Por Eduardo Videla

Tras las denuncias de abuso policial en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, conocidas luego de la muerte de Ezequiel Demonty, el gobierno porteño propuso ayer al Ministerio Público de la Nación la creación de fiscalías en lo penal que funcionen en los barrios de Villa Lugano, Pompeya y Villa Soldati. “El gobierno puede afrontar en lo inmediato el pago de alquiler de un inmueble y el equipamiento”, dijo a Página/12 el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. “Con las fiscalías –argumentó– la gente tendrá más confianza y la policía estará más controlada.”
Mediante una nota dirigida al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, Ibarra propuso extender a la zona sur de la ciudad la experiencia que se lleva a cabo desde hace tres años en el barrio de Saavedra. “La decisión final depende de la Procuración. La Ciudad está ofreciendo los recursos para que se instalen en lo inmediato”, agregó.
Tal como adelantó ayer este diario, el gobierno comunal tomó la iniciativa como consecuencia de lo ocurrido con los tres jóvenes que fueron obligados a tirarse al Riachuelo y que derivó en la muerte de uno de ellos, Ezequiel Demonty. Después de ese hecho, en los barrios de Soldati, Lugano y Pompeya se conocieron denuncias de abusos policiales cometidos contra jóvenes de esa zona. A partir de ese dato, surgió la propuesta de crear fiscalías descentralizadas, al estilo de la que funciona en el barrio de Saavedra.
“Existe una gran desconfianza en la policía, sobre todo en la jurisdicción de la comisaría 34ª, donde al parecer habrían ocurrido casos similares en otras oportunidades. Los vecinos se sienten más respaldados si hacen la denuncia ante un fiscal, sin necesidad de ir hasta los Tribunales”, argumentó Ibarra.
La experiencia de las fiscalías descentralizadas se viene desarrollando desde febrero de 2001, cuando se firmó un convenio de cooperación entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio Público de la Nación, que fue ratificado por ley por la Legislatura porteña. Mediante el acuerdo, la ciudad se comprometió a garantizar la continuidad del plan piloto de la fiscalía de Saavedra –que venía funcionando desde 1999– mediante el pago del alquiler del inmueble donde funciona, el equipamiento y la ayuda material. Asimismo, el convenio habilita a extender la experiencia a otros barrios.
“Antes de este episodio, ya veníamos trabajando con el Ministerio Público en la extensión del programa a otros barrios”, dijo a Página/12 la subsecretaria legal y técnica porteña, Alejandra Taddei. En principio, se pensó en instalar una fiscalía en el barrio de La Boca y, con ese fin, la Procuración presentó un proyecto de ley en el Congreso. Por lo pronto, en ese barrio ya está funcionando una delegación del Ministerio Público que aún no se oficializó como fiscalía descentralizada.
El gobierno se apoya en la experiencia de Saavedra, que ha resultado exitosa: “El porcentaje de hechos esclarecidos en esa jurisdicción es del 11 por ciento de los casos denunciados, cuando en el resto de la ciudad el promedio es inferior al uno por ciento”, dijo a este diario el director de Prevención del Delito, Claudio Suárez.
La descentralización cosecha adhesiones y rechazos entre los fiscales. “A muchos no los convence la idea de dejar sus despachos y trasladarse a un barrio”, dijo Ibarra. El jefe de Gobierno destacó además que entre las demandas de los vecinos, en el marco del debate por el Presupuesto Participativo, surgió la necesidad de instalar nuevas fiscalías penales descentralizadas.
A partir de esta demanda se propuso la instalación de fiscalías en los barrios de Flores y Belgrano, además de La Boca. Las estadísticas de delitos indicaban que era conveniente extender la experiencia a Lugano-Soldati-Pompeya, criterio que se vio reforzado a partir del caso de los chicos tirados al Riachuelo por policías de la comisaría 34ª.