El Poder Ejecutivo aceptó el miércoles la renuncia del inolvidable Alfredo Horacio Bisordi, ex presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, célebre por sindicar como “delincuente subversiva” a una sobreviviente de la ESMA y acusado por los organismos de derechos humanos de demorar las causas contra represores. Su juicio político en el Consejo de la Magistratura no prosperó. Su colega Luis María Cabral, responsable del expediente en la Comisión de Acusación, llegó a solicitar el año pasado un peritaje psiquiátrico por la desmesura de los escritos de Bisordi, pero finalmente no le imputó más que faltas disciplinarias.

Durante la última dictadura, Bisordi fue secretario del juez federal Norberto Giletta. A su despacho concurría el dueño de vidas y muertes de la Capital Federal, coronel Roberto Roualdés, interesado en el rechazo de los recursos de hábeas corpus que presentaban familiares de desaparecidos. En 1992, el presidente Carlos Menem lo propuso para integrar la flamante Cámara de Casación. Cuando la Asociación de Abogados lo impugnó, Bisordi los acusó de “marxistas”. Citado por la Comisión de Acuerdos del Senado admitió la subordinación del Poder Judicial durante el gobierno militar.

Cuando se reabrieron las causas contra represores, tras la derogación de las leyes de impunidad, los organismos lo recusaron y no tuvo mejor idea que calificar de “delincuente subversiva” a la ex desaparecida Graciela Daleo. El exabrupto derivó en un pedido de destitución que el Consejo convirtió en falta disciplinaria. El 24 de marzo de 2007, cuando Néstor Kirchner se quejó por la demora en los procesos y pidió la intervención del Consejo, Bisordi lo acusó de buscar “la suma del poder público” y sostuvo que en sus cuatro décadas en la Justicia nunca había visto semejante intromisión presidencial. Ese lapso incluye las dos últimas dictaduras, cuyos jefes reemplazaron por delegados personales a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, cesantearon en forma selectiva a centenares de jueces, hicieron desaparecer a varios y obligaron al resto a jurar por bandos militares que en la práctica anularon la Constitución Nacional.

Bisordi renunció a la presidencia del tribunal en septiembre, luego de que sus pares le quitaran su apoyo para promover a su mujer y a su sobrina. Mientras las denuncias en el Consejo se demoraban, el juez tramitó su jubilación y presentó su renuncia, que elevó al 29 de febrero con la intención de retirarse el 31 de marzo. Recién el miércoles, por decreto 920/2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la aceptó.