Los represores siguen muriéndose sin llegar a ser juzgados y llevándose a la tumba datos sobre el genocidio. La semana pasada dos de ellos, Mario Jaime y Carlos Vercellone, aparecieron muertos en el penal de Marcos Paz, donde cumplían prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Sus pares presos en esa cárcel publicaron sobre Jaime un aviso en la sección de necrológicas del diario platense El Día en el que mencionaron la “injusta” prisión que cumplía y firmaron como “los detenidos políticos de Marcos Paz”. A Vercellone lo despidieron con otro aviso, además de sus parientes y amigos, personal y directivos de la agencia de seguridad privada Paraná. Hace dos meses había fallecido, en su casa, el ex comisario Juan Fiorillo. El juzgado se enteró un mes después. Las víctimas de estos represores se quejan de la falta de control de los lugares de detención y los arrestos domicilarios.

Vercellone –platense, 65 años– era miembro de la fuerza de seguridad de la provincia durante la dictadura. Fue señalado por sobrevivientes del centro clandestino de detención conocido como Pozo de Arana durante los Juicios por la Verdad como uno de los interrogadores y estaba imputado por el juez federal Arnaldo Corazza como presunto autor de desapariciones y torturas cometidos en ese lugar. Este ex policía, que se desempeñó en la Dirección de Investigaciones y en la brigada platense, estaba detenido en el penal de Marcos Paz, en el marco de la causa Arana. En principio el juez le había otorgado el beneficio del arresto domiciliario, pero la Cámara lo revocó. En su legajo figuraban dos felicitaciones de noviembre de 1976 por “eliminar” y “erradicar” de la sociedad “elementos extremadamente peligrosos”. Y fue sindicado por otros represores como quien inició el operativo en la casa Mariani-Teruggi. Ahora el juzgado de Corazza habría ordenado una autopsia para establecer cómo ocurrió su muerte. Vercellone fue encontrado sin vida en el penal el viernes pasado.

Jaime habría fallecido por un infarto. En su prontuario figura que se desempeñó en la comisaría 5ª de La Plata, en la Dirección de Investigaciones y en la brigada de esa ciudad, y estaba imputado de 58 casos de privación ilegal de la libertad, torturas, tentativa de homicidio, un homicidio y encubrimiento agravado por su presunta participación en la quema de los cadáveres de personas desaparecidas luego de su paso por el centro de Arana. En los avisos fúnebres del diario El Día, además de los “presos políticos” de Marcos Paz, también publicó su pésame el Departamento Presupuesto del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para acompañar el dolor del hijo del represor.

“Cuando murió Fiorillo, el asesino de Felipe Vallese, nos enteramos un mes después, los pueden matar y no lo sabríamos nunca”, se quejó en diálogo con PáginaI12 la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que interviene en la causa Arana y otras. “Es grave porque se mueren todos inocentes, con su jubilación, con su legajo impecable, si no se apuran a juzgarlos nos va a llegar de todos la comunicación de que fueron absueltos por extinción de la acción penal, por lo tanto es lógico que nos preocupe, es algo sobre lo que no tenemos ningún control”, agregó.

Un detalle no menor es la relación de estos represores con agencias de seguridad. Al igual que el evidente vínculo de Vercellone con Paraná, Fiorillo explotaba la agencia JF. “La muerte de este genocida (por Fiorillo) muestra la continuidad de una impunidad de larga data que reina en la historia de nuestro país”, escribió Justicia Ya! La Plata.

El caso más resonante fue el del represor Héctor Febres, el prefecto que apareció envenenado con grandes cantidades de cianuro en el encierro VIP del que gozaba en la zona Delta de la Prefectura. La jueza que investigó el hecho calificó de “escandalosos” los privilegios de que gozaba y afirmó que sus pares lo habrían matado para “silenciarlo”, cuatro días antes de que fuera condenado en el primer juicio por los crímenes de la ESMA.