“Exhibición de arma no convencional” es la contravención que le adjudican al dirigente Oscar Kuperman, de la Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez (CUBa-MTR) y por la que será juzgado a partir del lunes próximo. La Justicia contravencional porteña considera que es el ideólogo de las marchas en las que los manifestantes de su agrupación llevan palos y capuchas. En el juicio fueron unificadas dos causas originadas en las protestas que realizó el 18 y el 25 de enero, la primera contra los despidos en el Ejecutivo porteño y la segunda en solidaridad con la lucha de los trabajadores del Casino flotante. En esta última lo acusan de “obstrucción del tránsito terrestre”. El de Kuperman no es el único juicio en marcha por acciones relacionadas con la protesta social.

“Esto es una payasada, el fiscal contravencional usa el Código Penal para armar una acusación que no existe, pero la vamos a tener que ir a pelear ahí en el juicio”, anticipó el dirigente de la CUBa-MTR en diálogo con PáginaI12. Ese día acudirá a las salas de Tacuarí 138 con sus militantes y los de otras agrupaciones que se solidarizarán y repudiarán el juicio. Kuperman explicó que el 18 de enero se habían movilizado desde Constitución hasta la Jefatura de Gobierno porteña por el cierre de la sala sanitaria en la Villa Soldati, los problemas con las tarjetas alimentarias en ese asentamiento y los despidos que había anunciado el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. “Fuimos atendidos por un funcionario y, al poco tiempo, me llegó una citación. Le expliqué al fiscal que éramos muchos, que no podíamos ir por la vereda”, relató. “En todos los años que tengo de dirigente nunca llevé un palo y ahora resulta que tengo la autoría ideológica de dirigir a la gente para que lleve palos. Ya sabíamos que Macri se venía con esto, que es criminalización de la protesta lisa y llana”, se quejó Kuperman, que será representado por la abogada María del Carmen Verdú. En las instancias anteriores su defensora planteó la inconstitucionalidad de todo el Código Contravencional, y volverá a hacerlo en esta oportunidad.

El 25 de enero la movilización también partió de Constitución, pero se dirigió hasta Parque Lezama, donde había un acto en solidaridad con los trabajadores despedidos del casino de Puerto Madero y contra la represión que habían sufrido. Por esa marcha está acusado de obstruir el tránsito, en una causa que será juzgada junto con la anterior. Pero los problemas judiciales del dirigente continúan. Por una manifestación de la que participó en abril, en repudio al asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba, le abrieron otro proceso. “Parece que están encaprichados, tienen esta política y la van a llevar adelante, pero nosotros no vamos a dejar de salir a la calle cuando nos parezca que hay que repudiar cualquier injusticia”, dijo el líder de la CUBa-MTR.

Antes que Kuperman, van a juicio los integrantes de la comisión interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), en un proceso que comienza hoy, acusados de haber cortado la avenida General Paz en octubre pasado. En ese momento, los trabajadores del INTI estaban en medio de un intenso plan de lucha en reclamo de aumento de salarios y por la implementación de un convenio colectivo sectorial.

Y la protesta de los despedidos del casino también se está cobrando sus manifestantes judicializados. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos denunció que Octavio Crivaro, miembro de la junta directiva de la FUBA y de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, fue procesado por el Juzgado en lo Criminal de Instrucción 34 por considerarlo “coautor del delito de atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de dos o más personas”. La resolución se da en el marco de la causa iniciada contra los trabajadores del casino y los estudiantes que se solidarizaron con ellos, que fueron reprimidos el 4 de diciembre. En ese expediente ya está procesado el trabajador despedido Hernán Lopatka, con la gravísima imputación de “tentativa de homicidio” de un miembro de la Prefectura, la fuerza que los reprimió.