El juez en lo civil y comercial Francisco de Asís Soto decidió dejar sin efecto la polémica resolución que él mismo había dictado por la cual ordenaba que el Estado nacional le pagara más de 600 millones de pesos al Grupo Greco por una supuesta deuda. El fallo dice que debe “aceptarse la revisión de la liquidación”, que se había hecho en base a los cálculos del holding y que consintió el Ministerio de Economía. Se debe tener en cuenta, agrega, “la entidad de las sumas en juego que afectan al patrimonio del Estado, extremo que constituye una cuestión de orden público”. Este vuelco en la causa coincide con el avance de una investigación penal que involucra a los abogados oficiales que habrían propiciado el desembolso de la millonaria cifra y en la que hay indicios de que el Gobierno no sería deudor sino acreedor. Soto, además, tiene un pedido de juicio político por este caso.

Con su marcha atrás, Soto retira la exigencia al Estado de entregar la suma sideral reclamada por el grupo empresario e indica, en definitiva, que se hagan las cuentas otra vez. La resolución, a la que accedió PáginaI12, anula también la multa de 500 pesos diarios que el juzgado le había impuesto a la cartera económica por cada día de retraso en el pago. El juez argumenta que “las liquidaciones judiciales aprobadas, si bien gozan de estabilidad, pueden ser reformuladas” y que aquel fallo de agosto de 2005 donde se calculó la deuda era de “naturaleza provisional”.

Ahora, considera que “ante las particularidades que la cuestión ha presentado”, su vinculación “al interés general” y “las sumas” implicadas, debe tener “primacía la búsqueda de la verdad material”.

El Grupo Greco fue, en los años setenta, un poderoso holding mendocino que llegó a concentrar más de la mitad de la producción vitivinícola del país. Entre sus 45 empresas figuraban bodegas como Resero, Agua Villavicencio y el Banco de los Andes. En 1980 fue a la quiebra y quedó intervenido por la dictadura militar. Ya en democracia, Raúl Alfonsín acordó la devolución de parte de las empresas al grupo que, a la vez, asumía obligaciones pendientes. Pero años más tarde los Greco iniciaron acciones judiciales en las que alegaban el incumplimiento del convenio.

Así fue como el juez Soto, hace tres años, reconoció al grupo mendocino como acreedor y dispuso homologar la liquidación de una deuda que los empresarios le exigían al Estado por 332.396.128,64 pesos. Como se calcula en bonos, con actualización e intereses, la cifra hoy supera los 600 millones. En aquel entonces, curiosamente, los abogados del Palacio de Hacienda –a cargo de Roberto Lavagna– no apelaron la decisión judicial.

Soto intimó a la cartera económica a abonar y, ya con Felisa Miceli, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para que el pago fuera incluido en el Presupuesto: pedía la ampliación presupuestaria en 587 millones de pesos. Lo firmaban la ex ministra, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner. Diputados lo aprobó, pero cuando llegó al Senado lo frenó un grupo de radicales a quienes les llamó la atención que figurara como un “pago a proveedores” de semejante envergadura. Ahí fue cuando se armó el gran revuelo.

En ese contexto, la ex ministra Miceli reconoció que no correspondía pagar y denunció a sus propios empleados que habían favorecido a la empresa. El ministerio inició una embestida judicial en el fuero federal ante el juez Sergio Torres y otra ante el propio juez Soto. La llevaron adelante los abogados Alejandra Taddei y Alejandro Rúa. Uno de sus argumentos centrales era que “no solamente el Estado Nacional no les adeuda ni un sólo centavo a los señores Greco y Bassil sino que, por el contrario, es la parte actora la que está en deuda con el Estado”.

Ante Soto, plantearon la nulidad de la homologación judicial que obligaba al pago millonario. El magistrado intentó excusarse dos veces de seguir interviniendo en la causa, pero sus superiores de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial le ordenaron seguir al frente. En otro revés, los camaristas le revocaron la medida por la que había ordenado a la Dirección de Finanzas del Ministerio de Economía el embargo de los bonos correspondientes a la totalidad del monto que pedía el Grupo Greco.

En el ínterin, la Procuración del Tesoro de la Nación denunció a Soto ante el Consejo de la Magistratura. Su caso fue discutido el jueves último en ese organismo. El consejero (juez) Luis María Bunge Campos propuso la desestimación de la acusación porque no le veía sustento. Pero la votación quedó postergada ante un pedido de más información de la diputada kirchnerista Diana Conti: quería que el juzgado actualizara cuál era el estado del expediente (ver aparte).

Un día después, es decir ayer, el juez rebobinó. No dictó una nulidad –como pedían los letrados oficiales–, pero dispuso una “revisión”. Insistió en que su controvertido fallo era provisorio, que no hay cosa juzgada y que según la doctrina de la Corte Suprema cuando “se impugnan liquidaciones judiciales sobre la base de que conducirían a resultados manifiestamente irrazonables, tales objeciones no pueden ser desatendidas”. El Grupo Greco puede apelar ahora y la discusión en tribunales seguirá.

La noticia cayó de maravilla en el juzgado federal de Torres, que investiga los entretelones penales de esta historia y que cuando ordenó las primeras indagatorias en mayo último sostuvo que había elementos para sospechar que hubo “maniobras defraudatorias” de parte de funcionarios del servicio jurídico de Economía que habrían “acordado” con “representantes o integrantes del Grupo Greco para abonar a éstos las deudas que reclamaban al Estado nacional sin tener en cuenta que en realidad era el Estado el que tenía “millonarias acreencias a su favor (...) que ascendían a más de 500 millones de pesos”. Esta semana terminaron de desfilar por el juzgado todos los cuatro imputados hasta el momento (ver aparte).

Los radicales, encabezados por el senador Ernesto Sanz, le habían pedido al juez que citara también a Miceli, Fernández y Kirchner, aunque no mencionaron a Lavagna. El abogado Ricardo Mo-nner Sans también le apuntó a la ex ministra. Por como está orientada la pesquisa todo hace pensar que los funcionarios de mayor rango, por el momento, no serían convocados como sospechosos. La conducta y la procedencia de las medidas de Soto, en cambio, tendrían más chances de quedar bajo la lupa del juez Torres.