La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ordenó ayer siete allanamientos en el marco de la causa que investiga el hackeo de mails de funcionarios, legisladores, periodistas, artistas y futbolistas. Hace un año y medio que se vienen acumulando pruebas para develar la red que se habría ocupado de espiar ilegalmente hasta a la Presidenta de la Nación. Distintos domicilios del general retirado Daniel Reimundes; del ex titular de la Side Juan Bautista “Tata” Yofre; del responsable del portal Seprin, Héctor Alderete; y de los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Iván Germán Velázquez y Pablo Carpintero fueron algunos de los lugares de donde se incautaron computadoras, cámaras, armas y material explosivo.

La investigación que con total hermetismo lleva la jueza de San Isidro sumó en las últimas semanas la denuncia por el intento de pincharle el correo electrónico personal al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Tal como reveló PáginaI12, las sospechas se centraron en ese momento en Velázquez. Telmex, la empresa proveedora del servidor de la Corte, es la misma del agente de la PSA que depende del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Velázquez y Carpintero renunciaron a la PSA y se refugiaron en Uruguay. Sin embargo, todavía no se publicó en el Boletín Oficial la desvinculación de ambos agentes de esa fuerza de seguridad.

A fines de marzo, este diario publicó las sospechas sobre la cadena de mails que convocaba a una supuesta Marcha Federal a Plaza de Mayo apenas despuntaba el conflicto con el sector rural. Los señalados en ese momento como difusores de la organización de la movilización son los mismos que fueron ayer allanados por la Justicia. El procedimiento fue realizado por personal de la Secretaría de Inteligencia y de la Dirección de Investigaciones de San Isidro en cumplimiento de la resolución del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, que ordena a los jueces federales informar previamente los allanamientos a realizar. Ante las críticas de la Asociación de Magistrados y de distintos jueces y fiscales, el ministro dijo que había sido un error esa resolución, pero todavía sigue vigente.

En el libro Side. La Argentina secreta, Gerardo Young cuenta que “si algo marcó la gestión del Tata (Yofre, designado por Carlos Menem en julio de 1989) fue que devolvió a La Casa a muchos de los militares a los que habían expulsado los radicales. Y a los duros. Nombró como director de la Escuela de Inteligencia al general de brigada Carlos Martínez, el mismo que había sido jefe de la Side durante los últimos años de la dictadura. (...) También nombró al teniente coronel retirado Carlos Doglioli como director de Contrainteligencia y a Pascual Guerrieri como director de Planeamiento. Guerrieri era un tipo de verdad pesado. Oficial de Inteligencia del Ejército, en la dictadura había dirigido centros clandestinos de detención en Rosario, tenía las manos manchadas con sangre y ni una gota de culpa”. En ese momento, Yofre negó toda vinculación con la cadena de mails que convocaba a la marcha rural con lenguaje castrense y dijo que se había comunicado con un miembro del gabinete para aclarar la situación. En ese momento, se desconocía que hacía más de un año que la Justicia estaba investigando a un grupo de hackeadores.

Reimundes, ex secretario general del Ejército durante el mandato de Ricardo Brinzoni, también negó toda relación con el espionaje informático. El general retirado es un reconocido militante de la Unión de Promociones y tenía entre sus colaboradores más estrechos al coronel retirado Héctor Schwab, el represor fundador de la empresa de seguridad e investigaciones Scanner devenido marchand y empresario gastronómico.

La pinchadura de mails del ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; del ex ministro de Defensa José Pampuro y del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, entre otros, fue el detonante de la denuncia que recaló en el juzgado de Arroyo Salgado.