. El Colono SA, por ejemplo, con más de 72 mil; Rumbo Norte SA más de 120 mil y Granja Mostachi SA entre 30 y 40 mil, dedicada según su legajo a “servicio de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares”, como si buscaran trasformar en una fiesta al Impenetrable.

Para alcanzar esas dimensiones, cada una fue comprando pequeñas parcelas, una al lado de la otra, hasta hacerse grandes. En un caso, se detectaron hasta 26 escrituras en terrenos contiguos.

“Así, primero compraban 2500 hectáreas, después otras 2500 y al lado otras 2500 más”, indica en este caso Walter Zanuttini, abogado del grupo de empleados. “Cuando tenían todas las tierras, cercaban los terrenos con un único alambrado perimetral y dejaban adentro escuelas públicas, puestos sanitarios, caminos vecinales, comunidades de aborígenes, de criollos o de pequeños campesinos a quienes los corrían hasta con armas de fuego.”

Los compradores estaban interesados en la soja pero también en la explotación forestal, que liquidó parte del bosque nativo de quebrachos y algarrobos hasta con aserradores clandestinos, dicen, en medio del Impenetrable. Y existen denuncias sobre la polución de pistas clandestinas en el interior del monte.

Luego de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el fiscal de Estado del Chaco, Osvaldo José Simoni, emitió en octubre de 2007 un informe categórico a pedido de la Cámara de Diputados. “Ambas partes sabían o debían saber que el negocio era irrealizable –dijo Simoni– y en consecuencia es de nulidad absoluta, porque violaban por medio de la simulación la ley 2913, afectando el derecho público interno, como también fines de la Constitución y de la ley.”

Eso es lo que se discute en Chaco en este momento. Las causas judiciales avanzan en tres juzgados distintos, pero uno de ellos, a cargo de la jueza Iride Isabel Grillo, hizo dos movimientos importantes. Por un lado, nombró nuevamente al fiscal París para que actualice la auditoría. Por otro, analiza por estas horas la situación del Instituto de Colonización para pedirles a sus nuevas autoridades que “revean los expedientes de París”, indicó la misma fuente. En los hechos, eso significa que se harán sumarios administrativos en los casos en que él detectó funcionarios complicados en las operaciones. Pero también, que por lo menos las tierras que integran los 215 expedientes que ya revisó puedan volver al Estado. Esa medida inédita no implicaría alguna erogación para la provincia porque las operaciones serían “nulas”.

Pero por fuera de los 215 expedientes en cuestión, el terremoto puede seguir, porque París se prepara para pedirle al Estado que extienda las medidas al resto de los legajos.

Esto puede acarrear consecuencias legales en el campo administrativo, como sanciones a empleados, civiles y penales, para los involucrados como antiguas autoridades de Colonización.

Osvaldo Lovey es interventor del Instituto de Colonización del Chaco y reconocido referente de las Ligas Agrarias de los `70. “El Chaco tiene 12.000 pequeños productores con menos de 50 hectáreas; 2000 medianos productores con entre 100 a 300 hectáreas, pero 5 por ciento de los productores tienen 40 por ciento de las tierras.” Los pequeños y medianos productores generan otro problema porque tienen un alto endeudamiento con Nación y no tienen acceso a los créditos. Por eso están divididos en dos, dice Lovey: o trabajan la tierra pero se endeudan con los acopiadores de cereal que son los que les venden los agroquímicos financiándoles la cosecha a precios poco rentables, o las arriendan a los productores de soja.