Denunciar a la Policía Bonaerense o pedir justicia en los casos en que se encuentre involucrado personal de esa fuerza se ha convertido en una misión de alto riesgo. Después del ataque a balazos contra la casa de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el viernes último, una vecina de la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, que pegaba panfletos reclamando justicia por el crimen de su hijo, asesinado por un efectivo de la Bonaerense, denunció que fue atacada por un desconocido que intentó atropellarla con una camioneta. La mujer agregó que un patrullero de la policía local apareció segundos después del incidente, pero sus ocupantes se negaron a tomarle la denuncia.
“Yo estaba parada detrás del vehículo de mi marido, que estaba estacionado sobre el cordón, cuando de golpe una camioneta tipo 4x4 enfiló a toda velocidad hacia donde me encontraba y chocó contra mi auto”, relató Elsa Gómez. “Yo me salvé de milagro porque salté a la vereda”, agregó la mujer.
Gómez es la madre de Daniel Sosa, un chofer de colectivos que fue asesinado a balazos el febrero del año pasado por un policía que dijo haberlo confundido con un ladrón.
Esta no es la primera vez que la mujer denuncia haber sido atacada por desconocidos. Hace un año, Gómez fue atropellada por un vehículo, también en Villa Madero, y tuvo que ser operada debido a que sufrió daños en la cadera y en una de sus rodillas.
“Yo no sé qué es lo que pasa acá (por la zona de Aldo Bonzi). Desde que denuncio lo que le pasó a mi hijo, me persiguen todo el tiempo. Mi familia ya no quiere que salga más porque me van a matar como lo hicieron con Daniel”, agregó la mujer.
En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Télam, la denunciante relató que “la camioneta que embistió su auto se ocultó en un galpón ubicado en Cuzco al 1400, de Villa Madero”, y que detrás de ese vehículo “venía un patrullero de la comisaría 3ª de La Matanza”.
“Cuando les reclamé a los policías que detengan al conductor de la camioneta que me quiso atropellar, me contestaron que no podían hacerlo porque sólo se trataba de un accidente de tránsito”, relató Gómez.
La mujer dijo que les preguntó a los policías qué hacían detrás de la camioneta azul 4x4 y le respondieron: “Nosotros veníamos para acá porque recibimos la denuncia de unos vecinos de que había una mujer que pegaba panfletos en la calle”. La frase le llamó la atención, porque aún no había comenzado con la pegatina de carteles para reclamar el esclarecimiento del crimen de su hijo.
El caso del que fue víctima el hijo de Elsa ocurrió el 2 de febrero de 2001, cuando Daniel Alejandro Sosa, de 33 años, fue asesinado de tres balazos mientras regresaba a su casa de la localidad de Aldo Bonzi, en La Matanza.
Por el caso está acusado el suboficial principal Ramón Aníbal Olivera, de 59 años, numerario de la comisaría 1ª de San Justo. El policía fue detenido después de que las pericias indicaran que fue el autor de los disparos que le costaron la vida a Sosa. El policía fue liberado por el Juzgado de Garantías de La Matanza, pese a que quedó imputado por el delito de “homicidio”.
Hace un mes, la Cámara de Apelaciones confirmó la imputación contra el policía y en pocos meses se llevará a cabo el juicio oral y público.
Daniel Sosa era chofer de la empresa Transportes Ruta 12 y padre de dos criaturas, de 8 y 11 años.
En el momento de su muerte, regresaba en su coche a su domicilio desde el Hospital Británico, donde había recibido asistencia por una lesión en la pierna que sufrió mientras trabajaba.
La intimidación que sufrió su madre se suma a la serie de hechos registrados en la provincia de Buenos Aires, y que incluyen agresiones y amenazas contra asambleístas y testigos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El pico de esta escalada se vivió el viernes, cuando desconocidos dispararon con Itakas contra la casa de Estela Carlotto, en la localidad de City Bell. Unos días antes, la presidenta de Abuelas había acompañado una grave denuncia de organismos de derechos humanos sobre las prácticas de la Bonaerense.