EL PAíS › EN EL KIRCHNERISMO ASEGURAN TENER LOS VOTOS NECESARIOS EN EL SENADO
› Por Miguel Jorquera
Todos hacen cuentas. La pregunta más frecuente cada vez que algún senador se para frente algún periodista es “¿Cómo están los porotos?”. El oficialismo se muestra confiado en “construir” la mayoría necesaria para ratificar el proyecto que llega desde la Cámara de Diputados. La oposición vaticina una “pelea pareja”. La fotografía que hasta ayer más se repetía en los conteos reflejaba que el kirchnerismo reuniría 37 votos, lo que le permitiría quórum propio y una mayoría exigua pero suficiente para imponerse en la votación. Quienes se encolumnarían en contra del proyecto oficial sumarían 30 senadores –incluidos varios aliados del Gobierno–, mientras unos cuatro todavía muestran dudas. La estrategia del conglomerado opositor –UCR, Coalición Cívica y el peronismo anti K– busca acercar sus posiciones con los proyectos que presentaron por separado el peronista díscolo Carlos Reutemann y el radical K Pablo Verani.
Desde la oposición insisten en pronosticar que la fotografía “cambiará día a día”, envalentonados luego de la pareja votación de la Cámara baja. En uno y otro lado afirman que el viernes, en el plenario de las comisiones de Agricultura y Presupuesto, comenzarán a definirse las posiciones y que el lunes, cuando se presenten todos los dictámenes, se podrán contar las costillas de cada sector.
El oficialismo habla de “construir la mayoría” en la Cámara alta. En ese sentido, anticipan que el Gobierno no escatimará esfuerzos para mantener a los senadores del interior en sintonía con el proyecto oficial. Ayer, el jefe de la bancada K, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, tuvo varias reuniones “informales” con varios de sus senadores, mientras monitoreaba los pasos de los díscolos y de los aliados disconformes.
Por la tarde, Reutemann presentó su propio proyecto junto a la senadora Roxana Latorre. La iniciativa del “Lole” apunta a derogar el artículo 755 del Código Aduanero y plantea retenciones fijas para el trigo, el maíz y el girasol (ver aparte).
En tanto, los radicales K María Dora Sánchez y Pablo Verani –del bloque de la Concertación Plural– presentaron su propio proyecto que “rectifica la resolución 125” estableciendo cambios profundos en el sistema de retenciones que consideran “confiscatorio”. También proponen un tope máximo del 49 por ciento y una alícuota diferencial con un techo del 55 por ciento para los grandes productores de soja (ver aparte). Verani integra también la Comisión de Presupuesto y Hacienda por la que debe pasar el proyecto oficial. Su deserción ahora pondría en dudas si el oficialismo cuenta allí con los votos necesarios.
A estos cambios, el oficialismo también debe sumar la del senador cordobés y dueño de la Aceitera General Deheza (AGN) Roberto Urquía, que según las diferentes versiones oscilaría entre la abstención y el alineamiento con su gobernador Juan Schiaretti. “¿Y a mí no me cuentan? Yo estoy de este lado”, habría dicho el ex gobernador salteño Juan Carlos Romero, según el relato de varios senadores de la oposición que ahora lo tienen como otro más en sus filas.
El grueso de la oposición –el radicalismo, la CC y el peronismo de los Rodríguez Saá e Hilda “Chiche” Duhalde– trabaja en la elaboración de un dictamen con los técnicos de la entidades agropecuaria de la Mesa de Enlace mientras tiende puentes a Reutemann y Verani para confluir en un proyecto opositor único.
“Los dos proponen anular las facultades que se apropió el Gobierno para fijar impuestos”, se alegraron los senadores radicales. El interbloque opositor también cuenta como propio al socialista Rubén Giustiniani. Sin embargo, él prefiere mostrarse al margen. “Si logramos los números para rechazar el proyecto oficialista, entonces sí nos sentaríamos a consensuar una propuesta común”, dijo Giustiniani a PáginaI12.
En tanto, los popes ruralistas se trazaron un plan de lobby “hombre a hombre”, sobre cada senador oficialista y los que dudan. El presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, lleva entre los papeles de su carpeta la lista de los senadores con sus respectivas fotos para identificarlos. La nómina incluye a los oficialistas “dubitativos”, entre los que ubican a Elena Corregido (Chaco), Haydeé Giri (Córdoba) y Emilio Rached (Santiago del Estero). Pero todas las miradas están puestas en el pampeano Rubén Marín. Hay ruralistas y senadores opositores que consideran que el ex gobernador de La Pampa tiene la llave para dar vuelta la correlación de fuerzas.
La suma opositora descuenta entre sus filas el voto opositor de Carlos Menem, aunque el riojano no ha dado señales de vida por el Senado. En cambio, hay dudas sobre la actitud que finalmente tomará Ramón Saadi, después que tanto los diputados del oficialista Frente Cívico y Social de Catamarca y el opositor Luis Barrionuevo votaron en contra del proyecto oficial. “Estoy analizando la situación”, respondió, enigmático, Saadi cuando este diario lo consultó sobre su voto, pero enseguida invirtió los roles: “¿Cómo va el punteo de porotos?”, consultó. No lo dijo, pero seguramente ya comenzó a evaluar la trascendencia que puede llegar a adquirir su decisión.
La Cámara de Diputados volverá a sesionar el martes próximo para tratar los otros dos temas pendientes de la maratónica sesión especial en la que se dio media sanción al proyecto sobre las retenciones móviles: los proyectos de ley sobre arrendamientos rurales y emergencia agropecuaria. Dos temas que el kirchnerismo incluyó en la agenda campera y que reclamaba la Federación Agraria Argentina (FAA). El proyecto para una nueva ley de arrendamientos y aparcerías rurales fue presentado por el ex arista ahora en Solidaridad e Igualdad (SI) Eduardo Macaluse, en sintonía con los técnicos de la FAA. La iniciativa oficialista tomó esa base pero introdujo algunas modificaciones que volverá a poner a consideración en el recinto. En tanto, la iniciativa sobre emergencia agropecuaria fue impulsada por el propio oficialismo, aunque no logró el consenso opositor. Allí se establece un fondo para la prevención y mitigación de las emergencias por 150 millones de pesos. Una cifra que la oposición consideró insuficiente, además de cuestionar que el monto quede en manos de la Jefatura de Gabinete.
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