Mañana miércoles comenzará la serie de audiencias públicas convocadas por el Gobierno para ajustar el precio de los servicios públicos, congelados tras la devaluación y pesificación compulsiva de las tarifas. Pero el primer round, previsto para discutir el inminente aumento de la energía eléctrica, está supeditado a la voluntad de la jueza Claudia Vidal, quien en las próximas horas podría disponer un “no innovar” que obligue a suspender el debate.
La jueza debe expedirse sobre un recurso presentado el viernes por la Defensora del Pueblo porteña Alicia Oliveira, quien exige el levantamiento de esas audiencias a las que considera una mera formalidad para convalidar un ajuste ya resuelto. “Es necesario que Economía dé a conocer los fundamentos presentados por las empresas para reclamar los ajustes”, asegura la funcionaria. Desde el palacio de Hacienda replican que esos datos –en teoría elevados por las empresas a la comisión renegociadora– no pueden darse a conocer sin vulnerar la confidencialidad que preserva el negocio de cada operador privado.
Según remarcó Oliveira ante los tribunales, las audiencias públicas fueron concebidas para debatir reformulaciones de los contratos y no sólo una modificación tarifaria. En base a este criterio, el Gobierno estaría incurriendo en una ilegalidad, ya que el propósito excluyente de los encuentros previstos será definir un incremento “a cuenta” de otros futuros, que autorice el próximo gobierno, después de renegociar íntegramente las concesiones.
Un criterio similar sustenta el diputado Héctor Polino, quien advierte que asistirá a la audiencia junto a representantes de otras entidades de consumidores con el exclusivo fin de “cuestionarla e invalidarla”. Según el legislador del ARI, los debates públicos son una “farsa”, ya que “la decisión política (de aumentar y en qué magnitud) ya está tomada. “Desde el Parlamento, nunca conseguí datos que permitieran calcular el costo de producir un kw/h o un metro3, o el pulso telefónico para juzgar su razonabilidad”, se quejó el legislador, uno de los convocantes al apagón de hoy.
Si, contrariando a la Defensora del Pueblo, la jueza Vidal resolviera no impedir la audiencia para discutir las tarifas eléctricas, ésta tendrá lugar mañana desde las 9 en el Palacio de Comunicaciones. La jornada, presumiblemente, resultará muy extensa, ya que, según Economía, hay 43 entidades inscriptas para participar del debate al que, naturalmente, también aportarán las empresas distribuidoras.
El punto de partida de la discusión será el reclamo formulado por las propias distribuidoras, que aspiran a aplicar un incremento superior al 30 por ciento en esta primera etapa, y a cuenta de ajustes futuros. No se someterá al debate ninguna propuesta del gobierno, aunque los aumentos deban sujetarse a la regla impuesta por Economía de exceptuar a los consumos menores a los 300 kw/h. Una versión singular de la tarifa social: para exceptuar a los usuarios más modestos, los más grandes deberán soportar un incremento mayor.