El Gobierno convocó ayer a un nuevo Consejo del Salario Mínimo para el lunes próximo. Si bien desde el Ejecutivo insisten en destacar la continuidad de la discusión en su quinto año de realización, éste no será un encuentro más. El fin del conflicto agropecuario, el riesgo de una desaceleración en el crecimiento, las expectativas inflacionarias, la fisura dentro de la Confederación General del Trabajo y el tipo de cambio cercano a los 3 pesos son algunos de los elementos que encenderán el debate entre sindicalistas y empresarios. Los industriales volvieron con el reclamo de un básico diferenciado por región, mientras que la Central de Trabajadores Argentinos irá por el salario universal por hijo y cambios en el seguro de desempleo. Durante el encuentro no se avanzó en una cifra concreta para el mínimo, pero se consensuó el funcionamiento “pleno” y “continuo” de cuatro comisiones; sobre empleo, productividad, capacitación y seguro de desempleo.

El clima fue de “absoluta distensión” en el despacho de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que la mandataria recibió a representantes de la Cámara Argentina de Comercio, de la Construcción y de la Unión Industrial Argentina, además de la CGT y CTA. A escasos minutos de comenzada la reunión se pactó la fecha, hora y lugar: próximo lunes a las 17 en el Ministerio de Trabajo. “Fue entonces cuando la charla se disparó hacia otros temas, pero siempre como si estuvieran en el living de sus casas”, relató a PáginaI12 una alta fuente de la cartera laboral. Con la presencia de los principales actores económicos del país, Cristina desempolvó el tema del “pacto social”, que había quedado supeditado a la resolución del conflicto con el campo. “La presidenta nos transmitió la importancia del diálogo social, de la lucha contra el trabajo no registrado y del modelo exportador”, explicó a este diario uno de los presentes.

“No se ha hablado de ningún tema en particular, ha habido amplio debate sobre el proceso que vive la Argentina, distribución del ingreso, inversión y condiciones de producción. Ha sido un debate amplio”, fue el resumen que dio el titular de la CGT, Hugo Moyano, en conferencia de prensa a la salida de la reunión. Los presentes coincidieron en que, ‘por prudencia’, no se habló de números. Sin embargo, hubo lugar para planteos; los que las entidades empresarias deberán evaluar en sendas reuniones de directorio previas al encuentro del lunes. El presidente de la Unión Industrial, Juan Carlos Lascurain, adelantó que “el jueves próximo se estará reuniendo el comité de política económica y social” de la entidad.

Lascurain adelantó que, como viene sucediendo en los últimos años, desde la entidad se presentó el pedido de un salario mínimo diferencial para el interior del país. “Entendíamos que había que atender las cuestiones regionales del noroeste y noreste argentinos”, dijo. “Es un planteo de todos los años”, afirmaron desde Trabajo. En la cartera que conduce Tomada reconocen que las empresas cuentan con costos más altos en las provincias, pero advierten también que “el costo de vida de sus trabajadores también es más alto”.

El salario mínimo afecta a unos 700.000 ‘no convencionados’, cuyos sueldos están por debajo de los pactados por cada gremio. Un directivo de la UIA reconoció que, más allá del pedido de incorporar las distintas realidades regionales, es “muy difícil aunar el criterio de 850 sectores que nuclea”.

Por su parte, Moyano ratificó que la posición de la CGT será “mejorar el salario mínimo”. “Nosotros reclamamos salarios acorde con las necesidades del día”, agregó. El camionero ya había deslizado que buscarían llevar el mínimo actual de 980 a 1200 pesos. La suba a la que aspira Moyano es algo inferior a los 1500 pesos que lanzó, como bandera política, la fragmentación de la CGT Azul y Blanca, encabezada por el gastronómico Luis Barrionuevo, no invitado al encuentro. Los otros pedidos sobre los que la CGT oficial vienen trabajando son el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias y la actualización de las asignaciones familiares. La CTA, a través de su titular, Hugo Yaski, expuso su intención de avanzar en la asignación universal por hijo. El lunes, buscará además que se haga un estudio para determinar el real monto de la canasta básica y del salario mínimo y la creación de un seguro de empleo y formación para jefes y jefas de hogar desocupados”.

Los empresarios prefieren ponerle un piso a la discusión en torno de lo que cerraron los gremios. “Creemos que hubo una pauta general que andaba en el 19 por ciento y, si todavía no se terminaron de dar los últimos escalones de la suba, no veo porqué habría de haber una rectificación mayor”, dijo a PáginaI12 el titular de la Cámara de Comercio, Carlos de La Vega. En el caso de su sector, los incremento escalonados recién terminarán de actualizarse en octubre de este año, dejando un aumento anual que rondará el 20 por ciento.

“En definitiva, lo novedoso fue que no hubo novedad”, afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en referencia a la apertura de la nueva sesión del Consejo. El funcionario resaltó, en declaraciones a PáginaI12, el hecho de que “sea el quinto año consecutivo en que empresarios, sindicatos y gobierno se sientan nuevamente a negociar con equilibrio y responsabilidad”. Desde la cartera laboral, confirmaron la presencia, el lunes próximo, de representantes de las cuatro entidades ruralistas para la discusión del Consejo.

La jefa de Estado planteó entonces al empresariado presente la necesidad de “trabajar, teniendo en cuenta el tema de la inflación, para que afecte lo menos posible el poder adquisitivo de los asalariados”, según adelantó un funcionario presente en el encuentro. Tras analizar la situación de los sectores, en los que se expusieron los niveles de inversión, productividad (sobre hora trabajada) y costos de cada una de las ramas, Cristina Fernández hizo una pausa y se permitió una ironía: “es bueno que inviertan en más industrias y no en comprar campos”.