A criterio del Consejo de la Magistratura, los jueces no son responsables por lo que pueda sucederles a los presos que están a su disposición para ser juzgados. Así lo estableció la Comisión de Acusación de ese organismo al desestimar la denuncia que habían presentado las víctimas del asesinado Héctor Febres contra el juez Sergio Torres y los jueces del Tribunal Oral Federal 5, que no pudieron dictar sentencia contra este represor de la ESMA porque apareció envenenado cuatro días antes, el 10 de diciembre de 2007. “El juez no es la custodia del detenido”, expresaron los consejeros, y recomendaron al plenario del Consejo que no impulse el proceso de acusación y remoción de estos magistrados ni les aplique sanciones disciplinarias. “Los denunciantes sólo expresan su disconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces cuestionados sobre el lugar de detención del fallecido Héctor Febres”, argumentaron los miembros de esa comisión. En el lugar donde estaba alojado habría sido víctima de sus propios pares, quienes –según estableció la jueza que investigó el caso– lo silenciaron antes de su alegato final.

La noticia se conoció el mismo día de la asunción del nuevo gobierno, y el primer juicio por hechos ocurridos en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se quedó sin su único imputado. La investigación reveló que el prefecto Febres, alias “Gordo Selva”, detenido en la base que su fuerza tiene en Tigre, disfrutaba de visitas ilimitadas, uso de celulares, computadora, departamento privado y chofer; tenía salidas a veranear en la base naval de Azul y podía utilizar las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso.

Esta situación ya había sido advertida por uno de los querellantes, Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, acompañado por Justicia Ya!, quienes pidieron el cambio de lugar de detención. Por su parte, la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios transmitió a los jueces su inquietud por los detenidos en bases de la Armada, Gendarmería y Prefectura. El juez Sergio Torres pidió informes, constató la situación denunciada, pero adujo “riesgos” y negó el pedido de traslado a una unidad penitenciaria. Cuando el fiscal Eduardo Taiano le recordó que las cárceles argentinas son inhóspitas para todos, Torres esgrimió otro argumento: “El rechazo que han generado en la opinión pública los hechos”, léase torturas y asesinatos, pondría en riesgo su permanencia en una cárcel común. El juez invocó la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados internacionales y fallos de la Corte, y expresó que “el artículo 18 de la Constitución responsabiliza de manera directa al juez que adopte una medida, que aun buscando una finalidad de precaución para el detenido, produzca a éste una mortificación innecesaria”.

Si es así, ¿cómo es posible que la decisión de no trasladarlo, que le causó a Febres la mortificación definitiva de perder la vida, no tenga consecuencias para el magistrado?, se preguntaron las víctimas del represor cuando conocieron la resolución del Consejo.

“Estos privilegios han redundado en el homicidio del imputado por las condiciones de detención inexplicables e inadmisibles, muerte por la cual los señores jueces no pueden dejar de responder, y que posibilitó que la impunidad reinante en nuestro país se siga perpetuando”, escribieron Adolfo Pérez Esquivel y varios organismos de derechos humanos en su denuncia. Esto fue en diciembre, y dos meses después pidieron que fuera escuchado un integrante de la Prefectura que en julio de 2007 había denunciado las privilegiadas condiciones de detención de Febres en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto tampoco ocurrió.

En su resolución, la Comisión de Disciplina y Acusación dice que “no hay constancias” de esas irregularidades, a pesar de los avisos de los querellantes. Y las pone en duda, cuando dice que “de ser ciertas” tampoco son responsabilidad de los jueces sino “del Servicio Penitenciario o del organismo a cargo de la custodia”. Tal es la evidencia de estas privilegiadas condiciones que la jueza Sandra Arroyo Salgado las calificó de “escandalosas”, y este diario publicó las fotos de Febres en pleno disfrute vacacional en la base de Azul, flotando en una pileta y cabalgando con la familia.

Respecto del TOF 5, dijo la comisión que “a la fecha en que Febres es puesto a disposición de ese tribunal, 28 de marzo de 2006, se encontraba ya alojado en la base de Prefectura, zona Delta”.

“Esto es una barbaridad jurídica, los jueces sí son responsables de los presos que mandaron a detener, lo dice la Constitución y de ahí para abajo todo lo referido al deber de guarda y seguridad de los detenidos. Esto sienta una jurisprudencia terrible también para los presos comunes”, se quejó Myriam Bregman, abogada de Enrique Fukman, otra de las víctimas de Febres.