EL PAíS • SUBNOTA
› Por Irina Hauser
Francisco de Asís Soto, el juez que en agosto de 2005 ordenó pagar una supuesta deuda millonaria al Grupo Greco y que ahora revirtió aquella decisión, tiene un pedido de juicio político por este caso que aún está en discusión en el Consejo de la Magistratura. La investigación estuvo a cargo del consejero y juez Luis María Bunge Campos, quien ya propuso en un dictamen desestimar las imputaciones. Su planteo se debatió el jueves, pero la diputada y consejera K Diana Conti pidió profundizar las averiguaciones. La mayoría de los consejeros, de todos modos, parecía proclive –como mucho– a proponer una sanción disciplinaria en lugar de la destitución. ¿Cómo impactará el nuevo fallo de Soto en este proceso? Entre los legisladores-consejeros radicales creen que es un elemento que podría favorecer el archivo del juicio en su contra. Un allegado a los consejeros jueces puso en duda esa teoría: “Quizá, al revés, le juegue en contra”. “Lo vamos a analizar, es una situación extraña, está desdiciéndose de lo que él mismo homologó”, le dijo Conti a este diario. Pero acotó que, como sea, a su entender “nunca hubo elementos para hacerle juicio político por mal desempeño, sino eventualmente para una sanción disciplinaria”.
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