En las actuaciones judiciales que tramitan desde hace doce años en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, Sec. 1, caratuladas “Urteaga, Facundo c/Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas” –iniciadas para obtener información sobre Benito Urteaga, supuestamente “abatido” el 19 de julio de 1976, en la localidad de Villa Martelli, en la que se encontraban también Mario Roberto Santucho, el secretario general del PRT-ERP, su compañera Liliana Delfino, Domingo Menna y Ana Lanzillotto de Menna, todos “desaparecidos”–, solicitamos que compareciera como testigo el general Roberto Bendini, comandante en jefe del Ejército.

Dada su condición de oficial superior de las Fuerzas Armadas, está exceptuado de comparecer personalmente en el Tribunal y puede contestar por escrito las preguntas que le formuláramos. Actitud absolutamente distinta fue la de Martín Balza, cuando ocupaba ese cargo y le citáramos en la Información Sumaria que tramita en el Juzgado Federal de San Martín: no sólo se hizo presente sino que, además, les hizo entrega a los familiares de Robi Santucho del título de contador y de la foto que eran exhibidos en el Museo de la Subversión Juan Carlos Leonetti, en Campo de Mayo.

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, respondiendo a nuestro interrogatorio, manifiesta que en 1976 era teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, realizando tareas administrativas en Palermo. Que no integró la custodia del dictador Jorge Rafael Videla, que no fue en ninguna oportunidad a Campo de Mayo durante el año 1976, y que tuvo conocimiento del episodio ocurrido en Villa Martelli, en donde supuestamente fueran abatidos los máximos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, por los diarios y luego “cree” que hubo un comunicado oficial. Que no conoció al capitán Juan Carlos Leonetti, que dirigiera la fuerza de tareas que se hizo presente en el departamento citado, supuestamente “abatido” en el enfrentamiento. Preguntado si tiene conocimiento de cuál fue el destino del cadáver de Benito Urteaga, dijo que ignoraba todo, que tampoco concurrió al “Museo de la Subversión” y que ignoraba que existiera un “campo de detenidos” en la Unidad Militar de Campo de Mayo durante los años 1976, 1977 y 1978.

Finalmente le preguntamos si había realizado alguna diligencia para dar cumplimiento con la Disposición Presidencial del 6 de noviembre de 2007, que expresamente ordenaba que los estados mayores de las tres armas realizaran todas las medidas conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga, y respondió que sí, sin precisar qué había hecho.

Es evidente la renuencia de este testigo y su evidente fidelidad al juramento de silencio que han realizado las cúpulas militares respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período del terrorismo de Estado.

¿Es posible que no supiera de la existencia del campo de exterminio que funcionó en la Unidad Militar de Campo de Mayo y por el que pasaron más de 5 mil compatriotas, vejados, torturados y luego “trasladados”, o sea asesinados? Era teniente del Regimiento de Granaderos y, según algunos testigos, integró la custodia del dictador Videla.

¿Es posible que no haya concurrido al denominado “Museo de la Subversión”, que inaugurara el general Antonio Domingo Bussi, en 1979, y en el cual fue exhibido el cadáver de Mario Roberto Santucho, como un “trofeo de guerra”?

¿Es posible que se haya enterado por los diarios del episodio de Villa Martelli, que el general Santiago Riveros calificara como el mayor éxito en la lucha antisubversiva “en la cual fue ‘abatido’ el comandante en jefe del ejército rebelde” –según sus propias palabras– en la Información Sumaria que tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín?

¿Qué hizo para cumplir con la disposición presidencial? Evidentemente nada; más aún: existen funcionarios de su entorno que consideran una “locura” que realicemos excavaciones en la Unidad Militar de Campo de Mayo para localizar los cadáveres de Robi y de Benito.

Al mismo tiempo que leía estas “respuestas”, que confirman que existe una omertà entre las diferentes cúpulas militares que impide saber cuál fue el destino de los miles de asesinados y desaparecidos durante el período 1974-1983, recordaba el testimonio de Patricia Erb en la causa penal que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal de San Martín a cargo del Dr. Suárez Araujo, caratulada “Santucho, Ana Cristina s/Denuncia”. Esta joven, ciudadana estadounidense, fue “secuestrada” por una “patota” integrada por oficiales del Ejército y trasladada a la Unidad Militar de Campo de Mayo. Sólo tenía 17 años y fue sometida a brutales torturas. Durante su cautiverio se encontró con Domingo “El Gringo” Menna, encadenado a la pared y en malas condiciones físicas. También se encontró con Liliana Delfino, que le pidió que si salía avisara que estaba en esa Unidad Militar. En el encierro sentía los gritos de los torturados. La liberaron por una orden expresa del entonces presidente de los Estados Unidos al embajador Robert Hill, que le transmitió al dictador la “sugerencia” de Washington. Su padre era un pastor menonita, y dicha comunidad se movilizó en el país del Norte para lograr su libertad. Una vez en su país, inició una gran campaña de denuncia del terrorismo de Estado que permitió que se aprobara en el Congreso de los EE.UU. la Enmienda Kennedy que impidió la venta de armas al gobierno militar genocida.

¿Podía ignorar que esto estaba ocurriendo un oficial del Ejército, que era de la misma promoción que los que integraban las llamadas “fuerzas de tareas”? No hay duda de que este general no tiene quien le escriba y no está dispuesto a colaborar para que logremos saber qué pasó, obtener la Verdad y la Justicia que nos merecemos todos los argentinos.

* Abogado de las familias de Santucho y Urteaga.