Opinión

Primero fueron algunos medios masivos, luego lo reprodujo un senador radical. Hubo una reacción enfurecida por la supuesta “viveza” del Gobierno de devolverles a los productores chicos, en forma de compensaciones, menos de lo que les había prometido. La alarmante conclusión surgía de considerar que, mientras el Estado cobraba derechos de exportación sobre el valor pleno al que se vende al exterior (valor FOB), luego el cálculo de compensaciones se iba a hacer sobre un valor inferior, el de comercialización del producto en el mercado interno (valor FAS). El resultado era, en ese caso, que el Estado se quedaba con parte de las retenciones que había prometido devolver. En el caso de un productor de soja de 750 toneladas en esta campaña, suponía que le habían “retenido” por derechos de exportación el 48,5 por ciento, pero no le iban a devolver (compensar) el 13,5 por ciento sobre el mismo valor, sino sobre otro inferior. En definitiva, no iba a terminar pagando 35 por ciento, sino 42 por ciento, porque el Estado se quedaría en el camino con esos 7 puntos de diferencia. ¿Se los queda realmente el Estado? ¿Es un ahorro para el fisco? Puntualmente, no. Conviene, entonces, repasar quién se queda con qué.

En un matutino, varias radios, el Senado y probablemente en algún café o tertulia, ayer se disparó un encendido debate sobre precios FOB, precios FAS, porcentaje de retenciones y de compensaciones, como si se tratara de términos corrientes y de sólido manejo en la opinión pública. Se culpó a una resolución de la Oncca (oficina de control comercial agropecuario) de haber reducido a casi la mitad los montos que debería devolver el Estado. Pero el problema viene de mucho antes, y no nace en dicha resolución del 24 de abril y ni siquiera en la resolución que dispuso las retenciones móviles, el 11 de marzo.

El problema es que los exportadores de granos no tributan lo que dicen tributar y tampoco ingresan al fisco lo que se dice que pagan. Si el 48,5 por ciento de retenciones se calculara sobre el valor al que exportan la soja, 577 dólares, se justificaría que se le reclame al Estado que “compense” aplicando los porcentajes sobre ese mismo valor. Pero el exportador tributa, en uso de privilegios otorgados por el Código Aduanero no derogados en sus tres décadas de vigencia, sobre el valor “al que compra” el producto. Es decir, el valor de exportación menos el porcentaje de retención, que le descuenta al productor al momento de pagarle.

Y aquí viene el verdadero problema: este descuento, del 48,5 por ciento, se calcula sobre el valor de venta externa, 577 dólares la tonelada. Es decir, el productor “paga” al exportador unas retención mucho más elevada que la que el exportador luego rendirá al fisco.

Resulta notable que ni el senador Ernesto Sanz ni los medios que se ocuparon del tema hayan advertido que son los exportadores, y no el fisco, los que se quedan con la diferencia. Es decir, calcula la retención sobre el valor exportable (valor FOB, 577 dólares) cuando le descuenta al productor, pero la calcula sobre el precio al que compra (valor FAS o precio de mercado interno, 900 pesos o 299,50 dólares) cuando liquida el derecho ante el fisco. Al denunciar al Estado de “esconder la intención” de ahorrarse plata pagando de menos por las compensaciones, en realidad lo que se está encubriendo es la responsabilidad y las maniobras del exportador.

Resulta notable que, a más de 120 días de conflicto, los exportadores hayan pasado desapercibidos en las consideraciones sobre la disputa por la renta agraria extraordinaria. Amnesia que parece haber alcanzado también al Gobierno. Salvo la denuncia del diputado Claudio Lozano, por una diferencia de 1500 a 2000 millones de dólares entre lo recaudado por el fisco por retenciones a la soja y el valor que resultaría de aplicarle el 35 por ciento al monto exportado –denuncia que fue rápidamente archivada en los medios–, el exportador ha sido el sujeto ausente en el conflicto.

El 90 por ciento del total de granos y derivados (aceites y harinas) exportados por Argentina está en manos de seis o siete empresas. Consorcios que, además, son propietarios de molinos harineros, aceiteras, acopiadoras y hasta de los puertos por los que se exporta. Monopolio que las coloca en una situación de privilegio no sólo frente a decenas de miles de productores, sino también frente al Estado. ¿No debería ser éste el eslabón a estudiar, analizar y sobre el cual legislar para garantizar una distribución más equitativa del ingreso? Hay olvidos que llaman a sospecha.