Alguna vez, al embajador Héctor Timerman alguien le dijo que para evitar que le hackearan el correo electrónico tenía que usar como clave una palabra que no figurara en ningún diccionario. El, confiado, escribió algo en arameo. “¡Me la descubrieron igual! Tengo una sensación espantosa de vejación. Uno es un ser humano por encima de un político”, se enfurece. El diplomático y periodista sería una de las víctimas de una red de espionaje informático a políticos y famosos. Los e-mails que, al parecer, le pertenecen están en el Juzgado Federal de San Isidro, adonde fue citado para reconocerlos, algo que hará el lunes. También fueron convocados, como damnificados, funcionarios como el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; la ministra de Defensa, Nilda Garré; el canciller Jorge Taiana y personajes del mundo del espectáculo como Susana Giménez, Roberto Piazza, Celeste Cid, Carolina “Pampita” Ardohain, Gerardo Sofovich y Marcela Kloosterboer.

En los últimos días, según pudo saber PáginaI12, algunos funcionarios de Cancillería identificaron como propios, ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, varios e-mails recolectados en el marco de la investigación. Para la magistrada, que las presuntas víctimas corroboren si los correos detectados fueron enviados o recibidos por ellas es un paso fundamental en la causa. Le permitirá, entre otras cosas, precisar los delitos investigados. Por lo pronto, la principal figura implicada sería violación de secretos políticos o militares.

A esta altura ya hay múltiples indicios en el expediente –que se abrió en agosto de 2006– que señalan como dos de los principales sospechosos de la banda dedicada a hackear y comercializar e-mails a los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Iván Velázquez y Pablo Carpintero. Antes habrían sido personal civil de inteligencia del Ejército. En marzo, cuando la causa judicial cobraba impulso, se recluyeron en Uruguay con el argumento de que sufren una persecución. En mayo, Arroyo Salgado allanó sus domicilios en Buenos Aires. Pero no sólo los de ellos sino los de otros presuntos partícipes de la cadena de espionaje: el periodista y ex jefe de la SIDE del menemismo Juan Bautista “Tata” Yofre; el general retirado Daniel Reimundes (ex secretario general del Ejército durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde), y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete.

“No me extraña del Tata Yofre, siempre escarbó en la basura y en las pequeñeces humanas. A espiar y delatar es a lo que se dedicó toda su vida. Es la única cosa que le aportó al periodismo. Es una basura como periodista y como ser humano”, dice Timerman, embajador en Washington, en diálogo con este diario. Aunque en el juzgado le dieron la posibilidad de declarar por exhorto, quiere ir personalmente. “Quiero dejar constancia. Aparentemente el mail que me intervinieron es el personal. A veces lo uso para asuntos oficiales, pero también para comunicarme con amigos y mis hijas. A mis amigos tuve que llamarlos uno por uno, explicarles y decirles que el lunes voy a ver qué hay en la causa”, se lamenta.

Voceros de la ministra Garré explicaron que analizará si declara por escrito –una prerrogativa que tiene por su cargo– o si concurre en forma personal. En la misma situación está el canciller Taiana. Lo que no queda claro es cómo harán para confirmar que ciertos correos les pertenecen si no concurren al juzgado. Además de Alberto Fernández, también están citados el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y la embajadora en Venezuela, Alicia Castro. Susana Giménez y Pampita tenían que presentarse la semana pasada, pero faltaron e irían en los próximos días. Uno de los próximos sería el diseñador de modas Roberto Piazza. En rigor, de las cincuenta cajas de correos electrónicos acumulados en los tribunales de San Isidro surgen que las víctimas serían un centenar. La jueza eligió algunos testigos emblemáticos.

Seguramente, el siguiente paso será el llamado a indagatoria de los imputados. Mucho después se analizaría la situación de los compradores de información, que lo habrían hecho a sabiendas de su origen ilícito: empresarios, militares, políticos y periodistas.