Con una durísima resolución, la Cámara Federal inició un sumario administrativo para sancionar al juez federal Claudio Bonadío por las declaraciones periodísticas que formuló al justificar haber ordenado a la SIDE elaborar el listado de llamadas del corresponsal del Financial Times, Thomas Catán. Esa información fue pedida a los espías el mismo día que el periodista declaró como testigo en la causa sobre las nuevas coimas en el Senado y ahora está guardada en la caja fuerte del juzgado, según explicó Bonadío a Página/12. Pero los abogados de Catán temen que sea utilizada o difundida, por lo cual apelaron la medida ante la Cámara para que esos datos sean destruidos y anticiparon que si se filtran iniciarán acciones penales contra el juez. La Sala II de ese tribunal haría lugar a la apelación.
Este diario pudo saber que los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun estarían dispuestos a hacer lugar a la apelación para que sea eliminada la prueba obtenida por Bonadío. Pero esto también surge de los durísimos términos vertidos en la resolución que firmaron ayer, reunidos en un encuentro plenario del tribunal junto a Gabriel Cavallo. En declaraciones al diario La Nación, Bonadío confesó sentirse “profundamente violentado moralmente por tener que discutir con la corporación periodística una medida de prueba”, en alusión a su iniciativa sobre las llamadas de Catán. Los camaristas le replicaron que “el reconocimiento del derecho a no revelar la fuente de información constituye en términos prácticos un instrumento al servicio de la sociedad, como contenido de la forma republicana de gobierno y no una garantía de inmunidad a favor de una determinada corporación profesional”. El juez había argumentado que “los derechos de los individuos, independientemente de su profesión, tienen que ceder frente a hechos de gravedad institucional como el que investigo en esta causa”. Y a renglón seguido se preguntó por qué “puede” pedir el listado de llamadas de un contador y no de un periodista.
Los camaristas destacaron que ese interrogante “denota un preocupante desconocimiento de elementales principios del derecho”. Además, se mostraron alarmados de que para Bonadío las garantías constitucionales sean “cuestiones formales”, y de que tenga “una suerte de creencia sobre la disponibilidad de las garantías constitucionales, discrecionalmente establecida por el juez, que permitiría arrasar con los derechos de los imputados e inclusive de eventuales testigos”. Los listados con las llamadas del corresponsal fueron pedidos a la SIDE , horas después de su declaración testimonial en la que reservó la identidad de sus fuentes. Le pidieron a Catán los números y los dio porque se sintió obligado al estar declarando bajo juramento de decir verdad. Bonadío asegura que aún no usó esos datos.