Como tantas veces, como casi siempre, como en los viejos tiempos, el PJ y el radicalismo volvieron a ponerse de acuerdo. Ayer, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, y el titular del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti, decidieron que el próximo miércoles le darán un corte al culebrón del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Ese día, definirán si el dictamen acusatorio contra los supremos regresa a la Comisión de Juicio Político, tal cual lo pide la oposición o, como pretende el PJ, abrir inmediatamente el debate sobre las más de 5000 fojas que tiene el pedido de destitución de los nueve ministros del alto tribunal. En ambos sectores hay optimismo con respecto al resultado de la votación. Sin embargo, todo indica que por ahora las posiciones están empatadas. Igual hasta el miércoles falta una eternidad, tiempo suficiente como para torcer alguna que otra voluntad.
El acuerdo alcanzado entre Pernasetti y Camaño no es un dato menor y hay al menos un par de razones por la que se concretó.
- La fractura. En voz baja tanto el PJ como la UCR reconocen que dilatar más la definición del caso de la Corte pone en peligro el delicado equilibrio que mantiene unidos internamente a sus respectivos bloques.
- La platita, la platita. Hace más de dos meses que comenzó el tira y afloje por rechazar o juzgar a los supremos. Desde un primer momento los radicales reconocieron que el gobierno de Eduardo Duhalde no dudaría en presionar a los gobernadores radicales a través de retrasos en los pagos de la coparticipación federal. Esto no tardó en suceder y uno de los primeros mandatarios en hablar públicamente sobre la necesidad de darle un punto final al juicio a la Corte fue el mendocino Roberto Iglesias. Ayer, curiosamente, Iglesias participó de la reunión entre Camaño y Pernasetti. Cuando terminó el encuentro se retiró sigilosamente. Poco después, Pernasetti reconoció que hay “una importante demora” en el pago de la coparticipación que “pone en peligro la gobernabilidad de las provincias”. Más claro...
Además de estas razones, una de las primeras consecuencias de lo acordado ayer es que el miércoles, sea cual fuera el resultado de la votación, el radicalismo se quedará en sus bancas hasta el final de la sesión. Quiere decir que en caso de que el ganador sea el PJ, la UCR no abandonará el recinto y acataría la decisión de abrir el debate sobre el dictamen. Anoche, algunos legisladores del PJ preveían que la sesión insumirá al menos tres días consecutivos de discusión.
Con el radicalismo dando quórum, al ARI y al resto de los bloques de izquierda no les quedará otra alternativa que bajar al recinto. Por lo tanto, más que los argumentos lo que importa ahora son los votos. Y cada sector hace sus propias cuentas.
- Por el juicio. El PJ jura que, si es necesario, para el miércoles levantará a los diputados enfermos de la cama para votar. Por caso, ese mismo día le tomará juramento a los dos legisladores nuevos que llegan en reemplazo de aquellos que están en el gabinete nacional. El duhaldismo sostiene que juntan 100 diputados propios, entre los que se encuentran los seguidores de Adolfo Rodríguez Saá. Se suman además 20 provinciales y 6 de Acción por la República y la UCeDé. En total 126 voluntades. “No hay dudas, ganamos”, se jactó un diputado duhaldista.
- Por el retorno. Los que quieren que el dictamen vuelva a la comisión también se sienten ganadores. La UCR dice que aportará sus 68 integrantes, el ARI 30, la izquierda suma tres, dos el Frente por el Cambio y cinco el Frepaso. Los justicialistas que integran el Grupo Talcahuano no se ponen de acuerdo, sostienen que tienen entre 15 y 20 votos. Por lo que estarían ganando o perdiendo de acuerdo a las voluntades que los Talcahuano hayanconseguido ya que, como sus compañeros del otro bando, se adjudican para sí a los adolfistas.
En esta vorágine del “poroteo” lo real es que cada sector deberá tener bien abiertos los ojos a la hora de votar. Entre la oposición hay quienes dudan de la verdadera convicción de la UCR, sobre todo por la presión que ejercen los gobernadores. Temen que a último momento algún radical sufra el síndrome “Amanda Isidori” y se levante de su banca como cuando se derogó la Ley de Subversión Económica. Si bien en el PJ nadie lo dice, el temor por la existencia de algún Judas también existe.