En un hecho excepcional que habla por sí mismo de la preocupación que existe en la Iglesia Católica por la situación que vive el país, los obispos católicos argentinos se reunirán a partir del próximo miércoles en una asamblea general extraordinaria convocada después de denunciar “el agravamiento de la realidad económico-social” y “de la situación social de nuestro pueblo”, y de “no haber encontrado la respuesta esperada en los poderes de decisión para implementar los consensos alcanzados” en el marco del Diálogo Argentino. La asamblea extraordinaria –que se hará a menos de dos meses de una asamblea estatutaria y electiva prevista para noviembre– se efectúa “ante la gravedad de todos estos hechos y la necesidad de impulsar en el pueblo cristiano las actitudes propias de ciudadanos responsables”.
Si bien dentro del Episcopado no existe una posición uniforme acerca de lo que la Iglesia y los obispos pueden hacer en la actual coyuntura del país, los diálogos institucionales y privados entre los miembros de la jerarquía ponen en evidencia la necesidad de impulsar desde la Iglesia nuevas acciones para enfrentar la situación. Tampoco hay coincidencias sobre los resultados del Diálogo Argentino, el espacio que los obispos imaginaron como principal herramienta para canalizar aportes y buscar consensos. Gran parte de los obispos sostiene que el Diálogo sirvió para ayudar a contener momentos de mucha conflictividad social y valoran este hecho positivamente. Hay quienes se quejan amargamente de la falta de compromiso de la dirigencia en la búsqueda de consensos y en la implementación de medidas prácticas para superar la coyuntura. Otros señalan también que el gobierno de Eduardo Duhalde no ha puesto de sí lo necesario para que el Diálogo pudiera prosperar en mejor forma y entre éstos existen también quienes llegan a acusar directamente al Gobierno de “usar” a la Iglesia y al Diálogo para sus propósitos. El propio Duhalde tuvo que escuchar estas quejas directamente de boca de la Comisión Ejecutiva presidida por el arzobispo Estanislao Karlic. Las dificultades en el Programa de Jefes y Jefas de Hogar –considerado como un logro del Diálogo– y los “ruidos” con el Ministerio de Trabajo encabezado por Graciela Camaño también están en el listado de las preocupaciones.
Dentro de las filas eclesiásticas se escuchan también voces que demandan de los miembros de la jerarquía mayor precisión y claridad en las denuncias. “No se puede seguir hablando en términos genéricos sin ponerle nombre a los responsables, porque de esta manera se termina encubriendo a algunos y cometiendo injusticias con otros”, es el argumento que han escuchado varios obispos en los últimos días por parte de quienes pretenden de la jerarquía una voz “profética” más clara y una acción más comprometida con la situación. Quienes así piensan respaldan la tarea de asistencia social que viene realizando la Iglesia Católica, pero consideran que esto no puede ser la excusa para que el Gobierno y la dirigencia se despreocupen de sus responsabilidades.
La Asamblea Extraordinaria de los obispos tendrá la particularidad de dedicarse exclusivamente al análisis de los temas sociales y a definir una estrategia de presencia más activa de la Iglesia en ese campo. Se habla de una “nueva etapa” del Diálogo, con mayor participación de los laicos católicos, menos exposición de los obispos, mayor distancia del Gobierno y un impulso a la acción ciudadana desde las bases, los municipios y las organizaciones locales.