EL PAíS › LOS PRESIDENTES DE LAS ENTIDADES RURALISTAS ESCUCHARON PREGUNTAS GENEROSAS Y RESPONDIERON A GUSTO
El inicio del tratamiento del proyecto de retenciones móviles en la Cámara alta estuvo dominado por las corporaciones agropecuarias. Esas entidades y la oposición ya no plantean la suspensión de la medida, sino que apuntan a cambiar el texto de la ley.
› Por Sebastián Premici
La Mesa de Enlace volvió a circular por los pasillos del Congreso. Los presidentes de Federación Agraria, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y el vice de Coninagro participaron ayer de la primera rueda de debate en el Senado, donde opinaron sobre la resolución 125, que ya tiene media sanción de Diputados. También aprovecharon la visita para reunirse con Julio Cobos, vicepresidente de la Nación y titular del Senado. Por su parte, Eduardo Buzzi, presidente de FAA, tuvo una reunión privada con el justicialista Carlos Reutemann (Santa Fe). Además, los ruralistas respondieron preguntas de los senadores, un buen ejercicio para continuar con su lobby. “¿Se resuelve el conflicto con la media sanción de Diputados?”, “¿cuáles serían los niveles de retenciones justas”, “¿cuáles creen que fueron los resultados de la intervención del Estado en la economía, sobre todo en carne y trigo?”, “¿cómo les afecta, en porcentajes, el costo del arrendamiento”, fueron algunas de las consultas de los legisladores. Ninguno preguntó cuánto ganan.
Los dirigentes agropecuarios no exhibieron un gran esfuerzo argumentativo. –Con este proyecto de ley oficial, ¿se resuelve el conflicto? –preguntó el senador jujeño Gerardo Morales, titular del Comité Nacional de la UCR.
(“Qué pregunta difícil”, che, dijo Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural, que estaba sentado en el palco de invitados, antes de que Buzzi tomara la palabra).
–Nadie dice no a las retenciones, de hecho, reconocemos en este instrumento un mecanismo de redistribución. Pero si se quiere consolidar una pequeña y mediana burguesía agraria, hay que segmentar más. Los de 300 toneladas deben pagar 20 por ciento de retenciones y llegar hasta las 3000 toneladas como tope máximo –respondió Buzzi.
–La media sanción no soluciona el conflicto. Ya he hablado con los 310 lugares donde están las bases y los productores están inquietos –agregó Mario Llambías, titular de CRA.
Al igual que la nueva estrategia de los senadores de la oposición, la Mesa de Enlace ya no hace hincapié en la suspensión de las retenciones. Sus reclamos pasan por una mayor segmentación y una crítica al plazo para las compensaciones impuesto en el proyecto oficial (desde marzo hasta el 31 de octubre próximo). “¿Por qué se puso ese plazo?”, le preguntó Morales al correntino Fabián Ríos (FPV), presidente de la Comisión de Presupuesto. “Cuando mi bloque fije una posición, se la daremos. No cuando usted me interpele”, le respondió Ríos.
Las preguntas continuaron.
–La intervención del Estado sobre el sector de la carne y el trigo, ¿defendió la mesa de los argentinos? –planteó María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica, Capital Federal).
–Creo fervorosamente en la intervención del Estado, pero el asunto es a favor de quién. Lo cierto es que hasta ahora no se pudo mantener el precio del pan ni de la carne. Además, con el cierre de los registros de exportación, el Estado logró hacer una transferencia de recursos de los productores a los exportadores –contestó Buzzi.
La tribuna estuvo servida para la Mesa de Enlace. Las preguntas de los senadores eran la introducción perfecta para que dejaran en claro, una vez más, sus intereses. “La resolución 125 es sinónimo de destrucción del suelo, porque los productores empezarán a usar menos tecnología en sus cosechas”, aseveró Jorge Roulet, vicepresidente de CRA, quien aseguró que por cada dólar de soja producida, los chacareros tienen que poner 1,64 peso y 2,2 pesos por cada dólar de trigo.
–¿Se sabe cuál será el impacto de la resolución 125 sobre la próxima cosecha de trigo? –preguntó el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
–En la próxima campaña de trigo habrá un 20 por ciento menos de siembra. Por eso decimos que esta ley adolece de un conjunto de falencias técnicas, económicas y políticas –respondió Carlos Garetto, vicepresidente de Coninagro, más allá del problema de la sequía.
Una sola pregunta fue comprometida. “¿Qué pasaría si el Banco Central dejase de intervenir para sostener el dólar que usufructúan con la exportación?”, preguntó el formoseño José Mayans, previa defensa del Gobierno.
–Hay que tener coraje para decir y sentir orgullo por pertenecer a un gobierno que prefiere cobrarles a los trabajadores y no a la patria financiera. Lo felicito –chicaneó, gritando, Ulises Forte, vice de FAA. Luego tuvo que pedir perdón.
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