Los fiscales federales Carlos Cearras y Pablo Recchini pidieron el procesamiento de los ex ministros de Educación Susana Decibe y Manuel García Solá. Habrían cometido el delito de administración fraudulenta al contratar en forma directa los servicios del encuestrador Hugo Haime, cuyo procesamiento también fue solicitado por los representantes del Ministerio Público. Los tres fueron indagados el año pasado y el juez Jorge Ballestero les dictó una falta de mérito. Ahora puede mantener esa posición y en tal caso los fiscales apelarán ante la Cámara Federal porque consideran que quedó demostrado que los funcionarios firmaron los contratos sin llamar a una licitación.
La causa se originó con una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) que describió que los “funcionarios públicos actuaron beneficiando a un interés privado”, violaron normativa vigente, subcontrataron personas vinculadas con la misma consultora para la realización de informes con el mismo objetivo, que incluso no fueron utilizados en “ninguno de los programas desarrollados por el ministerio”.
Durante la gestión de García Solá como secretario de Programación y Evaluación Educativa, de abril de 1996 a mayo de 1999, y como ministro de Educación, hasta diciembre del mismo año, se celebraron cinco contratos con Haime para que realizara encuestas con diferentes objetos. En esa presentación no figuraba la ex ministra Decibe, pero el fiscal Cearras estableció que uno de los contratos cuestionados lleva su firma. El entonces juez Gabriel Cavallo delegó la causa a la fiscalía y durante la investigación juntaron documentación y recogieron el testimonio de empleados del ministerio. Finalmente comprobaron que se utilizó la vía de la contratación directa para la realización de estudios que se superponían entre sí. A modo de ejemplo, uno de ellos se refería al “criterio” y otro a la “opinión” de la comunidad sobre la evaluación en el sistema educativo. “El monto del fraude no es lo grave, estimado en unos 700 mil pesos, sino el hecho”, había explicado a Página/12 una fuente judicial.