Las hermanas de un militante peronista secuestrado y asesinado en 1983 presentaron ayer ante la Justicia Federal de Rosario un pedido para acceder a la información desclasificada por la embajada de Estados Unidos, donde se menciona al ex comisario Luis Abelardo Patti. Gladys y Ethel Cambiasso, están interesadas en sumar pruebas en la causa que la Justicia argentina cerró, pero que puede ser dilucidada aún en organismos internacionales. Entre la documentación conocida figura un dossier fechado en la época, que da cuenta del episodio que tuvo como protagonistas a Osvaldo Cambiasso y a Eduardo Pereira Rossi y en el que figura el nombre del entonces policía en actividad Luis Abelardo Patti.
El abogado Norberto Olivares expresó que “la sanción que puede caberle a Patti será sin duda de naturaleza política, ya que el actual intendente de Escobar fue oportunamente sobreseído en esta causa por la Justicia”.
Olivares explicó que el pedido le fue presentado al fiscal federal Nº 2 Francisco Sosa, quien invocando los juicios por la verdad argumentó que “la documentación podría darnos la posibilidad de acceder a nuevos elementos sobre Patti”. Y reveló que están estudiando una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En un documento enviado a Washington en mayo de 1983, la embajada de los Estados Unidos describe a Cambiasso como un militante peronista de izquierda y a Justo Javier Correa (más tarde identificado como Pereira Rossi) como líder montonero. El informe reproduce los testimonios de testigos que aseguraron que un grupo de civiles fuertemente armados ingresaron a un bar del macrocentro, “Magnum”, en la madrugada del 14 de mayo. Cambiasso y Pereira Rossi no volvieron a aparecer con vida. Allí aparece Patti sindicado como uno de los responsables de la operación.
Los telegramas que la embajada remitió al Departamento de Estado se limitaban a repetir las acusaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que calificó al hecho como un “caso de asesinato realizado por grupos parapoliciales o paramilitares”.
La historia del doble asesinato ocurrió cuando ambos estaban en el bar de Córdoba y Ovidio Lagos, donde arribó un furgón Mercedes Benz, sin patente, del que bajaron cinco hombres vestidos de civil y armados. Fueron a la mesa de los dos militantes, a los que golpearon con las culatas de las armas, mientras los clientes eran puestos contra la pared. Uno de ellos fue amordazado. Un testigo reveló la presencia de dos Ford Falcon, uno celeste metalizado, con matrícula de Capital Federal, y el otro amarillo. Según este testimonio, Eduardo y Osvaldo, fueron llevados al furgón, que salió del lugar seguido por los Falcon. Según la versión de la policía de la provincia de Buenos Aires, por entonces bajo la jefatura del general Fernando Verplaetsen, ambos habrían muerto luego de agredir “con disparos de armas de fuego” a una comisión del comando radioeléctrico de la unidad regional Tigre, al mando del oficial inspector Luis Abelardo Patti e integrada además por el sargento Rodolfo Diéguez y el cabo Juan Amadeo Spartaro. El “enfrentamiento” habría tenido lugar a las 17.30 del sábado 14 de mayo, a la altura del kilómetro 103 de la Ruta Panamericana, cerca de la localidad de Lima, jurisdicción de Zárate. El juez federal de San Nicolás Luis Hilario Milesi investigaba el episodio bajo la carátula de “atentado y resistencia a la autoridad, abuso de armas, doble homicidio en riña y tenencia de armas de guerra”.
Una autopsia realizada el 21 de mayo comprobó que Osvaldo había muerto tras recibir un balazo en la nuca, disparado a menos de un metro de distancia, y que había signos de golpes en los hombros, codos y rodillas. Otro examen demostró que Pereira Rossi había sido torturado con picana antes de morir; su rostro estaba destrozado y era irreconocible. El disparo que lo mató había sido efectuado desde un metro y medio, dato establecido a través del hallazgo de pólvora en elomóplato derecho.
Pero los documentos de la embajada daban cuenta que en junio del ‘83 “existe la amplia presunción de que lo que parece haber sido una ejecución no habría ocurrido sin órdenes de la cúpula militar. Ya circulan rumores sobre la posibilidad de un alejamiento de Bignone”, y agregaban que “la Junta insistiría en remover el caso de la jurisdicción de la Justicia provincial y pasarla a una corte militar, argumentando que los policías actuaron bajo órdenes militares”.