“Si lo tiene que hacer, lo va a hacer”, afirmó ante Página/12 el colaborador más cercano al juez federal Claudio Bonadío. El magistrado estaría a punto de pedir el listado de las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por el corresponsal del diario británico Financial Times (FT) que destapó el nuevo escándalo de las coimas en el Senado. Ya lo había hecho en otra causa y con ese antecedente los abogados del periodista inglés Thomas Catán presentarán hoy en la Cámara Federal una acción de amparo para que suspenda la ejecución de la medida. El miércoles pasado, Página/12 anticipó en exclusiva que los investigadores judiciales coqueteaban con la idea, y en esa oportunidad expertos juristas coincidieron en advertir que la iniciativa es ilegal porque no apunta a investigar a un sospechoso sino a un testigo. “Trataremos de impedir que se consume el daño que sería inmediato si el juez ordena esto que, a todas luces, avasalla la protección de las fuentes periodísticas establecida por la Constitución”, explicó a este diario Hugo Wortman Jofré. Apenas tomaron el caso junto al ex fiscal Luis Moreno Ocampo, los letrados habían aventurado: “Van a querer matar al mensajero”.
En las próximas horas Bonadío firmaría una orden para pedir a una empresa telefónica el listado de las llamadas entrantes y salientes de las líneas que utiliza el corresponsal en Buenos Aires del FT. Catán declaró el martes 17 como testigo en la causa que investiga el presunto pedido de una coima a banqueros extranjeros a cambio de frenar una de las leyes que se debate en el Congreso, que perjudicaría sus intereses. En esa oportunidad, ratificó lo que había publicado el 20 y el 30 de agosto en el FT: la existencia de una reunión del 16 de ese mes en la que los banqueros se quejaron ante los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos por el paquete de leyes aprobado el día anterior en el Senado, y sugirieron que había sido sobornados para trabar la aprobación de la norma que crearía un fondo de desempleo para el sector bancario con el restablecimiento de la comisión del 2 por ciento a las transacciones financieras.
Cuando al periodista le preguntaron sobre la identidad de sus fuentes se amparó en el artículo 43 de la Constitución Nacional que protege el derecho a mantenerlas en reserva. Sin embargo, se sorprendió cuando le pidieron los números de sus teléfonos de línea y celular. Pero respondió, consciente de que estaba bajo juramento de decir verdad. Catán consultó si pensaban intervenirlos y le respondieron que no, que eventualmente pedirían el listado de las llamadas. “Lo va a hacer”, aseguró a este diario un allegado a Bonadío dos días después.
En el juzgado comentan que el juez tiene serias sospechas de que en este caso “hubo algo turbio” y por eso quiere avanzar “a fondo”, convencido de que ésta es la segunda causa de gravedad institucional que involucra al Senado. Explican que a Bonadío no le interesa perjudicar ni presionar ni investigar al periodista, sino confrontar las contradicciones que empieza a ver en el expediente. “Una cosa es el trabajo del periodista y su derecho a la reserva de la fuente y otra la obligación del juez de establecer la verdad de los hechos”, separan sus colaboradores. Por ese motivo, desde hace varios días juntan antecedentes y jurisprudencia para sostener la resolución que su jefe firmaría en breve.
Pero no hacía falta buscar muy lejos ni citar fallos extranjeros. Según explicó Wortman Jofré, antes del caso del FT Bonadío ya había investigado los teléfonos de un medio de prensa nacional. Fue en la querella que le inició el ex senador Augusto Alasino al periodista del diario La Nación Jorge Urien Berri por violación de secreto, cuando publicó sus declaraciones juradas de bienes. Urien Berri también fue convocado como testigo pero, a diferencia de Catán, no le pidieron sus números sino que los solicitaron al matutino. En esa oportunidad, el magistrado ya había explicitado que no comparte la protección a la reserva de las fuentes. De todos modos, antes de firmar la orden Bonadío quiere saber cómo actuaron sus pares en la primera causa sobre sobornos en la Cámara alta, durante el trámite de la Ley de Flexibilización Laboral, que terminó con la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez. Si bien en el expediente no consta ninguna orden para pedir los listados de las llamadas de Joaquín Morales Solá y María Fernanda Villosio –los dos periodistas que develaron el inicio del escándalo y la confesión de uno de sus protagonistas–, el primer juez de la causa, Carlos Liporaci, lo habría hecho sin volcarlo en el sumario. Fuentes judiciales aseguraron que el segundo juez del caso, Gabriel Cavallo, no encontró esos datos en la caja fuerte del juzgado, donde supuestamente los habría guardado Liporaci. Ese juez ya había incursionado en tales prácticas cuando ordenó la intervención del teléfono de su secretario Guillermo Gowland.
Además del amparo que presentará en la Cámara, el corresponsal del FT convocó a una conferencia de prensa en el estudio de sus abogados (ver aparte). Los había contactado cuando empezó a recibir citaciones judiciales y del Senado, y porque recibió una intimación del senador Luis Barrionuevo, autor del proyecto de ley por el que se habrían solicitado las coimas, al sentirse injuriado por haber sido mencionado en uno de sus artículos, tal como publicó Página/12.