La ministra de Defensa, Nilda Garré, le pidió al almirante Jorge Godoy que le remita toda la documentación que requirió la Justicia en el marco de la causa por espionaje ilegal en la Base Almirante Zar de Trelew. El fiscal Fernando Gelvez imputó al jefe de la Armada porque el “Plan Básico de Inteligencia Naval 201, edición 2005” que lleva su firma se basa en legislación de la dictadura.

–¿Va a renunciar? –le preguntó PáginaI12 a Godoy.

–Esa es una decisión que no depende de mí –respondió el almirante, dejando en claro que su continuidad está supeditada a la voluntad del Poder Ejecutivo.

En Defensa consideran que la denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) “está bien fundada”, pero “hay que dejar que actúe la Justicia”. Si el juez federal de Rawson, Chubut, Hugo Sastre cita a Godoy, la suerte del almirante puede cambiar. Con su alejamiento se sellaría también el pase a retiro de otros siete almirantes. El recambio no aparece como sencillo para el Ejecutivo porque, a pesar de numerosos traspiés, Godoy cumplió con dos misiones centrales para el kirchnerismo: la autocrítica pública por la represión ilegal y la entrega del emblemático predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para que funcione un Museo de la Memoria.

Durante el brindis por el Día del Periodista, organizado por Garré, la cúpula de la Marina explicaba a distintos interlocutores que darían todas las explicaciones que les pidieran. Los hombres de Godoy repiten que “de ningún modo se ordenó hacer inteligencia interior” y se preguntan por qué se imputa ahora al jefe de la fuerza y al subjefe, Benito Rótolo, “cuando ese Plan está en la causa desde el principio, en el 2006”.

El 24 de junio de 2005, Godoy firmó el Plan de Inteligencia que redactó por su encargo el entonces director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi, uno de los procesados por espionaje. Las directivas fueron enviadas a 17 dependencias con el sello de “Secreto” y fueron las que avalaron las actividades de espionaje interno, prohibidas por las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. El instructivo remite a un decreto secreto de la dictadura: el 3401/79 “S”, que fue derogado por la Ley de Inteligencia Nacional, sancionada en el 2001. El documento señala como uno de “los objetivos de inteligencia” las “amenazas asimétricas”, que define en su “Anexo Charlie” como “narcotráfico, terrorismo internacional, proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento, la transferencia de armamentos, excedentes y tecnologías intangibles (éxodo de científicos), el crimen organizado, el contrabando de armas, el deterioro del medio ambiente, las migraciones y cualquier otra cosa que como tal se manifieste”.

Los hombres de Godoy intentan quitarle trascendencia a la directiva y explican que los planes de inteligencia se hacen repitiendo textos anteriores. La ambigüedad de “cualquier otra cosa que como tal se manifieste” habilita un margen de maniobra que, según se probó en la instrucción de la causa de Trelew, permitió que los oficiales de la Armada espiaran a docentes, estudiantes, sindicalistas, piqueteros, organizaciones de derechos humanos, asociaciones culturales de las colectividades mapuche y sirio-libanesa y dirigentes políticos.

La causa por espionaje ilegal en Trelew se inició en marzo del 2006 a partir del testimonio del suboficial Carlos Alegre, quien se presentó ante el CELS para denunciar que le habían ordenado realizar trabajos que violaban las leyes de Defensa y de Inteligencia. Apenas trascendió el caso, la Armada –por orden de Garré– relevó al jefe de Operaciones Navales, Eduardo Avilés; al director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi, y a otros diez oficiales y suboficiales. “En ese momento los agarraron casi in fraganti. Esto es muy distinto, es muy mediato”, señalaban en el Edificio Libertador al justificar que con Godoy y Rótolo no se haya tomado la misma actitud.

“No sólo la Armada, durante décadas todas las instituciones que tenían la posibilidad de hacer inteligencia interior la hicieron, pero si hay alguien que trabajó para desarmar todo, ése es Godoy”, aseguran sus hombres de confianza. “No nos quedamos cruzados de brazos cuando estalló lo de Trelew, se pasó a retiro a mucha gente”, insisten. El fiscal Gelvez le envió sendas notificaciones a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a la ministra Garré para que le remitan los legajos de los imputados y una serie de documentos pertinentes. No estableció plazos, sin embargo Garré le pidió a Godoy que le entregue lo requerido con urgencia para disipar toda duda.

De la actitud que tome la Justicia dependerá la continuidad o el recambio en la Marina. En el Edificio Libertador empezaron a analizar legajos para evaluar posibles relevos. No es el único caso que tiene bajo la lupa a la cúpula de la Armada: está pendiente el pedido de la fiscalía en la causa por la muerte del prefecto Héctor Febres. En ese expediente se investigan las condiciones en las que estaba detenido el represor que había actuado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y que gozaba de todo confort cuando era trasladado como prisionero a la Base Naval de Azul.